Redacción
La salud del Pacífico, según dicen los Alcaldes de los municipios de Chocó, Cauca y Nariño, no está preparada para enfrentar la crisis. Prevención, abastecimiento y control de los pasos ilegales, los retos.
“Trasladar a un paciente de emergencia desde aquí no es fácil. Tenemos una lancha que hace las veces de ambulancia acuática: la diferencia es que esta chalupa no está medicalizada, es decir, no tiene los equipos para monitorear al paciente durante las cuatro horas que dura el recorrido por el río hasta llegar al hospital de segundo nivel en Tumaco”. El relato es de Luz Mabi Oliveros, gerente del centro de salud del municipio de Santa Bárbara, en Nariño, donde sus 16.400 habitantes cuentan con cuatro camas de atención básica y un equipo de dos médicos generales. Esto en medio de la llegada del COVID-19 a Colombia.
Históricamente en el Pacífico colombiano ha sido constante la precariedad del sistema de salud que a duras penas cubre, y con grandes limitantes, las cabeceras de los principales municipios y ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó. Eso sin contar con que tampoco se ha logrado llevar el mínimo vital de agua potable a los hogares de la región, lo que ha derivado cíclicamente en enfermedades que han precarizado la vida de los habitantes.
“El COVID-19 ha mostrado no solo el colapso en el sistema de salud, también la ausencia de un acueducto y alcantarillado en la mayoría de municipios del litoral”, explicó Paula Moreno, presidenta de la Corporación Manos Visibles, quien insistió en que durante décadas ha existido corrupción y permisividad en el manejo de la salud en la región: “Estas comunidades tienen centros con un número de camas reducidas, sin equipos y con personal pequeño, donde hay demoras en la remuneración”.
Este diario documentó que en municipios como Bojayá, en Chocó (el único departamento del Pacífico en el que no se han presentado casos hasta el momento), sus 11.000 habitantes cuentan tan solo con dos médicos generales.
Carlos Murillo, secretario de Salud de Chocó, reconoce que en Bojayá no cuentan con los servicios necesarios para atender la pandemia. “En ese territorio no tendríamos la capacidad para atender en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) o en unidades intermedias. En los demás municipios tenemos una situación similar”. Sin embargo, agregó que hay cinco municipios, como el Carmen de Atrato y Condoto, donde se realizaron dotaciones recientemente en sus centros de salud. “En el hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, se está partiendo de adecuaciones locativas para implementar alrededor de 40 camas de UCI”.
A pesar de los esfuerzos de las administraciones municipales y departamentales, no cesa la preocupación por la falta de recursos destinados a la atención en salud. “Es tan grave la situación en el Pacífico, que Buenaventura, con 400 mil habitantes, no cuenta en su hospital público Luis Ablanque de la Plata con camas de UCI. Además, la clínica privada Santa Sofía solo tiene 10 camas de hospitalización, no hay suficiencia de ambulancias medicalizadas para atender emergencias o traslados a la ciudad de Cali y no existen los equipos, insumos y ventiladores que permitan adecuar una infraestructura que atienda los pacientes que puedan resultar positivos por COVID-19”, manifestó el senador Alexánder López Maya en una carta dirigida al presidente Iván Duque; a Alicia Arango, ministra del Interior; Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, y a Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
Y no es para menos, pues en el caso de lugares como Buenaventura las fallas no están solo en el tema de salud. Desde la ciudad parten más de 90 embarcaciones que cubren las rutas de transporte marítimo y fluvial para atender las necesidades básicas de los habitantes de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El problema es que, según explicó la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacífico, debido al decreto de aislamiento preventivo obligatorio emitido por el Gobierno Nacional, los transportadores solo pueden llevar víveres, mas no pasajeros, lo que no cubriría los gastos operativos de la embarcación, teniendo en cuenta que el combustible ocupa el 65 % de los gastos operacionales.
“En medio de la cuarentena no hay personas que requieran transporte, por lo que llevar solo carga significa trabajar a pérdida. Si los barcos no salen, la gente no va a tener con qué comer”, explicó Óscar Gamboa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente (Amunafro) a este diario.
Las fallas en la infraestructura en salud y los problemas de abastecimiento en el Pacífico tienen como telón de fondo una región que es apetecida por la siembra, producción y comercialización de la coca, así como la extracción de oro y la minería ilegal. En Juradó, municipio chocoano fronterizo con Panamá, las denuncias son por incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas. El mismo grupo armado ha extendido su accionar a municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Murindó, Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, que también son zonas de control del Ejército de Liberación Nacional, lo que ha generado confrontaciones armadas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.
Para entender la complejidad de todo el panorama, El Espectador habló con 10 alcaldes de diferentes municipios de Chocó, Cauca y Nariño, para saber cuáles son los recursos disponibles en salud, agua y abastecimiento de víveres en medio de la llegada del COVID-19 al país.
Salud en Chocó
Jenny Lucía Rivas, alcaldesa de Juradó
Población: 6.400 habitantes.
Camas: 18.
“A pesar de que los gobiernos panameño y colombiano cerraron sus fronteras, Juradó es un municipio frontera donde llegan lanchas ilegales. Hemos pedido ayuda a la comunidad para denunciar estos casos. Nuestro miedo es que por esta situación llegue el virus a Juradó. En este momento estamos con un 40 % de abastecimiento de alimentos, espero que después del 6 de abril llegue la carga desde Buenaventura. En cuanto a la infraestructura en salud, no tenemos cómo enfrentar la epidemia.
Tenemos un centro de salud que cuenta con mínimas cosas. El sistema es administrado por una IPS que no brinda las condiciones que debe tener el centro. Además, no tenemos agua tratada, viene directamente de la quebrada. La planta de tratamiento nunca funcionó. Hace poco la población estuvo sin agua por 15 días porque desde enero no llueve. Sin embargo, nosotros hicimos los arreglos pendientes en la bocatoma”.
Úlmer Mosquera, alcalde de Bahía Solano
Población: 12.000 habitantes.
Camas: 12
“Nosotros tenemos un hospital de primer nivel con buena infraestructura, pero falta dotación en caso de que se presente un paciente con COVID-19. Si hay que tomar una muestra, no hay forma de enviarla. Si se nos presenta un enfermo, no hay manera de tenerlo en aislamiento. El hospital solo cuenta con tres médicos para atender a la población de la cabecera municipal. Sin embargo, por ejemplo, en el corregimiento de El Valle, que tiene más de 4.000 habitantes, no hay médicos. Hay que advertir que el hospital no es del municipio, es del departamento y operado por la IPS, de la cual no hemos visto ninguna acción.
El abastecimiento de víveres es normal. Sin embargo, registramos un incremento en los precios de casi el 200 %. La Policía y la Personería explican que en Buenaventura ha aumentado el costo de los productos, al igual que en Cali. Tenemos otro problema, y es que a pesar de que está cerrado el puerto, aquí llegan pequeñas lanchas de noche y no sabemos quiénes son estas personas”.
Edilfredo Machado, alcalde de Bojayá
Población: 11.000 habitantes .
Camas: 5.
“Tenemos un centro de salud con dos médicos. Sin embargo, aquí no hay medicamentos, salas de hospitalización o de cuidados intensivos. En cuanto al agua, en Bojayá tenemos 15 corregimientos, de los cuales cuatro tienen agua, pero no es potable. Solo la cabecera municipal, que es Bella Vista, tiene agua tratada por ocho horas al día. La administración ha estado repartiendo víveres y no hay problemas de abastecimiento hasta el momento. Solo espero que el Gobierno Nacional no me deje solo, porque aquí no tenemos cómo asistir una pandemia”.
Yefer Arley Gamboa, alcalde de Nuquí
Población: 16.200 habitantes.
Camas: 8
“Tenemos un centro de salud con dos médicos. No contamos con respiración asistida, medicamentos básicos o equipos para atender urgencias. Aquí cualquier enfermedad hay que remitirla al hospital de segundo nivel que tiene Quibdó. Sin embargo, las ambulancias aéreas por lo general no llegan o se demoran cinco días en llegar. Como la salud la maneja el departamento, a nosotros como Alcaldía nos queda hacer los reclamos del caso, pero no tenemos la potestad para tomar decisiones. No tenemos las condiciones para atender las enfermedades normales y mucho menos una pandemia.
En cuanto al agua, como estamos en verano, las fuentes de captación están secas, por lo que estamos prestando un servicio de nueve horas. Cuando esto pase, la idea es poder tener agua las 24 horas del día”.
Elio Carlino Moreno, alcalde de El Litoral del San Juan
Población: 22.000 habitantes.
Camas: 12
“Contamos con tres puestos de salud donde hay un médico y una enfermera jefe en cada uno. Nos estamos desplazando a diferentes comunidades para entregar información de prevención. Sin embargo, aquí el problema no solo es de infraestructura en salud, también el abastecimiento de víveres y agua potable. En la cabecera municipal contamos con un solo acueducto de vía subterránea para una población de 3.000 personas. Recibimos una hora diaria en un sector y una hora diaria en otro.
Además, estamos en un desabastecimiento tremendo. Nos estamos dando cuenta que los barcos sí llegan de Buenaventura, pero los artículos llegan a un precio elevado”.
Salud en Cauca
Neyla Yadira Amú Vente, alcaldesa de Timbiquí
Población: 26.000 habitantes.
Camas: 12.
“Además de la pandemia que ya llegó al país, en el municipio hay brotes de malaria. Son 200 personas que tienen la enfermedad y desafortunadamente la gente que más la padece está en zona rural. Nosotros tenemos tres médicos generales y algunas enfermeras auxiliares. Ni en Guapi, Timbiquí y López de Micay, municipios del Pacífico caucano, contamos con un respirador mecánico. Aquí en el Pacífico hay fuerte presencia de economías irregulares, como la minería ilegal, el narcotráfico y la siembra de coca. Aquí vienen lanchas piratas para el contrabando de gasolina ecuatoriana, y es algo que no ha sido fácil controlar. Es alta la probabilidad de contagio, no por la población del municipio, sino por los ecuatorianos y las personas que llegan a vender gasolina en el municipio”
Salud en Nariño
Enrique Oliveros, alcalde encargado de Santa Bárbara
Población: 16.400 habitantes.
Camas: 4.
“Al ser un municipio cercano a la frontera, hay personas que tienen vínculos comerciales con Ecuador. A pesar de que está prohibido el ingreso, hay gente que entra de manera irregular, lo que nos pone en riesgo. Se envió una solicitud a la Presidencia de la República para que nos apoyen con el control fluvial para taponar las entradas al municipio con la Fuerza Pública. Cuando se presentan casos de urgencia, los pacientes son remitidos al hospital de Tumaco en una lancha que utilizamos como ambulancia. Tenemos un centro de salud con dos médicos que no cuentan con los equipos de protección necesarios. Además, en medio de las fallas en salud, contamos con un acueducto en malas condiciones. El agua llega a la cabecera municipal por una hora y en la zona ruralno hay servicio”.
José Luis Rodríguez, alcalde de La Tola
Población: 8.200 habitantes.
Camas: 0.
“En este momento tenemos un centro de salud y contamos con cuatro médicos. Hay miedo en la población, porque sabemos que en Tumaco ya hay casos de COVID-19, por lo que se están tomando medidas. No solo estamos mal en abastecimiento de medicinas, lo mismo pasa con los víveres. Están tratando de coordinar con el Gobierno Nacional para que suministre combustible a los barcos que traen los alimentos a los municipios. Lo que tenemos ahora nos alcanza para aproximadamente 15 días.
En cuanto al manejo del agua, estamos tratando de desarrollar unos pozos subterráneos para poder suministrar la cantidad necesaria. Sin embargo, no es suficiente para cubrir toda la necesidad. Además, esta agua no sería potable”.
Adams Bay Rincón, alcalde de Barbacoas
Población: 45.000 habitantes.
Camas: 20, en un hospital de primer nivel. Esperan inaugurar otro hospital con 24 camas más.
“Tenemos seis médicos en un hospital de primer nivel. No tenemos respiradores o unidad de cuidados intensivos, por lo que se envió un oficio solicitando que el nuevo hospital sea de campaña y poder agregarle seis camas de unidades intermedios. Además, necesitamos tener pruebas diagnóstico, porque no sabemos si hay contagio o no en el municipio. También es importante tener un grupo de militares aquí en la zona. En la medida de lo posible, que puedan enviarnos apoyo de sanidad del Ejército o de la Policía para poder ayudar al cuerpo médico. Además, tenemos una frontera con Ecuador donde transita nuestra comunidad indígena awá y que probablemente tiene contacto en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, por eso es importante la militarización d la zona, pero estamos sujetos a la orden nacional”.
Luis Gerardo Valencia, alcalde de Francisco Pizarro
Población: 14.100 habitantes.
Camas: 0.
“Contamos con una buena infraestructura que fue construida por el Fondo de Adaptación el año pasado. Tenemos cuatro médicos, per carecemos de camas hospitalarias y de ambulancias acuáticas. Además, no hemos podido brindar ayudas alimentarias a la población, salvo por los subsidios que da el Gobierno. Y a pesar de que vamos a entregar un pequeño mercado para 1.000 hogares, tengo a más de 2.000 familias sin abastecimiento de víveres. En cuanto al agua en el municipio, hay un acueducto deficiente que no abastece a toda la población. En la zona rural no hay agua potable”.
María Paula Ardila / [email protected]
