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Crédito de foto: Especial para 90minutos.co
Por: Gustavo Orozco, politólogo y experto en temas de seguridad.
El 2020 no pudo ser un año peor para los líderes en Colombia y especialmente para los ambientalistas. En esa cruda lista de 310 activistas asesinados en nuestro país, el pacífico vallecaucano estuvo con un doloroso aporte a esa estela sangrienta.
Y 2021 arrancó con una penosa noticia que le dio la vuelta al mundo: las amenazas que recibió Francisco Vera, un niño ambientalista de apenas 11 años de edad. Al parecer, el menor fue amenazado por un tuitero el pasado 17 de enero y desde entonces las autoridades ofrecieron una recompensa de $10 millones para identificar al agresor. Del niño, se sabe que su activismo gira en torno a la protección del territorio donde vive y exigirle al presidente Iván Duque que garantizara la conectividad de todos los territorios del país, para facilitar las clases virtuales.
El Valle del Cauca y el litoral pacífico no han sido ajenos a ese fenómeno. Cali (Valle), Nuquí y Quibdó (Chocó) fueron las ciudades donde las balas de los criminales cegaron las vidas de Jorge Enrique Oramas, Jaime Eduardo Monge, Juana Perea Plata y Harlin David Rivas Ospina.
A ellos no solo los unió su activismo ambiental, sino hasta las circunstancias de sus muertes. Por ejemplo, los dos ambientalistas caleños (Oramas y Monge) fueron asesinados en el corregimiento Villacarmelo, un centro poblado rural ubicado en las inmediaciones de los Farallones de Cali, uno de los santuarios naturales de la cordillera occidental donde florecen bosques y nacen ríos.
Jorge Enrique Oramas fue asesinado el 16 de mayo de 2020 en Villacarmelo, donde vivía desde hace 15 años y aunque nunca perteneció o lideró una Junta de Acción Comunal, JAC, su amor y protección por las semillas orgánicas y rechazo por las transgénicas, hizo que fuera identificado como un ambientalista neto.
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La muerte se paseó nuevamente por los Farallones de Cali el 16 de agosto de ese mismo año, cuando un sicario disparó contra Jaime Eduardo Monge, de 62 años de edad y reconocido líder ambientalista que promovió el proyecto Pachamama y miembro de una organización campesina del sector.
Sobre Juana Perea Plata y Harlin David Rivas Ospina, las víctimas mortales de Nuquí y Quibdó (Chocó) es evidente su activismo ambiental. La primera era reconocida opositora al puerto de Tribugá, y el segundo pertenecía a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Ambos fueron baleados por sicarios.
Cualquier vida importa, más allá de su condición o activismo, pero en el caso concreto de los líderes ambientales del Valle y el Pacífico asesinados, duele que ocurran en territorios que abiertamente se tomaron los criminales, ante la indiferencia de las autoridades.
Para empeorar este triste panorama, en julio de 2020 la ONG británica Global Witness, reveló un informe con el Ranking de los países donde más asesinan líderes ambientales. Colombia quedó en primer lugar y con una cifra record en 8 años; 64 líderes ambientales fueron asesinados en el 2019 en el país.
Estas son algunas de las conclusiones de ese doloroso informe:
• 45 (70,3%) de los asesinatos ocurrieron porque la víctima se opuso a la apropiación de sus tierras para actividades contra el medio ambiente. Según la ONG la responsabilidad fue de los grupos armados.
• Del 2018 al 2019, los asesinatos de estos líderes aumentaron en un 166%, teniendo el año anterior 24 decesos.
• También relacionan este aumento con la mala implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del Gobierno Nacional. Razón por la que 14 de ellos, según la ONG, fueron asesinados porque apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos.
• 3 de los asesinatos se le atribuye a la minería ilegal.
• 2 departamentos del Pacífico en el 2019, ocuparon el primer y el tercer lugar de los departamentos con mayor número de asesinatos de líderes ambientales: Cauca y Nariño con 25 y 8 asesinatos respectivamente.
• Nariño y Valle del Cauca están entre los departamentos de Colombia que concentran el 83% de la coca sembrada (en hectáreas) con 36.875 y 2.313 respectivamente.
• Como se afirma en el artículo de Mongabay Latam “los criminales aprovecharon las restricciones de movilidad para asesinarlos, incluso, en sus propias casas. Frente a este panorama, se esperaba que el 2020 se cerrara con la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano, pero este acuerdo internacional que promueve la transparencia, el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los líderes ambientales ha sido continuamente aplazado”.
• En el 2020, Indepaz registró 310 líderes sociales y ambientales asesinados. 4 de ellos son líderes ambientales que pertenecían a los departamentos del Pacífico.
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