Redacción
Estas nuevas medidas punitivas fueron impuestas a este grupo de autoridades venezolanas luego de que, a principios de año, la UE catalogara de poco «creíble, inclusivo o transparente» el proceso electoral del 6 de diciembre, donde el chavismo obtuvo 256 de los 277 escaños del Parlamento, mientras que la oposición moderada que decidió postular, logró 21.
Estas acciones ya habían sido anunciadas el pasado 25 de enero, días después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, cuando el Consejo manifestó que estaba dispuesto a adoptar «medidas restrictivas específicas» adicionales contra quienes «socavan la democracia».
Reacción de Venezuela
En un comunicado publicado por la Cancillería venezolana, se tildó la aplicación de estas nuevas medidas coercitivas unilaterales como «otra torpe decisión» cuya finalidad es «afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país».
Caracas calificó de «falsos argumentos» las razones de la UE para imponer las medidas punitivas y considera que son una reacción ante la «ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de Gobierno por la fuerza en Venezuela».
En el texto, se afirma que las sanciones no tienen «asidero jurídico» y que «revelan la incapacidad del bloque europeo para entender, aceptar y respetar la voluntad del pueblo venezolano».
En opinión del Gobierno venezolano, estas nuevas medidas restrictivas son una «afrenta» contra la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de que la relatora especial de los Derechos Humanos de ese organismo, Alena Douhan, en una reciente visita al país suramericano, afirmara que las sanciones habían tenido un efecto devastador« y «catastrófico».
¿Quiénes son los sancionados?
Estas personas añadidas a la lista son responsabilizadas por el Consejo de «socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional» y de «graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales».
Entre los sancionados hay autoridades del poder electoral, de los cuerpos de seguridad, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De este grupo de 19 personas, destacan:
- Remigio Ceballos Ichaso, comandante del Comando Operativo y Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (CEOFANB), a quien se responsabiliza de «graves violaciones a los derechos humanos»
- Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, perteneciente al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se le señala de promover «activamente las elecciones no democráticas para la Asamblea Nacional».
- José Brito Domínguez, diputado del Parlamento, se le penaliza por haberse separado del ala radical del partido opositor Primero Justicia y por respaldar la elección de una nueva junta directiva dentro del Legislativo, en el periodo anterior, como correspondía según el reglamento interno de la AN.
- José Bernabé Gutiérrez, diputado de la AN, a quien se sanciona por haber participado en los comicios parlamentarios junto al partido opositor Acción Democrática, del cual es secretario general tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
- Indira Alfonzo Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue agregada en la lista de sancionados por preparar y supervisar «las elecciones no democráticas de la Asamblea Nacional».
- Douglas Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se le sanciona por supuestamente ser «responsable de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios» de ese cuerpo de investigaciones.
Hasta ahora, 55 funcionarios y políticos venezolanos han recibido medidas coercitivas, entre ellos, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Las medidas restrictivas incluyen la prohibición de viajar y la congelación de activos. Según la UE, están diseñadas para «no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden ser revertidas».
Desde 2017, la UE impuso sanciones contra Venezuela, que fueron prorrogadas por un año más en 2020. El país suramericano ha interpuesto un recurso ante el Tribunal General de ese organismo pidiendo su anulación debido a que sus disposiciones afectan a la nación.
