Redacción
De los crímenes cometidos por las Farc, el secuestro fue probablemente el que más heridas y rechazo causó entre los colombianos. Una de las víctimas de este flagelo fue el exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien se pronunció sobre el histórico fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se acusó a ocho exlíderes de la antigua guerrilla de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad por los secuestros que realizaron durante décadas.
Sobre este caso, López dijo que “no basta con que los imputados acepten los cargos”, sino que el compromiso es que digan la verdad. De lo contrario, se exponen a penas intramurales de hasta 20 años y a ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
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Es la primera vez desde la firma del Acuerdo de Paz -en noviembre de 2016- que la JEP atribuye responsabilidad criminal a los exjefes de las Farc, ¿cuál es su percepción sobre esta decisión?
La JEP está cumpliendo con su deber legal y constitucional de darle trámite al debido proceso. Recordemos que se hizo un Acuerdo de Paz con un marco jurídico donde se creó la JEP y luego vinieron unas leyes que reglamentaron su funcionamiento.
En La Habana, las Farc negociaron con el Gobierno ese procedimiento, que implica como resultado que si sus miembros aceptan los cargos que se les imputan, hay unas penas benévolas para ellos; pero si no los aceptan, hay penas más severas.
¿Cree que aceptarán los cargos?
Ellos no son estúpidos y por eso lo más probable es que sí los acepten para ser beneficiarios de esas penas benévolas, que van a ser de cinco años. Sin embargo, si niegan los cargos y se van a juicio, ahí sí muy probablemente obtendrían penas de prisión de hasta 20 años.
«El fallo de la JEP todavía no es una sentencia condenatoria contra los exjefes de las Farc».
Las víctimas y algunas sectores de la sociedad están pidiendo condenas más severas para ellos…
Eso me parece salido de foco. Las penas para ellos ya están negociadas en un marco jurídico, por lo que la JEP no puede hacer otra cosa que darle cumplimiento al debido proceso con las condenas que ya están preestablecidas. Eso se llama principio de legalidad en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Otra cosa es que desde el punto de vista moral veamos legislando en el Congreso a gente que fue responsable de delitos de lesa humanidad, mientras las víctimas están pasando los peores trabajos, sus proyectos de vida fueron fracturados de manera abrupta, no han podido volver a la normalidad, ni han tenido ningún apoyo del Estado.
Justamente, algunas víctimas les han propuesto a los exjefes de las Farc que tienen curules en el Congreso que renuncien a ellas como una muestra de arrepentimiento por los crímenes que cometieron. ¿Está de acuerdo?
Sí estoy de acuerdo porque desde el punto de vista moral y ético esa gente no debería estar allá, pero desde el punto de vista político ellos se consideran actores políticos ya que hicieron un acuerdo con el Estado colombiano que les dio unos derechos, entre ellos unas curules en el Congreso.
Seguro van a estar allí por dos períodos más (hasta el 2026) porque eso fue lo pactado en la negociación, pero las personas en Colombia no votan por ellos ni los quieren en el Congreso. Así se demostró en las urnas. Si ellos fueran consecuentes con esa realidad política, pues renunciarían a sus curules, pero seguramente no lo van a hacer porque siempre les ha importado un carajo todo.
¿Se demoró mucho la JEP en llegar a esta parte del proceso con la imputación de cargos a la cúpula de las Farc?
Creo que la JEP, en comparación con otros tribunales internacionales, está procediendo de una manera más dinámica. Lo que ocurre es que en nuestro desconocimiento la comparamos con la justicia ordinaria, en la que un juez produce hasta 10 sentencias en la semana, mientras que el tribunal hasta ahora no ha producido ninguna sentencia y ya lleva dos años funcionando.
Hay que compararla más bien con tribunales como el de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda, que en muchos años han producido muy pocos fallos. La JEP va a producir más, no va a tomarse todos esos tiempos tan largos que se tomaron esos tribunales, pero tampoco nunca va a poder andar al ritmo de la justicia ordinaria.
“Esta gente hizo narcotráfico, secuestró, asesinó vilmente y su nivel de violencia fue muy sanguinario”, Sigifredo López, exdiputado del Valle.
Se ha pedido también que el resto del proceso sea rápido y no se demore tanto, ¿para usted en qué tanto tiempo se debería resolver este caso?
A partir del fallo de la JEP (el pasado jueves), los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. Yo creo que en este tiempo esa gente va a decir que sí se acoge a los cargos y, posteriormente, las víctimas vamos a exigir verdad porque es lo único que nos queda.
¿Qué verdad específicamente?
Queremos que hagan prescripción, por ejemplo, de cómo asesinaron a los diputados. Hay gente que está pasando de agache, como alias ‘el grillo’, que fue el comandante del frente 60 que ordenó su asesinato.
Recuerde que yo me salvé porque estaba castigado a 100 metros de distancia, pero él pensó que había llegado el Ejército y, en su paranoia, ordenó que nos mataran ya que esa era la orden que tenía del secretariado.
Entonces, como integrante del comando superior del bloque occidental, la JEP también tiene que llamar y juzgar a ‘el grillo’ como máximo responsable de un crimen de guerra espantoso como fue la masacre de los diputados. Esas cosas son las en temas de verdad que vamos a exigir las víctimas en este y otros casos.
¿En qué otros casos, por ejemplo?
Por ejemplo, Ernesto Ruiz es un comerciante de Cali que perdió a su mamá, llamada Ana Raquel Rojas de Ruiz. Ella fue secuestrada por el frente 30 de las Farc al mando de alias ‘mincho’, que le cobró la liberación a los miembros de su familia, quienes la pagaron, pero nunca se la devolvieron, por lo que hasta hoy sigue desaparecida.
Ahora, Ernesto y sus hermanos están pidiendo únicamente que les digan qué pasó con su madre y donde está su cadáver; pero también, que les digan por qué la asesinaron vilmente si ya habían pagado el rescate.
Este y el asesinato de los diputados son solo dos de los más de 20.000 casos en los que las víctimas necesitamos esclarecer la verdad. Por eso, no basta con que los exjefes de las Farc acepten los cargos, el compromiso es que digan la verdad, que es lo único que nos puede reparar a las víctimas.
«Estar a favor de la paz no significa que uno tenga que renunciar su exigencia de justicia y verdad».
¿Y qué pasa si ellos aceptan los cargos, pero no cumplen con decir toda la verdad?
Si ellos pretenden tergiversar la verdad, las víctimas vamos a exigir dos cosas: primero, que sean juzgados por la justicia ordinaria y condenados a las penas más altas, sin derecho a los beneficios de las penas benévolas. En caso de que la JEP no lo haga, vamos a exigir que sean llevados a la Corte Penal Internacional para exigir el cumplimiento pleno del Acuerdo de Paz, que es el de verdad plena.
En el documento que se conoció del caso 01 se reviven muchas atrocidades que se vivieron durante el secuestro. Usted, que fue víctima de este delito, ¿que siente al volver a rememorar esas cosas?
Para mí es algo supremamente doloroso, pero yo ya perdoné. No podía seguir secuestrado del odio, el resentimiento y el dolor. Esa era la única forma de seguir adelante con la crianza de mis hijos, la construcción de una familia y el desarrollo de un proyecto de vida.
¿Está de acuerdo con que la JEP ya no llame al secuestro de esta forma, sino ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’ ?
Secuestro es la clase de privación ilegítima e ilegal de la libertad en el Código Penal Colombiano. El secuestro político, que fue el caso de los diputados porque tenía como exigencia un intercambio de prisioneros, se llama toma de rehenes en el Derecho Internacional Humanitario, y lo que ha hecho la JEP es acomodarse a la legislación internacional.
