El experimento de ‘paz urbana’ en Buenaventura, Medellín y Quibdó, ideado por el Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la violencia urbana desde noviembre de 2022, se encuentra actualmente en una encrucijada. A pesar de los esfuerzos por establecer treguas entre facciones criminales como los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, los resultados han sido mixtos y enfrentan obstáculos significativos, según revela un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En Buenaventura, donde se firmó la primera tregua entre bandas rivales, se ha observado una reducción del 32% en homicidios desde su implementación, aunque persisten desafíos como la continuación de la extorsión. En Medellín y el Valle de Aburrá, a pesar de intentos similares, las disputas internas entre grupos criminales y la falta de apoyo local han obstaculizado los avances significativos, según las críticas del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.
Por otro lado, en Quibdó, el proceso ha estado marcado por acciones más centradas en la paz comunitaria y visitas de delegados del Gobierno, aunque los avances públicos son escasos y las masacres recientes han cuestionado la efectividad de la tregua pactada.
Uno de los mayores desafíos identificados por la FIP es la ausencia de una oferta jurídica clara para los miembros de estas estructuras delictivas, un requisito establecido por la sentencia C-525 de 2023. Esta sentencia destaca la necesidad de que el Congreso defina los términos del sometimiento a la justicia mediante una ley específica, una medida que aún no se ha materializado.
A pesar de estos obstáculos, los laboratorios de paz urbana representan un intento innovador de abordar la violencia desde un enfoque negociado, destacando la importancia de involucrar a la sociedad civil y garantizar un compromiso continuo de todas las partes involucradas. El éxito futuro de estos esfuerzos dependerá en gran medida de superar las barreras jurídicas y administrativas, así como de fortalecer la cooperación entre el Gobierno, las autoridades locales y las comunidades afectadas.
En resumen, mientras los laboratorios de paz urbana en Colombia enfrentan incertidumbres y críticas, también representan una oportunidad única para transformar las dinámicas de violencia en las ciudades más afectadas por el conflicto armado interno del país.
