Un Gran Acuerdo para el Desarrollo Integral del Sector Rural colombiano será presentado hoy por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en el evento virtual denominado ‘Apostándole a la Empresarización del Campo’.
(Lea: Coronavirus agudizaría los viejos problemas del campo)
El documento conocido por Portafolio, incluye alrededor de un centenar de propuestas que buscan actualizar la visión de la ruralidad, y hace recomendaciones de política pública y de adopción de medidas de carácter transversal, tales como adelantar un trabajo de visión y perspectiva del agro al 2050, impulsar modelos organizacionales de asociación agroempresarial, diseñar esquemas flexibles de contratación laboral para los trabajadores del sector agropecuario, redefinir el esquema de incentivo sectorial, y fortalecer el Ministerio de Agricultura y a sus entidades adscritas.
(Lea: Encadenamientos empresariales rurales para hacer rentable al agro)
Las propuestas se orientan a “crear las condiciones para contribuir a la construcción de paz y la superación de la violencia, y al mismo tiempo impulsar la productividad, la competitividad, la generación de ingresos y la empleabilidad”.
El Acuerdo plantea alternativas a discusiones difíciles sobre el campo en temas críticos, tales como el régimen laboral para combatir la informalidad, la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y la confianza legítima, entre otros.
El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo que el objetivo es propiciar una política de Estado, darle prioridad al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población rural, especialmente de la agricultura campesina y familiar, así como del pequeño productor, que permitan su movilidad social, la superación de la pobreza y la recuperación de la confianza en el campo del país.
Entre tanto, María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, apunta que el Acuerdo busca consensos sobre mínimos realizables que beneficien a todo el país, particularmente al pequeño productor, e incluso ha tomado en cuenta los aspectos contemplados en el punto uno del pacto con las Farc.
Las políticas que surjan de esta iniciativa “deben trascender la simple producción agropecuaria y la rentabilidad, procurando mecanismos que mejoren la calidad de vida del campesinado, fomentando un efectivo retorno al campo”, indicó Escobar.
Agrega que el ICP reconoce “la urgencia de promover reformas que garanticen la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, que modernicen la institucionalidad, eliminando trámites y barreras que causan la informalidad, y garantizando el acceso a bienes y servicios públicos, con miras a consolidar un mercado nacional competitivo vinculado a cadenas de valor global, definiendo el desarrollo rural como un asunto de interés nacional”.
ACUERDOS FUNDAMENTALES
El documento plantea una serie de acuerdos fundamentales entre los que se destacan propuestas como: crear e institucionalizar un Consejo Mixto de Política Agropecuaria, dirigido por el Ministro de Agricultura, con independencia y autonomía para el diseño e implementación a largo plazo de la política de Estado para el sector, similar a la junta directiva del Banco de la República, e implementar un modelo de impuesto de renta plano del 15% para todo tipo de actividades productivas del sector agropecuario, incluyendo incentivos tributarios para la tecnificación y distritos de riego de actividades agropecuarias a lo largo de la cadena de valor.
Asimismo, darle al campo un régimen laboral propio según sus características; reglamentar la Ley 731 de 2002 por el cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales; generar un nuevo sistema de garantías con semovientes y recursos forestales, así como la pignoración de activos móviles y de otro tipo, con el fin de ampliar y democratizar el acceso al crédito sin depender de la propiedad de la tierra como requisito de otorgamiento.
De la misma manera, se propone crear un fondo único de hipotecas administrado por Finagro que, a través de títulos permita garantías parciales de créditos y su movilidad; implementar un sistema de asistencia técnica que posibilite que las universidades en las regiones cuenten con una oferta de extensionismo; invertir en el desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar la cobertura del servicio de internet de banda ancha y desarrollar un sistema de información en tiempo real.
Otras propuestas tienen que ver con el impulso al trámite y aprobación de una ley de promoción y desarrollo integral del sector agropecuario, que contenga elementos centrales inspirados en las mejores prácticas internacionales (Perú y Nueva Zelanda); tener una clara política de defensa comercial con mecanismos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias; impulsar la promoción de exportaciones agropecuarias con planes decenales; potenciar tanto el emprendimiento como la asignación de recursos de capital semilla, la asistencia técnica, el acceso al crédito para la mujer del sector rural, bajo criterios y perspectivas de género; favorecer esquemas asociativos y de desarrollo empresarial; simplificar los trámites para viabilizar la puesta en marcha de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), e impulsar el concepto de clústeres exportadores, que incluyan los cultivos de tardío rendimiento.
En el acuerdo han participado gremios del sector agrícola y pecuario, liderados por la SAC, Fedepalma, Fenavi, la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Augura, Asocolflores, Asocaña, Porkcolombia y Asohofrucol, al igual que representantes de las organizaciones campesinas y comunidades de distintas regiones.
El documento nació del trabajo realizado por los investigadores Santiago Tobón y Roberto Cajamarca, que dio lugar al libro El Agro Empresarial y la Agroindustria: Caminos para el Progreso, la Inclusión Social y la Sostenibilidad.
Edmer Tovar Martínez
Editor de Portafolio