La oficina de derechos humanos de la ONU ha registrado repetidas y horribles violaciones, incluidos asesinatos en masa, ejecuciones extrajudiciales y decapitaciones, dijo Türk, mientras que el ejército ha continuado cometiendo atrocidades en el estado de Rakhine, donde a la minoría rohingya se le niega la ciudadanía.
En un discurso ante el Consejo, pidió el fin de la impunidad de la junta gobernante que derrocó al Gobierno elegido democráticamente en febrero de 2021.
“Animo a los Estados a que consideren remitir la situación en Myanmar a la Corte Criminal Internacional (ICC). También debemos garantizar la rendición de cuentas por posibles delitos cometidos por diferentes grupos armados”.
‘caída libre mortal’
El Alto Comisionado dijo que el país continuaba en una “caída libre mortal hacia una violencia y una angustia aún más profundas”.
Donde antes había optimismo y esperanzas de un futuro más pacífico y próspero, ahora los civiles vivían “al antojo de una autoridad militar imprudente que se basa en tácticas de control sistemático, miedo y terror”.
Dijo que la economía estaba en espiral con los generales explotando los recursos naturales allí “a un ritmo peligroso, causando daños ambientales irreversibles”.
Se han estrangulado voces de la sociedad civil y periodistas, que continúan con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
Dijo que fuentes creíbles indican que 3.747 personas han muerto a manos del régimen desde que tomó el poder con cerca de 24.000 arrestados.
Obstáculos a la ayuda para salvar vidas
El informe del Sr. Türk se centra en la denegación sistemática de ayuda vital para los civiles y acusó a los militares de establecer “una serie de barreras legales, financieras y burocráticas”.
Con un tercio de la población necesitada, dijo que la obstrucción constituía una negación deliberada, selectiva y calculada de los derechos humanos fundamentales.
Reiteró su llamamiento para el fin inmediato de la “violencia sin sentido” y la liberación de más de 19.000 presos políticos detenidos, incluida la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el Presidente Win Mynt.
El costo de los niños es inmenso: experto en derechos
El Relator Especial sobre Myanmar, Tomas Andrewstambién abogó ante el Consejo por menos retórica y más acción por parte de los Estados miembros de la ONU para apoyar al pueblo “heroico” de Myanmar, pidiéndoles que “nieguen a la junta las tres cosas que necesita para mantener su brutalidad y opresión: armas, dinero, y legitimidad”.
Más de 800 niños han sido asesinados o mutilados desde que comenzó el golpe hasta fines de 2022, dijo, y la mayoría fueron víctimas de ataques indiscriminados de las fuerzas de la junta.
Hablando más tarde en una conferencia de prensa en Ginebra, el experto independiente designado por la ONU dijo que además de los muertos, 3.087 niños están tras las rejas como presos políticos.
“660.000 niños están ahora desplazados en Myanmar y 5,8 millones de niños necesitan asistencia humanitaria. Este es un desastre encima de un desastre, y tiene el impacto más profundo en aquellos que son más vulnerables y que son los niños de Myanmar”.
En un informe reciente, el Relator Especial detalló cómo la junta había importado más de mil millones de dólares en armas y materiales relacionados con armas desde el golpe militar, con pleno conocimiento de que estas armas podrían usarse para matar a miles de personas inocentes, para cometer probables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.