Las cajas de compensación familiar diseñan con el Ministerio de Trabajo una fórmula para que personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo puedan afiliarse al sistema.
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Así lo revela Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, gremio del sector, al insistir en la trascendencia que tienen estas entidades que reciben el 4% de aportes que hacen las empresas, en medio de un debate en el que no faltan las voces que argumentan que este es un costo a la nómina que impide la generación de empleo.
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“Las cajas hemos estado presentes para sostener la clase media emergente, para mantener el consumo de la familia, el régimen subsidiado y los servicios de salud. Y hemos estado en este momento de reactivación en la entrega de subsidios de vivienda y vamos a estar en toda la formación para el trabajo y el proceso de recuperación económica… La solución no es eliminar el 4%”, dijo a Portafolio.
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¿Cuál es el sentido del aporte que reciben las cajas?
Todo el mundo ubica este aporte del 4% como un parafiscal, pero más allá de ser eso, es uno de los pilares de la protección social que cumple 65 años. Estamos acostumbrados a hablar de salud y pensiones, y se deja por fuera todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Llega hoy en día a 8,9 millones de trabajadores y a su núcleo familiar, más o menos unas 12 millones de personas. Estamos hablando que el sistema llega con sus beneficios a 20 millones de personas.
¿Cómo se usan los recursos?
Cada punto del 4% tiene una destinación específica. La primera es la cuota monetaria, el subsidio en dinero que recibe la familia por cada hijo menor matriculado en una institución educativa. Este año hemos entregado alrededor de $1,8 billones en cuotas monetarias para 5 millones de familias, a octubre. Clave en momentos como este para sostener el consumo.
¿Y en salud?
En estos meses de pandemia, hemos demostrado la importancia del sector. Estamos afiliando a la tercera parte del total de personas que están en el sistema, con 16,5 millones de personas. Nuestra capacidad hospitalaria se incrementó en unidades de cuidados intensivos y el Instituto Nacional de Salud nos certificó tres laboratorios para pruebas diagnósticas.
¿Cómo van con el auxilio al cesante?
Este año, por la pandemia, destinamos casi todo a entregar un auxilio al cesante. Hemos alcanzado $700.000 millones. Desde el punto de vista de las cajas de compensación es tal vez el aporte más importante del sector privado.
¿Y en vivienda?
Tenemos otro fondo para vivienda, para quienes ganan menos de 4 mínimos. Los subsidios de vivienda de las cajas tienen una participación superior a 50% en el total de los que se entregan. Este año empezó a funcionar la concurrencia de los subsidios de las cajas y del Gobierno porque antes no se podían acumular. La persona va a tener acceso a dos subsidios y su cierre financiero va a ser más fácil . Además, iniciamos 20 proyectos de vivienda de interés social.
¿Cuáles son las otras políticas?
Esta el fondo de la niñez, así como la recreación y la cultura, porque creemos en la integralidad.
¿Qué hay del debate en torno a que el aporte del 4% es un costo laboral?
Más que un costo es una inversión social que hacen los empresarios a los trabajadores que reciben unos beneficios a escala que pueden ser medibles. Un empleador no podría hacerlo de forma individual porque aquí hay un esquema de solidaridad y compensación, donde los salarios altos aportan a los de menores ingresos. Hay unos aportes al consumo y a la demanda agregada y consideramos que el efecto de eliminar esos recursos sería muy fuerte, con un impacto fiscal muy grande para el Estado.
¿Un recorte generaría empleo?
Esta demostrado que esto tiene un efecto de corto plazo y marginal. Unos economistas importantes dicen que la mejor formar de generar empleo es eliminando este 4% y quiero preguntarles con cuánto empleo se comprometen, cuántas plazas se generarán y por cuánto tiempo y cuál el impacto para las 20 millones de personas en un momento en que atravesamos por una recesión.
¿La flexibilidad laboral conviene?
Hemos estado conversando con representantes de la OIT, del BID y a la Ocde y creo que todos los pasos que un país pueda dar para llevar a las personas a tener protección social va en la dirección correcta. El modelo laboral está cambiando y eso hay que ajustarlo, esos nuevos modelos disruptivos nos llevan a otra forma de relación laboral. Flexibilización sí pero siempre y cuando esa protección social se garantice de manera general y sin distinciones.
¿Cómo encaja esto en el debate sobre el ingreso mínimo permanente?
Un colombiano que trabaje debe tener derecho a una protección social mínima de parte de las cajas. Hemos estado pensando incluso en aportes muy similares a los de trabajadores independientes, entre el 0,2% y 0,6% del ingreso. Y la idea es que las cajas de compensación puedan llevar a estas personas la gran mayoría de estos beneficios.
Esto es lo que estamos tratando de construir con el Ministerio de Trabajo para que, según su ingreso mínimo puedan hacer un aporte mínimo voluntario, en el caso de quienes ganen menos de un salario mínimo, con la posibilidad de acceder a todos nuestros beneficios, con excepción del subsidio de vivienda que tiene unos componentes financieros complejos.
¿Qué tan avanzado está?
Estamos precisamente en esa discusión y viendo matemáticamente cómo funciona, pero la idea de las cajas es, precisamente, que no haya exclusión ni que haya unos afiliados mejores que otros, que todos tengan una cobertura universal.