ar de haber entrado en un proceso de salvamento empresarial en marzo por haberse quedado insolvente, las compañías Bioenergy S. A. S. y Bioenergy Zona Franca, controladas por el Grupo Ecopetrol, dejaron de ser viables, y por eso le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades iniciar su proceso de liquidación judicial.Le puede interesar: Las tres causas que llevaron a Bioenergy a la insolvencia
Así lo determina un auto de la Supersociedades, fechado el miércoles 24 de junio, que señala que dicha petición, hecha el 17 de junio, argumentó que la compañía tenía una inminente iliquidez y, como consecuencia de ello, no le era posible continuar operando, dadas las incertidumbres del negocio de biocombustibles en los Llanos y los eventuales requerimientos de capital que esta demanda actualmente y que necesitará en el futuro.
La dura decisión llega un poco más de tres años después de que la compañía, filial del Grupo Ecopetrol, inició en el 2017 su operación como productora de etanol carburante y energía, a partir de caña de azúcar y bagazo, respectivamente, en su planta El Alcaraván, ubicada en Puerto López, Meta.
La compañía, que según registros de noticias tuvo un millonario sobrecosto superior a 500 millones de dólares frente al valor inicial calculado, se vio afectada por tres factores que, junto a la llegada del coronavirus y la baja en los precios del petróleo, hicieron imposible que pudiera mantener financiación con la banca y mucho menos que la petrolera le siguiera destinando recursos.
En su insolvencia incidió la edad del cultivo dados los atrasos del proyecto más el aumento del 40 por ciento en el nivel de lluvias en 2018 y 2019 frente al promedio histórico de 10 años, las duras condiciones para levantar el cultivo (plagas endémicas, floración, entre otros) por la tradición ganadera en la zona y la férrea competencia del etanol de maíz importado de Estados Unidos.
Solo hasta mayo pasado, y luego de un largo proceso, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industria, impuso derechos compensatorios definitivos a la importación de etanol procedente de ese país, por dos años.
Aunque la administración buscó mejorar la productividad agrícola, reducir costos y explorar alternativas para viabilizar el negocio, se concluyó que la reorganización no era viable
Según el auto que ordena la liquidación de las empresas, otro factor para caer al abismo fue la imposibilidad de obtener recursos en el mercado financiero y de reestructurar la deuda en condiciones que pudiera cumplir (no obstante la condonación del 40 por ciento de la deuda de Bioenergy Zona Franca por parte de Bancolombia).
Además, la recuperación no se veía, así el Ministerio de Hacienda autorizara un crédito de tesorería que se estaba tramitando, y porque los bajos precios del petróleo no permitían a Ecopetrol seguirle dando dinero para operar.
Incluso, si bien se reconocieron los esfuerzos de la administración para mejorar la productividad agrícola, reducir costos y explorar alternativas para viabilizar el negocio, se concluyó que la alternativa de una reorganización dentro de la Ley 1116 no era viable para ninguna de las dos sociedades
Desde el 26 de mayo pasado, los accionistas, por estas razones, autorizaron al representante legal de la sociedad solicitar la liquidación judicial a la Supersociedades, entidad que la decretó y nombró como liquidador el exministro Rubén Darío Lizarralde, quien ha sido uno de los promotores de la agroindustria en la altillanura.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO