Redacción
En los próximos días se pondría fin a la expectativa generada en torno al contenido y los alcances de la reforma fiscal, con la radicación del proyecto en el Congreso.
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Con ella el Gobierno busca hacer frente al alto endeudamiento producto de la pandemia, garantizar la sostenibilidad de lo que ha denominado agenda de transformación social para beneficiar a 20 millones de personas y mejorar el recaudo general de impuestos, particularmente entre personas naturales, a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, divulgadas el miércoles.
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Por esta vía espera, además, tranquilizar a las agencias calificadoras –lo que evitaría que el país perdiera su grado de inversión– y a los mercados internacionales.
El Gobierno es consciente de lo impopular que puede resultar esta reforma, en medio de la crisis económica. Pero también es cierto, como dicen los expertos, que sin este ajuste la economía tendrá un futuro más complejo.
Para empezar, el año pasado, el país alcanzó un endeudamiento histórico, que vino dado por dos factores: un mayor gasto en salud (infraestructura, insumos y vacunas) y en programas como el Paef (subsidio a la nómina), Ingreso Solidario (que entrega 160.000 pesos mensuales a 3 millones de familias en pobreza extrema y vulnerabilidad) y devolución del IVA, para mitigar el impacto de la pandemia. El propósito del Gobierno no solo es ampliar el alcance de algunos de ellos, sino hacerlos sostenibles.
Vale la pena anotar que solo a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se destinaron alrededor de 40 billones de pesos para atender los gastos generados durante la emergencia sanitaria.
A lo anterior se sumó una reducción en el recaudo de impuestos. En efecto, a causa de la crisis se pasó de una meta de 167,5 billones de pesos a comienzos del 2020 a una de 144,2 billones de pesos; el resultado final fue de 146,1 millones, 21,4 billones de pesos menos que lo esperado al comienzo.
En consecuencia, el Estado se vio obligado a buscar más recursos prestados, lo que desembocó en que el año pasado las obligaciones internas y externas del país ascendieran a 619,5 billones de pesos (180.507 millones de dólares), 23,71 por ciento más que en el 2019. Como proporción del producto interno bruto (PIB), la deuda llegó a 61,4 por ciento, mientras que la del 2019 fue de 48,6 por ciento.
Ante este panorama, Colombia necesita incrementar sus rentas fiscales como mínimo en 11 a 12 billones de pesos y demostrar que sus cuentas son sostenibles.
Y esto, a juzgar por información divulgada por el mismo Gobierno, vendrá inicialmente dado, en línea con las recomendaciones de la comisión, por la eliminación de exenciones tributarias y un incremento de la base de personas naturales que hoy pagan impuestos.
En Colombia, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la presentación del informe de los expertos, “la relación entre impuestos recaudados y producto interno bruto es muy baja; tenemos que encontrar la manera de subir ese recaudo (…) avanzar muy seriamente en ampliar la base de tributación”.
En el Congreso, de acuerdo con Ciro Ramírez, miembro de la Comisión Tercera del Senado, también hay claridad en torno a la urgencia de tramitar la reforma. Sin embargo, señaló: “Vamos a saber si hay buen ambiente con respecto a ella cuando conozcamos el texto; lo que en general sabemos es lo que han divulgado los medios de comunicación, pues el Gobierno ha guardado con mucho celo la información”.
El senador, no obstante, agregó: “No vamos a aprobar cualquier cosa; vamos a ser muy rigurosos. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, como Estado, de asegurar la sostenibilidad fiscal, pero también vamos a tener cuidado de no afectar a la clase media productiva, que es la que siempre termina pagando los platos rotos, y tampoco a las familias más pobres y vulnerables”.
Lupa sobre el IVA
Aunque aún no se conoce el texto del proyecto de reforma, el Gobierno ha enviado mensajes que permiten sacar en claro algunas claves, que están alineadas con las recomendaciones de la comisión.
La primera, y más importante, está relacionada con los bienes y servicios excluidos o exentos (tarifa cero) del pago de impuesto al valor agregado (IVA). Lisandro Junco, director general de la Dian, precisó que de los 69,1 billones de pesos que le cuestan al país los beneficios tributarios al año, 51,6 billones de pesos (4,9 puntos del PIB) son producto de las exclusiones y exenciones del IVA.
Se espera que la reforma reduzca la cantidad de bienes y servicios cobijados por estos beneficios, con excepción, de acuerdo con instrucciones del presidente Iván Duque a su equipo de gobierno, de los alimentos y servicios básicos.
Esta medida iría apalancada con el aumento en el número de familias que recibirán compensación del IVA (la meta para este año es llegar a dos millones) y elevar el valor de la devolución, que hoy es de 76.000 pesos, cada dos meses.
La comisión recomendó que la tarifa del 5 por ciento que grava algunos bienes y servicios se ajuste a un rango de entre el 10 y el 12 por ciento, y que incluso se baje la tarifa general, una vez se amplíe la base de tributación.
Más gente, a declarar
La segunda clave es la ampliación de la base de personas que deberán declarar y pagar impuesto de renta. Tanto los expertos de la comisión como el Gobierno han evidenciado que, al contrario de la tendencia global, buena parte del peso tributario recae sobre las empresas y no sobre la gente.
Datos de la Dian indican que el año pasado, por ejemplo, las empresas aportaron 51 billones de pesos a las arcas del Estado mediante el pago del impuesto de renta (80 por ciento del recaudo total); las personas, por otro lado, pagaron 12,9 billones de pesos. El desequilibrio es todavía más visible si se tiene en cuenta que del total de los 4’360.104 declarantes registrados el año pasado, solamente 549.575 eran personas jurídicas.
¿Adiós a los incentivos?
A esto hay que agregar que el sistema tributario cuenta con al menos 12 incentivos de los que hoy echan mano las personas cuando declaran renta para reducir el valor del impuesto por pagar, tener un saldo de cero e incluso saldos a favor. Como resultado, el país deja de recaudar cada año, por esta vía, 17,1 billones de pesos (1,6 puntos del PIB).
Para empezar a corregir esta situación, el proyecto de reforma contemplaría que la declaración de renta para personas naturales comience a partir de ingresos mensuales de 2 millones de pesos (24 millones de pesos anuales).
Un análisis comparativo sobre lo que ocurre en esta materia en Colombia, Argentina, México, Perú, Brasil, Francia y Estados Unidos, hecho por la Ocde, el Ministerio de Hacienda y el portal Talent.com, encontró que mientras en los demás países las personas tributan, sobre diferentes tasas, a partir del equivalente a 22,5 millones de pesos al año, en Colombia quienes devengan hasta 75 millones de pesos anuales (6,1 millones de pesos mensuales) tienen una tasa de renta efectiva de cero.
La comisión también propuso eliminar o reformar los incentivos mencionados, y eso incluye la exención del 25 por ciento de las rentas laborales, que en esencia corresponden a los ingresos que obtienen las personas por salarios y que tienen un contrato de prestación de servicios como trabajadores independientes. También acabar o reformar el tope de rentas del 40 por ciento, las deducciones de los ahorros privados a pensiones y salud, los beneficios tributarios de cuentas preferenciales (AFC y AVC) y las pensiones, así como los intereses hipotecarios.
Ajustes tributarios van de la mano con agenda social
“Avanzar en la reactivación de la economía, ayudando a los más necesitados”. Así definió el presidente Iván Duque el propósito de la Agenda de Transformación Social que dio a conocer esta semana durante el lanzamiento del Circuito Colombia en la Asamblea del BID en Barranquilla.
Los dos primeros puntos de la agenda, que será llevada al Congreso en próximos días, proponen aumentar el alcance del programa Ingreso Solidario, que hoy cobija a 3 millones de hogares en vulnerabilidad y pobreza, y extender la devolución del IVA.
El tercero consiste en consolidar el Fondo de Solidaridad Educativa, mediante el cual, de acuerdo con Duque, se garantizó la matrícula cero al 70 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas durante la pandemia.
La pretensión, señaló Duque, es que este programa se consolide para prevenir la deserción y generar oportunidades: “Queremos que se extienda esa gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país, haciendo de la educación una política social efectiva”.
Para hacerle frente al desempleo juvenil, la agenda propone la creación de un incentivo para la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años, por un periodo de cinco años; se buscará que el Congreso apruebe que la nación asuma los aportes a seguridad social.
El quinto punto plantea extender durante este año el Paef, que es el subsidio a las nóminas de empresas cuyos ingresos se afectaron por la pandemia en al menos un 20 por ciento.
La idea, según el Presidente, es ir focalizándolo en los sectores más afectados. Con el sexto punto se busca aliviar la carga tributaria para micro y pequeñas empresas, que concentran el mayor número de empleos.
SONIA PERILLA SANTAMARÍA
Economía y Negocios / EL TIEMPO
En Twitter: @soniaperilla
