Si bien más del 90 por ciento de los 11,5 millones de deudores de la banca que se acogieron a algún tipo de apoyo para mantener al día sus obligaciones durante la pandemia ya retomaron el pago de sus créditos, el Gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para que esta transición siga siendo ordenada como hasta ahora.
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Significa que el Plan de Acompañamiento a los Deudores (PAD), que empezó a regir el pasado 1.° de agosto, podría extenderse en el 2021 si las circunstancias económicas y la situación de algunos deudores lo ameritan.
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Así se lo dijo a EL TIEMPO Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, quien subrayó que si bien solo el 4,1 por ciento de la cartera total del sistema (524 billones de pesos) se mantiene con algún tipo de beneficio en la actualidad (periodos de gracia y prórrogas), hay que estar alertas ante un posible rebrote del covid después de la temporada de fin de año que lleve a tomar nuevas medidas de aislamiento, las cuales tendrían graves efectos sobre el empleo y la economía, la cual está en un lento proceso de recuperación.
Como se recuerda, en lo más agudo de la pandemia (abril-mayo) más de 11,5 millones de deudores de la banca tuvieron que acogerse a los beneficios de períodos de gracia y prórrogas en los pagos de sus deudas, que en conjunto sumaron 225 billones de pesos.
Sin embargo, hoy solo dos millones de esos deudores se mantienen bajo dichas condiciones con deudas que suman 21,4 billones de pesos, la mayoría de estas correspondientes a grandes empresas. Significa que el 90 por ciento de los deudores están pagando sus obligaciones, algunos bajo otras condiciones.
MEJORA EL RECAUDO
No son las únicas cifras que muestran la efectividad de las medidas para evitar que millones de deudores entraran en mora con sus obligaciones y se les cerraran las puertas a nuevos préstamos, sino también para preservar la estabilidad del sistema financiero.
Según Castaño Gutiérrez, las personas hoy están pagando sus deudas juiciosas (capital e intereses) y eso se refleja en el recaudo mensual de las entidades.
Antes de la pandemia, explica el superintendente, dicho recaudo alcanzaba en promedio el 7,5 por ciento de la cartera total (entre 35 y 40 billones de pesos) recursos que les permiten a las entidades seguir atendiendo la demanda del crédito y la economía se mantenga activa.
Cifras oficiales muestran que entre mayo y junio esos pagos cayeron un 50 por ciento a solo 3,8 por ciento (entre 15 y 18 billones), pero al cierre de octubre habían retornado al 6,4 por ciento, esto es 85 por ciento de lo que se hacía antes de la pandemia y se espera que noviembre y diciembre se comporten mejor, por pagos de primas, bonificaciones y vacaciones, entre otros.
“El recaudo y la transición hacia una normalidad de los deudores que estaban en periodos de gracia se está dando de manera tranquila. Debemos asegurar que esto se mantenga así, pero además, que el crédito siga fluyendo y que este no se encarezca”, dijo el funcionario.
Agregó que de darse una extensión del PAD, se hará bajo las mismas condiciones de uno a uno, es decir, que los bancos se deben sentar con cada cliente y mirar sus condiciones actuales, ingresos, el sector en el que se encuentre y su capacidad futura de pago, no como en la primera fase de la pandemia en la que los periodos de gracia y las prórrogas en el pago de los créditos se hizo incluso a quienes no manifestaron su decisión de acogerse a esos beneficios.
El Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), diseñó un plan de ayudas (Unidos por Colombia) para proveerles liquidez a los empresarios, trabajadores independientes y personas naturales que les permitiera, por un lado, atender sus obligaciones y se mantuvieran activas, y por otro lado, evitar que el crédito se paralizara.
Según Raúl José Buitrago, presidente del FNG, la entidad cerrará este año con créditos respaldados por cerca de 20 billones de pesos y reiteró que el plan de alivios diseñado para respaldar a los empresarios va hasta junio del 2021 fecha en la que se habrá movilizado garantías por cerca de 30 billones.
El directivo también señaló que de existir las necesidades de un mayor respaldo el Fondo tiene capacidad de apalancamiento hasta por 40 billones, para lo cual se cuenta con el respaldo patrimonial del Gobierno para atender esas solicitudes de créditos.
“Uno de los retos que tenemos en el fondo es gobernar la transición hacia la normalidad. A partir del 30 de junio del 2021 debemos mirar cuál será el mecanismo adecuado que ayude a mitigar la probabilidad de impago de esos créditos, sobre todo en las Mipymes. En ese sentido el Consejo Gremial nos recomienda definir un esquema tarifario que vaya en función de la historia crediticia de los deudores, un tema que estamos analizando y estamos trabajando en fijar cuál es ese periodo de transición cuando se levanten los alivios y volvamos a las condiciones de mercado”, dijo el funcionario.
AUMENTO DEL RIESGO
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es, precisamente, que la cartera en riesgo se dispare a niveles elevados, desde un 12 por ciento en el que se encuentra hoy. De hecho, un ejercicio hecho por la Superfinanciera apunta a que ese nivel pueda dispararse al 28 por ciento bajo un escenario en el que la economía decrezca un 11 por ciento.
Castaño Gutiérrez sostiene que bajo las actuales circunstancias es imposible evitar que “el riesgo de crédito continúe materializándose y que veamos indicadores que quizás no hayamos visto antes”.
Sin embargo, advierte que el sistema financiero se ha venido preparando de tiempo atrás para este tipo de situaciones y hoy, tanto los niveles de solvencia como los de provisiones son bastante elevados para soportar el “chaparrón de la pandemia”.
Hoy, por cada 100 pesos de la cartera en mora hay 130 provisionados y en algunas carteras ese nivel alcanza los 200 pesos.
“El sistema está muy preparado para absorber las pérdidas en caso de que se materialice ese riesgo”, insiste el superfinanciero, tras subrayar que en promedio el nivel de solvencia del sistema está en 17 por ciento y esta crisis lo puede bajar a un 14 por ciento, que sigue siendo mucho más que el mínimo exigido (9 por ciento).
Las cifras de la entidad muestran que el sistema tiene 8 billones de pesos adicionales en provisiones contracíclicas, recursos que se han venido acumulando desde el 2008, pero de los cuales 4 billones se acumularon entre marzo y noviembre de este año. Hasta septiembre pasado, las provisiones no contracíclicas de las entidades sumaban 36,4 billones de pesos.
“Todos los recursos de las entidades deben estar concentrados en preservar su estabilidad, incluso las utilidades, se podrán sacar para pagar dividendos solo con el permiso de la Superfinanciera”, sentenció Castaño Gutiérrez.
Carlos Arturo García M.
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