Un contrapunteo ha surgido en los últimos días entre el Gobierno y la Procuraduría por el tema de realizar las consultas previas utilizando medios virtuales.
(Gobierno crearía órgano para desarrollar las consultas previas).
Y a buena cuenta de este enfrentamiento, muchos proyectos clave del sector minero energético están entre el tintero a la espera de que se resuelva si estas asambleas se desarrollan de forma presencial o a través de canales digitales.
La confrontación entre el Ejecutivo y el ministerio público surgió a raíz de una circular externa emitida por el Ministerio del Interior para el uso de medios virtuales y la realización de consultas previas como prevención de contagios de la covid-19.
(Así sería la nueva cara de la Consulta Previa en el país).
La circular, firmada por la ministra de la citada cartera, Alicia Arango, no solo recomienda, sino que además promueve y permite el uso de “herramientas tecnológicas y canales virtuales para que en la mayor medida posible y de manera libre e informada, se adelanten consultas previas de proyectos, obras y actividades (sector minero energético), con las comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena)”.
Al paso de la citada circular externa del Ministerio del Interior salió el ente de control que solicitó revocarla por ser “abiertamente” contraria a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En una carta enviada a la ministra Arango, el procurador delegado de Asuntos Étnicos, Richard Moreno, afirmó que esta decisión afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos en el territorio nacional.
Para el ministerio público la circular “excede las facultades que le otorga la Ley al Ejecutivo durante el actual Estado de Excepción, toda vez que reglamenta el goce y ejercicio del derecho fundamental a la Consulta Previa, limitándolo solo a aquellas comunidades étnicas que tienen acceso a herramientas tecnológicas y canales virtuales”.
Enfatizó en que la circular desconoce que la mayoría de los pueblos étnicos habitan en territorios y regiones que presentan los peores indicadores en materia de desarrollo humano y social, así como las más altas tasas de pobreza en Colombia, a las que se suman dificultades en materia de conectividad, cobertura y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellos a los servicios de internet.
En la confrontación terció la Corte Constitucional al señalar que en el fondo se deben respetar los usos y costumbres de las etnias y perseguir el diálogo intercultural en una consulta previa sin importar los canales de comunicación a los que se deba recurrir. Es decir que ellas son las que deben decidir si realizan asambleas presenciales o través de canales virtuales.
Registros del Ministerio del Interior indican que con corte al 17 de marzo pasado (un día antes del inicio de la cuarentena) la cifra de consultas previas activas era mayor a los 10.200 procesos en sus diferentes etapas, de las cuales la gran mayoría seguirá su camino en la etapa de licenciamiento ambiental.
Otros datos de la citada cartera indican que son cerca de 600 el número de procesos de consulta que se asocia a proyectos de inversión que están en lista de espera para su desarrollo.
Voceros del Ministerio del Interior le indicaron a Portafolio que el desafío para el país en términos de inversión está en buscar formas concertadas de diálogo y que la consulta previa tiene como núcleo esencial la garantía de la participación, lo que podría abrir la puerta a mecanismos tecnológicos para su desarrollo como los canales virtuales, sin descartar que las asambleas presenciales seguirán en la agenda.
Alfonso López Suárez