Finalmente, se acabó la espera y tal como se avisó desde que estuvo en el radar de la opinión pública, la reforma al Sistema General de Participaciones recibió la bendición del Congreso y entró en la recta final para convertirse en ley de la República, pese a las alertas que se lanzaron desde el mercado por sus efectos fiscales.
A falta de la conciliación, que deberá darse antes del 16 de diciembre, y su posterior paso a sanción presidencial, ahora la atención de los expertos se centra en la otra mitad de esta reforma, que se tuvo que acordar para lograr que el Legislativo le diera las ocho aprobaciones que necesitaba. Se trata de la transferencia de competencias que deberá ser presentada antes de mediados del otro año.
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No hay que olvidar que aunque sus autores, dicen que la puesta en marcha de esta propuesta es un paso trascendental para avanzar en la descentralización de Colombia, tal como lo estableció la Constitución Política de 1991, los análisis que se han dado a conocer sobre la reforma, dicen que puede llevar al país a un escenario de inviabilidad fiscal.
El Centro de investigación económica y social Fedesarrollo publicó este martes -3 de diciembre- sus percepciones sobre el texto que finalmente salió de la Cámara y manifestó que tres puntos importantes quedaron por fuera de los cambios que se buscan y que ahora deberán ser prioridad en los trámites por venir.
Aprueban reforma al SGP
César Melgarejo / EL TIEMPO
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, indicó que esto no es un tema menor si se tiene en cuenta que se habla de las transferencias que hace el Gobierno Nacional a las entidades territoriales para el financiamiento de la educación, la salud y el agua potable y saneamiento básico, entre otros elementos.
“Si bien resta una ley de competencias que determinará cuáles son los gastos que se trasladarán a las entidades territoriales, persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un período de 12 años, que en nuestros cálculos, equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto”, destacó.
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Para Mejía, el primer frente descuidado, dentro del fortalecimiento de la autonomía y la eficiencia del gasto a nivel territorial, es el mejoramiento de los ingresos tributarios, que desde su conocimiento son parte importante de los recursos de las regiones y que al seguir igual, mantendrán la dependencia en los dineros del gobierno central.
“Segundo, las capacidades institucionales a nivel local, es una reforma, en este caso homogénea que no considera las diferencias de las capacidades locales en los diferentes municipios y departamentos del país. Y tercero, no hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para lograr que esos recursos que se ejecuten en el orden territorial, realmente tengan el impacto deseado”, contaron.
Pesos colombianos
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Con esto sobre la mesa, el Director de Fedesarrollo sostiene que “las consecuencias de la aprobación de esta reforma tendrán, por supuesto, que ver con el aumento del riesgo de las finanzas públicas, del riesgo país, es decir, en las tasas de interés de la deuda pública y también un deterioro en el precio de otros activos, como la moneda local, entonces no nos deberían sorprender presiones al alza en el dólar y depreciaciones de la moneda colombiana”.
También puso sobre la mesa que “seguramente vendrán los análisis posteriores de las agencias calificadoras de riesgo, sobre las implicaciones de esta reforma, en términos de la sostenibilidad de la deuda pública del país”.
Si bien ya se surtió la parte más dura del proceso, desde el Gobierno Nacional todavía no aflojan, dado que el documento definitivo debe estar listo antes del 16 de diciembre, pues al tratarse de una reforma constitucional no puede ser discutida en sesiones extraordinarias. De no cumplirse con las fechas establecidas, la iniciativa se hundiría por falta de trámite.
