Conecte con nosotros

Archivo

Las denuncias de líderes de Buenaventura serán incluidas en informe final de la Comisión de la Verdad

Publicado

en

Comisión de la Verdad incluirá denuncias de líderes de Buenaventura en su informe final

Además de conocer de cerca la grave situación que se vive en esta ciudad del Valle del Cauca, esta entidad también dialogó sobre los problemas estructurales que desde hace décadas ha soportado esta población, como la pobreza, el racismo y el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad arribó a Buenaventura (Valle del Cauca) para escuchar a las organizaciones sociales que, desde hace dos semanas, le están exigiendo al Estado que tome acciones sobre la crisis humanitaria que viven sus comunidades. Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y Leyner Palacios, comisionado de la Verdad, conocieron de primera mano los problemas estructurales de esta ciudad, para tenerlos en cuenta a la hora de escribir las recomendaciones para la no repetición que presentarán en su el informe final, que será entregado en noviembre de este año.

A este conversatorio privado asistieron 15 delegados de organizaciones sociales, entre ellas, la Comisión de la Verdad Interétnica del Pacifico, Fundescode, Pastoral Social, quienes expresaron su preocupación por la persistencia del conflicto armado en su territorio. Por temas de seguridad prefirieron pronunciarse de manera colectiva y exigirle al Estado garantías de no repetición para los pueblos étnicos, que han sido tan afectados en la guerra. Se refirieron, además, a las consecuencias de la estigmatización, los asesinatos de líderes y la violencia contra las mujeres, fenómenos que no cesan a pesar de la firma del Acuerdo de Paz.

Una de las personas que asistió a la reunión calificó el encuentro como una “luz de la esperanza” para que se implemente a cabalidad el punto cinco del Acuerdo de Paz, sobre la reparación a las víctimas. “Hablar con el padre fue la posibilidad de narrar desde los territorios los hechos que hemos vivido las víctimas. Queremos restaurar un tejido social y esto solo es posible a través del diálogo. Hasta hoy no habíamos tenido este espacio. Soy de la zona rural de la ciudad y allá nadie llega. Que la Comisión esté en Buenaventura tomando nota de lo que estamos viviendo es muy importante”, señaló.

Tanto en la zona rural como en la urbana, denunció la fuente, se presentan a diario asesinatos, reclutamientos y enfrentamientos entre grupos armados: “Eso ha hecho que la comunidad esté intranquila, que no podamos salir de las casas, que se escuchen las balaceras. Queremos una justicia, una verdad y garantías de no repetición. Esperamos que ese informe que se entregará recoja lo que hemos vivido para que pueda menguar el conflicto armado”.

Pero además del informe, según otro líder, se necesita “inversión social, presencia efectiva del Gobierno y que se ponga en marcha las peticiones por la comunidad”. Buenaventura, dijo, “no es un puerto sin comunidad. Por el contrario, es una población diversa de indígenas, afros y campesinos, que merecen vivir en armonía y tranquilidad”.

El comisionado Palacios, ante las denuncias, ratificó el compromiso de la Comisión de hacer un informe con un enfoque de reconciliación, pero contando todas las verdades de las afectaciones del conflicto armado que aún el país desconoce. También anunció que “con el pleno de comisionados decidimos fortalecer la dirección de pueblos étnicos, porque somos conscientes de que tenemos vacíos y necesitamos apuntar más a algunos elementos que ustedes nos han señalado”.

Asimismo, Palacios mencionó que en este documento se incluirá un capítulo de género que hablará de las violencias múltiples hacia las mujeres y de las consecuencias de la guerra que han vivido los niños, niñas y adolescentes: “En ese sentido Buenaventura es un punto de referencia muy importante para la construcción de ese capítulo”.

Si bien la Comisión, espera que la recomendaciones del informe final contribuyan a transformar en algo la realidad, Palacios dejó claro que como entidad no se pueden prometer soluciones inmediatas. Con esta afirmación estuvo de acuerdo el padre Francisco de Roux, quien les propuso a las vocerías plantear los problemas estructurales de fondo, para que luego estos sean comunicados “a los políticos y los empresarios del país”.

“Me da mucha esperanza cuando ustedes dicen que les quitaron hasta el miedo. Y les digo que no le tengan miedo a la verdad, porque nosotros vamos a decir unas verdades muy profundas. Nosotros queremos depositar en ustedes el legado de la Comisión porque lo hemos trabajado juntos y porque ustedes venían luchando por esto desde mucho antes de que nosotros existiéramos y lo van a continuar”, agregó el presidente de la Comisión.

La pasado 3 de febrero miembros de la comunidad del barrio Juan XXIII, de Buenaventura, denunciaron que dos grupos armados se enfrentaron con armas de fuego y artefactos explosivos en la zona. La crisis de seguridad y el temor a quedar en medio del fuego cruzado, llevó a que por lo menos 30 familias salieran desplazadas de ese barrio.

Al parecer, se trata de disputas entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, cuyo accionar ha sido alertado y documentado por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el hecho develó otros problemas que se viven Buenaventura, como el reclutamiento, el hambre, la desigualdad, el abandono del Estado y el recrudecimiento de la violencia.

Hace cinco días, habitantes de Buenaventura hicieron un recorrido de 22 kilómetros de línea humana, para exigir paz en el territorio. La actividad estuvo liderada por el obispo de la ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien aseguró que con esta actividad buscan que haya un cese definitivo de acciones violentas como homicidios, extorsiones, confinamientos y desplazamientos.

El Espectador

 

 

Archivo

Policía Nacional realizó la incautación de una granada de fragmentación y un fusil en Buenaventura

Publicado

en

Policía Nacional realizó la incautación de una granada de fragmentación y un fusil en Buenaventura

Además de la granada de fragmentación, también fue hallado cerca de un sector de baja mar un fusil calibre 5.56 mm con municiones

La Policía Nacional en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Armada y la Fiscalía General de la Nación, realizó la incautación de una granada, un fusil calibre 5.56 y municiones, en procedimientos realizados en el sector conocido como los Ángeles.

Policía Nacional realizó la incautación de una granada de fragmentación y un fusil en Buenaventura

Un joven de 14 años de edad fue aprehendido a quien se le incautó una granada de fragmentación, el aprehendido y elemento fueron dejados a orden de la unidad de responsabilidad penal para adolescentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos, para el restablecimiento de sus derechos.

Policía Nacional realizó la incautación de una granada de fragmentación y un fusil en Buenaventura

En otro procedimiento realizado en el sector de los Ángeles, cuando unidades policiales del grupo de intervención realizaban patrullajes de registros, verificación en cercanías a la zona de bajamar, hallaron abandonado un fusil calibre 5.56 MM, con un proveedor y 32 proyectiles para el mismo. Estos elementos fueron dejados a orden de la Fiscalía General de la Nación.

Seguir Leyendo

Archivo

Aprobado: Internet un servicio público esencial en Colombia

Publicado

en

Aprobado: Internet un servicio público esencial en Colombia

Argentina, México, Costa Rica, Holanda y Francia son solo algunos de los países que han declarado internet un servicio público esencial y universal, una realidad que ahora empieza a gestarse en Colombia.

Así lo establece un proyecto de ley que este jueves ha sido aprobado por unanimidad en plenaria del Senado de la República y que ahora se convierte en un verdadero hito para los colombianos. El representante Rodrigo Rojas, promotor del proyecto, dijo que a la fecha solo 7.6 millones de hogares tienen acceso fijo a internet, es decir apenas el 14 % de las familias colombianas cuentan con el servicio. En la zona rural del país el problema de conectividad se agudiza aún más, donde apenas el 6.7 % de hogares con niños estudiando entre los 5 y 18 años cuentan con Internet.

“Esta iniciativa busca cerrar la brecha digital y avanzar en conectar a los colombianos que viven en las zonas rurales y apartadas del país al establecer medidas concretas para el Gobierno, junto con otras encaminadas a estimular el despliegue de infraestructura y la conectividad”, dijo Rodrigo Rojas.

Objetivo del proyecto:

Garantizar el derecho efectivo al acceso a internet, con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica de los usuarios.

Que los operadores presten un servicio eficiente, continuo y permanente, estableciendo la prohibición de interrupción de las labores de adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones.

Que se focalicen los esfuerzos económicos e institucionales para asegurar el acceso universal a Internet en condiciones de calidad, especialmente para los habitantes de las zonas rurales y apartadas del país.

Que durante estados de excepción y emergencias sanitarias, así no se realice el pago, se brinde navegación gratuita en 30 direcciones de Internet (URL), así como 200 mensajes de texto gratuitos.

Brindar navegación sin costo en el portal de educación dispuesto por los Ministerios de Educación y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Con la aprobación de este proyecto se da un paso fundamental en la intención de cerrar la brecha de conectividad del país para acercar el campo colombiano y las zonas rurales a la conectividad.

RCN Radio

Seguir Leyendo

Archivo

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Publicado

en

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

Fuente: La Liga Contra el Silencio 

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos.

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Galván, coordinador de la Casa Social – Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

070 Recomienda

En las últimas semanas el país ha mirado hacia Buenaventura, una región que desde el 30 de diciembre vive un recrudecimiento de la violencia en sus calles. Le explicamos por qué protesta Buenaventura.

Click aca para ver

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice.

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

La fuerza pública recorre el barrio Juan XXIII, un corredor estratégico para la salida de la droga y la entrada de armas, ya que se comunica con otros sectores por el estero y tiene salida al mar.

 

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (…) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan.

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía.

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El barrio Juan XXIII fue uno de los barrios más afectados en el pico de violencia más reciente que se registró entre diciembre y febrero de 2021. Las balaceras en las noches por los enfrentamientos entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos generaron terror.

 

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (…). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros.

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Luego del más reciente pico de violencia en Buenaventura, el gobierno anunció una intervención en la ciudad con la llegada de grupos especiales de Policía e Infantería de Marina, que patrullan los barrios.

 

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.

Seguir Leyendo

Tendencias