Redacción
El viernes pasado tomó posesión el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal López.
Tras asumir su mandato por los próximos dos años, habló sobre la posibilidad de que la competencia de la Jurisdicción se amplíe para juzgar a miembros del ELN y las disidencias que eventualmente se sumen a la Paz Total, y sobre las lecciones que la JEP podrá aportar a nuevos sistemas de justicia transicional.
Se viene una época muy intensa para la JEP. ¿Qué puede esperar el país durante los próximos meses?
Con los grandes avances que estamos teniendo en las investigaciones, lo que se abre es el capítulo de los juicios, que son juicios muy particulares. Esas audiencias están diseñadas para que se encuentren las víctimas y los comparecientes, para que haya una interlocución mayor y las víctimas puedan hablar sobre esa deuda que hay con ellas. Que los comparecientes hagan aportes para que se materialicen en el otro gran debate, que es el de nuestras sanciones. Tenemos otras expectativas que tienen qué ver con las amnistías a lo que fue la gran tropa de las Farc, que está pendiente, y las amnistías para aquellos que no fueron escogidos como máximos responsables de la Fuerza Pública, que sería una definición de la situación jurídica.
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¿No le parece un gran reto?
Tenemos la institucionalidad, la experiencia y la dinámica de la JEP que nos permitirá profundizar en los temas de participación, de presencia en el territorio, de interlocución con las víctimas, que es lo que le estamos ofreciendo al país: nuestras audiencias, esos encuentros entre víctimas y comparecientes que sacuden la opinión pública y que nos hacen conscientes de la transición en la que estamos. Creo que eso lo vamos a ofrecer con más profundidad ahora.
¿Cuándo saldrá la decisión sobre ‘falsos positivos’ en el Catatumbo?
Como va a ser la primera audiencia de este tipo que vamos a realizar, no es tan posible establecer una fecha. Va a tener muchos elementos y será muy novedosa. Es un poco lo que le pasó al Caso 001. Arrancamos diciendo: “La resolución de conclusión dura seis meses” y nos tomamos cinco años. Yo no me atrevería, por la misma razón, a decirle cuánto se va a demorar esa audiencia, porque es la primera. Tal vez después sea más fácil calcularlo.
Hay comparecientes que, sin aportar verdad, quieren aprovechar ciertos beneficios. ¿A la Jurisdicción le falta ser más estricta?
Ahí valdría la pena hacer una pequeña aclaración, y es que el mecanismo que nos dan la ley y la Constitución es doble: uno, cualquier compareciente que viene a la JEP, como una condición para estar en ella, tiene que aportar verdad exhaustiva y detallada, pero la misma ley le confiere al compareciente un derecho que no es de la JEP, sino un derecho de la Constitución, que es la presunción de inocencia. Una persona no está obligada a imputarse a sí misma y por eso nosotros no podemos obligarlos a reconocer.
¿Qué se hace en ese caso?
Para la JEP no es una panacea ni es una fórmula de éxito terminar expulsando a una persona de la Jurisdicción. Si una persona no reconoce la responsabilidad, la ley nos dice que la vía inmediata no es la expulsión, sino que ella va por el camino del no reconocimiento, la acusamos y tiene una consecuencia: enfrenta hasta 20 años de cárcel, y eso sucede dentro de la Jurisdicción.
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Nuestro esfuerzo es el de promover los aportes de verdad, porque eso es lo que le sirve al país y a las víctimas, y la satisfacción que tenemos es que el 90 % de las personas que hemos acusado han reconocido su responsabilidad, incluyendo a los miembros de la Fuerza Pública y el 100 % de los miembros de las antiguas Farc. Creo que ese es nuestro logro.
¿Han evaluado cómo van a ser las sanciones propias de la JEP?
Claro, llevamos años trabajando en eso. Hemos construido el sistema restaurativo, que se trata de construir proyectos de sanción propia. ¿Cómo funcionan? Primero, con unas consultas muy gruesas a las víctimas. A la JEP le presentaron mil informes de organizaciones de la sociedad civil sobre graves crímenes ocurridos durante el conflicto. Buena parte de esos informes traen propuestas de las víctimas sobre cómo se imaginan ellas las sanciones propias. Ese material lo hemos estado trabajando y nos condujo a grandes proyectos de sanción.
¿Cuáles son esos proyectos?
Estamos priorizando algunos. Unos que nos dice la ley, como proyectos de desminado y educación en el riesgo de minas, una de las cuestiones más sensibles. Y hemos establecido una serie de prioridades: restauración ambiental, obras pedidas por las víctimas, centros de salud, colegios, carreteras, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, incluso proyectos educativos. Todo eso son ideas que nosotros tomamos de las víctimas, que las hemos estado considerando con unos comparecientes que tienen toda la disposición a cumplirlas.
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¿Las sanciones estarían listas para cuando tomen las decisiones?
Estamos en el proceso de construcción. Esperamos que en el primer semestre del año entrante empiecen a funcionar los proyectos, porque además la ley nos permite algo del derecho penal, y es que los comparecientes pueden empezar a cumplir su sanción desde el momento en el que está listo el proyecto. Esa característica se llama cumplimiento anticipado de una sanción, que es lo que pasa en la justicia ordinaria, que a los detenidos les cuentan el tiempo de detención preventiva.
¿Cree que la JEP será suficiente para juzgar a quienes se sometan a todos los procesos incluidos en la Paz Total del Gobierno Petro?
No le podría decir cuál es la fórmula. Pablo de Greiff, el experto colombiano en justicia transicional que está en Ucrania, nos decía que la justicia transicional en muchos lugares ha sido víctima de su propio éxito y eso lo tenemos en cuenta.
Sabemos que no es tan simple como ampliar las competencias de la JEP para juzgar al resto porque la respuesta a eso es un sistema de entidades. No tengo la respuesta ahora, pero la pregunta nos lleva a pensar que, para las nuevas iniciativas de paz, lo que está claro es que deberán tener un componente de justicia.
¿Cómo lo ve hasta el momento?
Hoy no hay ninguna transición hacia la paz sin justicia: se pueden hacer las amnistías más amplias posibles, pero los crímenes más graves y los máximos responsables tienen que ser juzgados. Así no fuera la JEP la que asumiera esa competencia, su aprendizaje no podría dejar de tenerse en cuenta para un proceso de estos. Yo creo que es imposible. O sea, elementos como la priorización y la selección, que no se tenga que investigar todo, como le toca a la justicia ordinaria, sino que se pueda concentrar en los eventos más importantes y determinantes; que los juicios se concentren en máximos responsables, eso ya es un patrimonio de la Nación. Hay un horizonte más amplio. Son herramientas que el Gobierno tiene en sus manos y tendrá que considerarlas para las decisiones que debe tomar.
¿Han tenido algún encuentro con el Presidente para hablar de eso?
La primera visita que hizo el presidente Gustavo Petro a una alta corte fue a esta. Nos visitó en la plenaria y tuvimos la ocasión de tener una discusión extensa, no sobre los mecanismos, sino que vino con mucha deferencia a presentarnos sus proyectos de Paz Total y nos preguntó: “¿Ustedes cómo pueden contribuir a esto? Y espero que nos den ideas”. Entonces creo que desde ese minuto, incluso antes de la posesión, eso está en la agenda.
