Redacción
Este domingo 4 de julio se cumplen 30 años de la firma de la Constitución Política de 1991, la cual se mantiene vigente y que trajo grandes cambios para Colombia, pues en ella se establece un Estado Social de Derecho, con democracia pluralista, y énfasis en la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles.
(Lea también: La Constitución de 1991).
La ‘Carta Magna’, como también es denominada, reformó la Constitución de 1886 y puso fin al Estado de Sitio, que facultaba al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley.
Bajo la nueva Constitución se crearon instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Junta Directiva del Banco de la República, con el propósito de garantizar los derechos y libertades de los colombianos, su principal misión.
Aquí le contamos cuáles son las funciones de estas instituciones y qué cambios trajeron para Colombia.
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Es una entidad de la rama judicial del poder público con autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos administración de justicia.
Además de la creación de la Fiscalía, también se estableció un sistema judicial como una rama autónoma del poder público.
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Está integrada por nueve magistrados, nombrados por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años de ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
La Corte Constitucional fue instalada el 17 de febrero de 1992 por el entonces presidente César Gaviria Trujillo.
De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, entre sus funciones están:
Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución; decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución; decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, y decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, entre otros.
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Mediante los artículos 281 y 282 de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho.
De esta manera se constituye en autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes se les ha delegado funciones de carácter público, respecto de los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual se le ha surtido de procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus acciones y tareas.
La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.
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Así mismo, se esta junta está encargada de fijar la política monetaria del país.
La creación de la Junta Directiva del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional.
Archivo EL TIEMPO
