El Gobierno Nacional no tiene la menor duda de que el aislamiento preventivo obligatorio, por la emergencia sanitaria ante la pandemia de la covid-19, desencadenará una oleada de demandas contra la Nación de peronas naturales y jurídicas, las cuales alegarán afectaciones económicas por la medida.
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En diálogo con Portafolio, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), explicó cómo se viene organizando la entidad para atender la cascada de demandas contra la Nación a nivel nacional, regional y local. Y subrayó que en las medidas adoptadas por el Ejecutivo primó el derecho fundamental de la protección a la vida.
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¿Por qué el aislamiento llevaría a personas naturales o jurídicas a demandar al Estado?
Las controversias pueden existir tanto desde los temas contractuales como extracontractuales. La suspensión de la movilidad o los perjuicios que se pueden desencadenar por las medidas del Gobierno para atender la emergencia, llegarían a ser un motivo. Pero hay que tener en cuenta que la principal razón de las decisiones del Ejecutivo es que debe estar por encima la salud. La persona natural o jurídica considerará que es demandable el aislamiento, y está en su derecho, pero no significa que vaya a ganar el caso.
¿El aislamiento iría en contra de los derechos fundamentales de la Constitución Política?
No. Puede que restrinja el derecho fundamental de la libre circulación de los ciudadanos, pero es porque hay un derecho superior, el de la protección a la vida y a la salud. Este es el primer derecho fundamental que se debe proteger por parte del Estado. Pero no faltará el abogado que opine que el Gobierno no debió restringir la libre movilidad.
¿Cuánto sería el monto total de las demandas por el aislamiento?
Es imposible tener ese número estimado. Hay que confiar que el volumen y las partidas por las que se demandará al Estado sean sensatas. Los argumentos con los que se defenderá la Nación son contundentes, claros y precisos. Lo que se presentó fue una situación de fuerza mayor, imprevisible, que no dependió de la Nación, ni de los particulares. El Estado no es el causante ni el que generó la coyuntura, pero sí ha tomado la medidas de manera prudente para evitar la propagación.
¿Cómo se está organizando la agencia para hacerle frente a esta ola de demandas?
La agencia viene desde hace más de tres semanas capacitando a los abogados que defienden al Estado sobre este tema. Las 240 oficinas jurídicas nacionales y los 4.200 abogados vienen recibiendo información sobre las causas específicas y sustento en jurisprudencia, que es inédito en el derecho, y sobre cómo se debe defender a la Nación.
Esto va a derivar en nuevas tesis de responsabilidad del Estado, tanto en materia contractual como extra-contractual.
¿Cómo se están preparando a nivel logístico y operacional?
Un elemento importante a resaltar es que se pone en marcha una nueva función de la Agencia, que consiste en asesorar desde el punto de vista legal tanto a las oficinas jurídicas del orden nacional, como a los municipios y departamentos cuando se presente un proceso de demanda contra el Estado.
Estamos finalizando la etapa de asesoramiento. Los litigios no solo serán a nivel nacional, sino también local y regional. Y la estrategia se concentrará en la prevención del litigio, así como la atención del mismo.
¿La agencia hará parte de la defensa de los decretos del Gobierno ante la Corte Constitucional?
La agencia hace parte del equipo que defiende los proyectos y de los decretos expedidos. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República ha actuado prudentemente para evitar que las normas en el control de constitucionalidad sean declarados inexequibles. Además, estamos preparando todas las tesis legales para defender la responsabilidad del Estado en esta materia.
¿La mayoría de demandas vendrían de las pymes que no fueron cobijadas con las medidas del Gobierno?
Lo primero que se debe subrayar es que el Ejecutivo ha tomado las medidas que se necesitan y de manera pudiente, y salvaguardando todos los derechos fundamentales de las personas, manteniendo la economía y preservando la vida y la salud.
Las pymes alegan demora en el desembolso de recursos por parte de los bancos, que inevitablemente las llevará a la quiebra.
Con respecto a los bancos, existe una controversia por la demora en la gestión y desembolso de ayudas. Pero esta demora no se origina en las medidas que dictó el Estado. La responsabilidad recae directamente en el sistema financiero.
Y si las pymes adelantan sus demandas, se llamará al proceso a los bancos para que expliquen porque no hicieron de forma acelerada el desembolso, si existe la garantía de respaldo por parte del Estado.
Los restaurantes, bares, peluquerías y gimnasios, que ante la prolongación del aislamiento han tenido que cerrar sus puertas, ¿contemplan demandar al Estado?
Aquí la pregunta es: qué hubiera sucedido a nivel de salud si no se ordena el cierre de estos establecimientos como medida sanitaria. Si no se lleva a cabo la orden de confinamiento, estos lugares se hubieran convertido en focos de contagio. El Estado no es responsable cuando la medida se orienta a la prevención.
El problema es que hay una coyuntura de salud pública y de riesgo en la vida de los ciudadanos, y que bajo el principio de solidaridad establecido en la Constitución, se tomaron esas decisiones desde el Ejecutivo.
