Pese al incremento registrado en controles al contrabando por parte de las autoridades, algunas ciudades, principalmente las de frontera, continúan sufriendo la entrada de mercancía ilegal por diferentes rutas y modalidades.
Las fronteras son las de mayor afectación. Cúcuta, por ejemplo, tiene, según autoridades, 11 rutas, o trochas (caminos ilegales) identificadas.
En el sur de Norte de Santander, los lugares identificados como pasos de contrabandistas son los municipios de Herrán, Ragonvalia, Toledo y Chinácota. También en zonas rurales de Labateca, Pamplona y Málaga, en Santander.
A su vez, está Ipiales, en Nariño, donde se realiza el 20 por ciento de los decomisos a nivel nacional, principalmente en la vía Panamericana que de este municipio conduce a Pasto y también por trochas establecidas a los costados del Puente Internacional de Rumichaca. En Ipiales han identificado 23 pasos ilegales.
En el caso de Medellín, el contrabando ingresa desde el Golfo Urabá en la modalidad de cabotaje, utilizando lachas rápidas entre Panamá y Colombia, luego es transportada vía terrestre por camiones hasta la capital antioqueña.
Cada año, las autoridades le quitan más de 100.000 millones de pesos al contrabando solo en Buenaventura.
No es una tarea sencilla. Las cadenas de control, según autoridades, se rompen porque hay sombra de miedo y operan redes de fichas claves para burlar dispositivos. Es una red de varias cabezas bajo la mira de bandas como el ‘clan del Golfo’, ‘la Empresa’ y disidencias.
Es un drama que no perdona. El pasado 16 de noviembre del 2017 la directora de la Aduana, Claudia Gaviria, fue objeto de un atentado con fusil cuando iba en su carro blindado por Buenaventura.
El ataque fue relacionado con un golpe al blanqueo de dinero con 14 contenedores procedentes de Asia y Panamá, cargados con confecciones y calzado, cotizados en unos 40.000 millones de pesos. Detrás estarían el ‘clan del Golfo’ y capos de Sinaloa.
A un puerto como el de Buenaventura le ingresan más de 80.000 contenedores mensuales. Es complejo y costoso sostener controles en el total de las cargas.
El año pasado, los decomisos superaron los 115.000 millones de pesos en cerca de 500 aprehensiones. Fueron instauradas un centenar de denuncias penales por contrabando y fraude aduanero. Adicionalmente se autorizaron 36 reembarques y 101 abandonos.
En abril pasado, la Dian abrió investigación al representante legal de una comercializadora cuando se disponía a ingresar mercancías por unos 15.000 millones. En los papeles se decía que entrarían máquinas de cortar césped pero se halló licor, cigarrillos y zapatos, procedentes de China.
Este año se han decomisado 184 contenedores cotizados en más de 24.000 millones. Y se ha realizado un recaudo de 4.974 millones de pesos por ajustes al valor de la mercancía.
Los controles se aplican en el área urbana de Cali y en puntos claves de la carretera a Buenaventura. Se han decomisado contenedores en carros de carga o en bodegas y se ha avanzado en la tarea, sostiene el coronel Luis Eduardo Sánchez, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con jurisdicción hasta Putumayo.
El año pasado se reseñó el decomiso de más de 100.000 pares de zapatos, 3,8 millones de prendas, 150.000 juguetes y unos 20.000 computadores.
En un operativo, el CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional recuperaron mercancía por 432 millones de pesos, que había sido hurtada de varias bodegas de Buenaventura el pasado 8 de julio.
Esa mercancía pertenecía a ‘la Empresa’, otra organización que nació para enfrentar delitos pero entró en los negocios clandestinos.
Fuente: El Tiempo