En medio de la emergencia del coronavirus hay hechos violentos contra líderes que no paran e investigaciones que no avanzan. Solo esta semana fueron asesinados tres líderes sociales, dos de ellos indígenas embera.
Veintitrés días después del asesinato del escolta del líder social Leyner Palacios aún no hay ningún capturado ni se sabe quién ordenó su muerte. Sin embargo, para Leyner y los líderes cercanos a él, es una amenaza por sus recientes denuncias sobre la connivencia entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo en Bojayá y, principalmente, por su trabajo en la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
Una comisión creada por las comunidades que está recopilando verdades incómodas para muchos poderosos.
“Es mandar el mensaje de dejen la bulla, cállense, es meter miedo para que uno no continúe”, le dijo a La Silla el secretario ejecutivo de la Civp en Buenaventura, Héctor Micolta. “Son formas de decir, nos estamos acercando a usted”.
La apuesta por la verdad desde el territorio
La idea de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (Civp) nació desde 2014, cuando organizaciones de víctimas fueron a la Habana para aportar a la Mesa de Negociación con las Farc sus ideas para el punto de reparación a las víctimas y al capítulo étnico. De allí salieron 5700 iniciativas para reclamar la verdad.
A raíz de eso, organizaciones sociales y líderes como Leyner plantearon la idea de crear una comisión autónoma de la verdad, que se fue construyendo poco a poco hasta que se materializó el 22 de marzo del año pasado cuando se lanzó oficialmente en Quibdó, Chocó.
“La verdad aquí se ha contado desde el actor armado oficial, Ejército, Policía, esa verdad se conoce; con el acuerdo, se ha escuchado a las Farc, a las AUC, pero no se han escuchado a las comunidades que fueron las que sufrieron y han puesto los muertos y que hemos sobrevivido”, le dijo a La Silla Micolta.
Ese relato sobre el conflicto en sus territorios, desde 1985 hasta 2016, servirá de insumo para el informe final que deberá entregar a finales del otro año la Comisión de la Verdad, que de manera independiente está haciendo su propia investigación en el Pacífico.
Esa comisión contrastará el informe de las comunidades con otras fuentes e incluso con los señalados como responsables de casos puntuales, según le dijo a La Silla la comisionada indígena Patricia Tobón.
La Civp está conformada por 30 organizaciones sociales afros e indígenas, con larga trayectoria y reconocimiento a nivel nacional como el Proceso de Comunidades Negras; organizaciones de cabildos indígenas y los principales consejos comunitarios de Cauca, Valle, Chocó y Nariño como Acadesan y Cocomacia, consejo mayor del Atrato, propietarios de 700 mil hectáreas de tierra colectiva. Además, están ocho diócesis de la iglesia católica del Pacífico.
Es decir, en la Comisión están representadas las organizaciones que han vivido en el Pacífico durante más de 30 años, lo que les facilitará acceder a testimonios delicados. Sobre todo porque en esta región están el 7,2 por ciento de víctimas afro y el 1,9 por ciento de indígenas de todo el país.
La comisión se financia con aportes de las mismas organizaciones adscritas a la Civp y cooperación internacional.
Los callos que están pisando
Pese a las dificultades que han tenido por temas de seguridad y al temor que sienten muchos con el reciente asesinato de Arley Hernán Chalá, el escolta de Leyner, o el atentado al líder social Orlando Castillo de Buenaventura en febrero, los seis líderes de la Civp con los que hablamos coinciden en que no pararán en la construcción de su memoria.
“Para que nos maten callados, mejor que nos maten hablando”, dice un líder social del consejo comunitario Cocomacia en Chocó, que no citamos por seguridad.
Cada subregión definió qué temas les generaron más daño para intentar reconstruir el caso, y entender. Fuera de la violencia ocasionada por los grupos armados, están documentando el impacto de megaproyectos de empresas privadas, que consideran les han hecho más daño que bien.
En Chocó, por ejemplo, quieren contar cuáles fueron los daños de la minería a gran escala a manos de foráneos.
Dicen que la explotación de oro y platino y la tala de árboles en zonas como Vigía del Fuerte, Medio Atrato, Quibdó, San Juan, generó no solo contaminación con mercurio, sino otros problemas sociales: prostitución, bandas delincuenciales, inflación, deserción escolar y una transformación del trabajo de los mineros artesanales en empleados mal pagos de las empresas mineras.
“Uno se va por canoa y le da tristeza ver el río Andágueda como quedó a través de la minería ilegal […] Uno ve para ambos lados los montones de piedra y el río parece un cadáver. Uno ve el colino, las matas de pancoger que siembran en las islas de las orillas y las ve amarillas, uno no ve un racimo, no ve una palma de chontaduro, uno no ve zapote, uno no ve nada; todo, todo lo acabaron. Todo lo acabaron: la madera, todo lo acabaron”, es uno de los testimonios que está en el primer informe publicado sobre Chocó, ´Memoria para la Paz´.
También quieren contar cómo Bojayá perdió gran parte de su vocación agraria porque sus ríos se convirtieron en corredores de droga y armas; cómo los campesinos tuvieron que evitar ir a determinadas zonas, protegerse de las confrontaciones, huir.
Y entender por qué el Estado omitió las alertas que la Defensoría del Pueblo había lanzado sobre el riesgo inminente de la comunidad antes de la masacre de Bojayá, que dejó 79 muertos (28 familiares de Leyner), según le dijo a La Silla un líder social del consejo comunitario Cocomacia de Chocó, que nos pidió no ser citado por seguridad.
De hecho, hace dos semanas iban a lanzar un documental en el Festival de Cine de Cartagena sobre la masacre de Bojayá con los testimonios de Leyner y otros sobrevivientes. Leyner ha denunciado que actualmente Bojayá sigue estando en riesgo por los enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo y alianzas entre militares e ilegales.
En Buenaventura, un proceso clave a esclarecer, según le dijeron a La Silla Micolta y otros dos integrantes de la Civp, es la relación que ellos ven entre la construcción de los terminales portuarios de TCBuen en Bajo Calima y Aguadulce, en la comuna 6, con el desplazamiento forzado de comunidades afros y la crecida de la violencia en los barrios que fueron luego ocupados por los puertos.
“Para nosotros hubo una estrategia de volver el territorio invivible, crear un ambiente de disputas de bandas, hasta que se impuso una, y luega esa se relacionaba con empresarios que venían a implantar esos proyectos de infraestructura”, dijo una líder que nos habló bajo anonimato.
En otra zona golpeada por el conflicto como Tumaco, por ejemplo, sus comunidades quieren contar el despojo que sufrieron y que atribuyen a la llegada de las primeras empresas de palma, como Palmas de Tumaco, a mediados de los 80.
Según le dijo a La Silla Juan Carlos Angulo, representante legal de Recompas, que agrupa a los consejos comunitarios de la costa sur de Nariño: “mucha gente fue presionada a vender sus tierras a bajo precio, bajo amenaza, otra fue asesinada, lo que generó enfrentamientos entre los que querían tierra para titularla colectivamente, pero ya estaba ocupada por palmeros”
Entre los testimonios que están recogiendo hay toda una historia sobre la llegada de los cultivos ilícitos en los noventa al consejo comunitario de Alto Mira y Frontera a manos de campesinos del Putumayo y Caquetá, que generó desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, apropiación de tierras, relación con las Farc, deforestación en grandes extensiones y restricción a la movilidad en zonas controladas por los armados.
El narcotráfico cambió incluso la forma de trabajar. Los que solían pescar en mar abierto en la noche ya no podían hacerlo, porque si se cruzaban con lanchas con coca eran asesinados; muchos de ellos fueron reclutados por las Farc y paramilitares para que manejarán las lanchas con coca, dice Ángulo,.
“Hay muchos pescadores que están capturados en Centroamérica por conducir lanchas”, contó el líder.
En Cauca están documentando el tema de la minería de oro y los asesinatos a médicos tradicionales, que son claves para mantener en armonía el territorio.
Por ejemplo, la destrucción de las selvas les impidió el trabajo de los médicos ancestrales que tomaban sus plantas de allí para curar y, en muchos casos, salvar vidas, según le contó el integrante de la Secretaría General de la Civp y de la organización de consejos comunitarios del Cauca, Orlando Pantoja, a La Silla.
Ahora uno de los grandes retos de la Civp, según él, es que esos relatos que están construyendo ayuden a sanar heridas y a una convivencia pacífica, en cambio de generar más violencia o retaliaciones hacia los líderes sociales que los están impulsando.
“Hay múltiples maneras de entender el mundo y eso implica que la sociedad se sensibilice viendo nuestras realidades”, dice el líder Pantoja del Cauca.