En medio de los desafíos que atraviesa el Gobierno Nacional para allegar un volumen de recursos suficiente con el propósito de contener las crecientes necesidades sociales derivadas de un aumento del desempleo y de una mayor inactividad laboral, la propuesta de desplegar una renta básica universal equivalente a un salario mínimo -impulsada por 54 senadores- ha ocupado parte de la discusión en medio de la pandemia.
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Y aunque las actuales transferencias vigentes que hace el Gobierno Nacional (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA e Ingreso Solidario) cuestan cerca de $3 billones -para un trimestre-, poner en marcha la propuesta que los congresistas enviaron al presidente Iván Duque contempla un salario mínimo mensual que cubra a 30 millones de colombianos (9 millones de hogares) por tres meses. Esto le representaría al fisco cerca de $23,7 billones (2,3% del PIB).
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Ante esa propuesta, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dejó claro recientemente que una medida como esta debería tener más un carácter estructural que coyuntural. Lo anterior, explicó, llevaría a que el gasto focalizado que hace el Gobierno se volvería de carácter más universal que obligaría a tener una capacidad superior de recolectar y procesar datos.
Según este bloque de congresistas, financiar la implementación de este mínimo vital para 9 millones de familias tiene soporte en fuentes existentes como los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, créditos internacionales, préstamos del Banco de la República al Gobierno, dineros ahorrados de gastos de funcionamiento estatal y reasignación de gastos del Presupuesto Nacional.
Sin embargo, más allá de lo manifestado por Carrasquilla, desde el Ministerio de Hacienda ha quedado claro que al Ejecutivo no le alcanzan los recursos para implementar una renta de un salario mínimo durante la pandemia que cobije a 9 millones de hogares.
Incluso, el mensaje desde Hacienda es que existe prácticamente una renta básica universal que llega a 7 millones de personas a través de programas vigentes.
José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República, afirmó que “la renta básica desempeña un papel muy importante. Subsidios condicionados como Familias en Acción están bien y habría que reforzarlos. He propuesto una renta para 8 millones de hogares de $500.000 mensuales, esto sería más real”.
Una renta mensual de este valor, explicó Ocampo, cuesta 1% del PIB adicional. “Esto es algo financiable. Sin embargo, una renta básica universal permanente no es viable. Por otra parte, estoy a favor de una especie de programa para los adultos mayores que tenga que ampliar cobertura y que ojalá se acercara a un salario mínimo”.
De acuerdo con el excodirector Ocampo, financiar esta versión ampliada de los subsidios que el Gobierno ya ha venido dando podría financiarse con crédito, e incluso, con el gravamen temporal a pensiones altas.
A su vez, Hernando José Gómez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, manifestó que hablar de una renta universal es difícil. “El asunto es más un ingreso mínimo vital dirigido a quienes no tengan un ingreso y que les permita superar los niveles de pobreza extrema. Esto podría montarse sobre plataformas como Familias en Acción”, dijo.
“De cuánto sería el apoyo depende de la viabilidad fiscal. Pero si a 5 millones de familias se le dan $400.000 mensuales, esto representaría $2 billones (0.2% del PIB). Se trata de completar un ingreso mínimo vital, o si no, la gente deja de trabajar”, dijo.
Lo anterior, agregó Gómez, a lo largo de un año costaría $25 billones (2,5% del PIB). “En impuestos se recauda 14,5% del PIB, entonces, este apoyo representaría entre el 15% y el 20% de los ingresos tributarios”, señaló.
Por otra parte, advirtió que “si se entra pagando demasiado, se logra distorsionar el salario de reserva de la gente. Esto vale la pena revisarlo para tener una sociedad más equitativa”.
A su vez, el excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, destacó que “en este momento, con este impacto sobre las finanzas públicas, no creo que haya espacio adicional para establecer este mínimo vital. La renta petrolera está virtualmente desaparecida y el hueco fiscal es grande. Además, el endeudamiento -que estaba cerca del 50% del PIB- pasará el 60% del PIB”.
Y aunque el Ministerio de Hacienda lo ha hecho bien en la medida de sus capacidades, dijo Cano, no debe dejarse de pensar en una renta mínima como un objetivo de mediano plazo cuando las finanzas públicas se recuperen. Sin embargo, ante los crecientes gastos del Estado, indicó que estos se financiarán a costa de un endeudamiento adicional que recaerá sobre la próxima generación.
LOS COSTOS DE UN INGRESO BÁSICO
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso la entrega de un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza.
Es decir, al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (aproximadamente 215 millones de personas, o el 34,7% de la población de América Latina y el Caribe).
De acuerdo con los cálculos del organismo, poner en marcha este ingreso básico de emergencia en la región implicaría un gasto adicional del 2,1% del Producto interno Bruto para poder abarcar a todas las personas que se encuentren en situación de pobreza.