Inutilizados, así están los apellidos Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, que Buenaventura tiene por cuenta de la Ley 1617 de Distritos Especiales, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 5 de febrero de 2013. Este es al menos el concepto del creador de esa iniciativa, Heriberto Sanabria.
El acto administrativo por el cual se reglamentó al puerto como un Distrito Especial fue en julio de 2007, pero solo seis años después se inició el proceso de implementación.
“Tienen un diamante en bruto y no lo saben aprovechar, han pasado varias administraciones y son muy pocos los avances”, sostiene Sanabria.
Para el Comité Intergremial de Buenaventura, la ley de Distrito aún no se ha implementado en su totalidad, pues la única reforma evidente ha sido la creación del Establecimiento Público Ambiental, EPA.
“Crear la EPA, que tiene el dominio ambiental en la parte urbana abordó el tema de localidades, y aunque inicialmente eran seis solo se aprobaron dos en el Concejo Municipal”, dijo Mary Estrada, presidenta del Comité Intergremial de Buenaventura.
Beneficios sin aprovechar
Una de las principales ventajas que tendría Buenaventura con la Ley 1617 de Distritos Especiales sería el tener una relación directa con el Gobierno Nacional, para la ejecución de proyectos para la comunidad.
Sin embargo, en 2014, un año después de que la sancionara el presidente Santos, se realizó una nutrida marcha para exigirle al alto Gobierno que le prestara atención a los problemas sociales del puerto.
“En la práctica la ley de distrito no ha servido de mucho, pues no se ha hecho la tarea de reglamentarla y el gobierno distrital tampoco ha tenido la iniciativa”, señala Víctor Vidal, uno de los organizadores de la marcha que fue el inicio de lo que después desencadenó el paro cívico de 22 días en mayo del 2017.
Otro de los beneficios que hacían parte de la expectativa de Buenaventura como distrito fue la devolución de las propiedades que el Estado y la Gobernación del Valle debían hacerle al puerto, y entre ellos figuraba el extenso lote de la antigua Zona Franca, el cual sigue en poder de la Nación.
“La ley decía que debía hacerse la devolución, aunque entendemos que el Estado es uno solo y hay personas que tienen interés en seguir manejando estos terrenos”, recalca por su parte, Edinson Bioscar Ruiz, asesor del alcalde de Buenaventura.
Pese a que los terrenos avaluados en unos $70.000 millones no le pertenecen al distrito, Buenaventura si recibe unos $10.000 millones al año por el arrendamiento de los mismos, dineros a los que no tenía acceso Buenaventura cuando era municipio y no Distrito Especial.
La entrega del control del Muelle Turístico, que se creía que era uno de los bienes que la Nación debía devolverle Buenaventura sigue siendo operado desde el 1 de octubre de 2017 por la Sociedad Portuaria Terminales Marítimos del Pacífico S.A., a la cual, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, a través del Ministerio de Transporte, le otorgó la concesión por dos años. Son líos sin resolver.
Logros y desafíos
El año pasado, el Concejo de Buenaventura le otorgó facultades
al Alcalde para modificar y modernizar la administración distrital.
Posteriormente, se contrató un estudio con la Universidad del Valle, determinar si es necesario ampliar la planta de cargos de la administración, reducirla o modificarla para ajustar el modelo de Buenaventura como Distrito.
El Establecimiento Público Ambiental, EPA, ya tuvo su primer escándalo de corrupción, pues el año pasado, la Fiscalía halló irregularidades en un sinnúmero de contratos por más de $10.000 millones. Uno de los más polémicos, por $300 millones, fue el de la tala de árboles que representaban riesgo de caída.