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Ley de Víctimas cumple 10 años, ¿qué ha pasado en Colombia?

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Ley de Víctimas cumple 10 años, ¿qué ha pasado en Colombia?

Cerca de ocho billones de pesos se les ha entregado a un millón 200 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, al cumplirse los primeros diez años de vigencia de la ley que ordena reparar a quienes han padecido a causa del conflicto armado.

Sin embargo, el total de ese listado abarca a 9.134.347 colombianos de manera individual y a 794 sujetos de reparación colectiva, por lo que muchos se preguntan si la otra década de vigencia que le resta a esa norma será suficiente para cumplir el objetivo con el que fue creada.

“Es una esperanza para las víctimas en el sentido de la implementación de la política pública para poder atenderlas”, aseguró ayer el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, a propósito de los diez años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, que también le dio vida a la Unidad de Restitución de Tierras y al Centro Nacional de Memoria Histórica.

El funcionario destacó que en enero pasado el presidente Iván Duque dispuso que la misma se extendiera durante otra década, puesto que 7.368.335 personas todavía faltan por ser reparadas de manera integral.

Según Juan Fernando Cristo, que siendo senador tuvo a su cargo la redacción de la iniciativa, “esta ha sido la ley más importante aprobada por el Congreso de la República desde la Constitución del 91 y cambió totalmente la concepción de la sociedad y el Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto”.

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Agrega que, tras su aprobación, “más de 20 millones de compatriotas tienen derechos, instrumentos legales para exigirlos, son visibilizados por la sociedad y comenzaron a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país”, además de que ahora “las víctimas gozan de visibilidad en los medios de comunicación y tienen nombres y apellidos”.

De igual forma, Paula Gaviria, la primera directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que “la ley marcó un antes y un después en cómo Colombia asume su propia historia, porque con ella reconoció la existencia de un conflicto armado y las consecuencias del mismo, que es un enorme sufrimiento humano con un impacto en la vida de muchísimas familias jamás registrado en la historia reciente de los conflictos”.

La Unidad de Restitución de Tierras tiene inscritas más de tres millones de hectáreas, de las cuales la mayoría está demandada ante los estrados judiciales.

No obstante, los retos todavía son enormes, dado que una década atrás no se logró cuantificar la magnitud de las víctimas en Colombia y, luego, un fallo de la Corte Constitucional obligó al Estado a reparar, de forma administrativa, a muchas más personas de las que fueron presupuestadas en un principio, alargando las expectativas de la norma.

Ana Teresa Bernal, exconsejera de Víctimas, indicó que “se necesitarían más de 50 años para indemnizar al universo entero de víctimas”, por lo que reconoce que la implementación de la iniciativa es muy compleja. “Lo importante es que se dio un paso en el reconocimiento de la existencia de las víctimas y en el deber del Estado de repararlas, pero de ahí a que se haya cumplido a cabalidad con la ley estamos a mucha distancia”.

Cristo, a su vez, dice que la ley ha hecho una inversión que ningún Estado en el mundo ha hecho, “más de $80 billones”, pero que “obviamente nos falta muchísimo, porque estamos hablando de casi 20 % de la población colombiana, un desafío enorme”.

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Y Gaviria anota que, cuando se estaba buscando la prórroga, el Gobierno reconoció que otros diez años no serían suficientes para reparar a todas las víctimas y que incluso se habló de necesitarse mínimo tres décadas, pero que el Congreso decidió ampliarla solo por dos lustros más.

Sin embargo, en opinión de la exdirectora sí hay voluntad de cumplir la normatividad por parte del Estado. “Hay que reforzar esa voluntad, mandar mensajes muy contundentes y mejorar las articulación de las entidades. El Acuerdo de Paz bien implementado, con las oportunidades que dan los municipios PDET, donde están la mayoría de las víctimas y los procesos de reparación colectiva son una oportunidad gigante de avanzar”.

Por el contrario, Bernal sostiene que “se decía que las víctimas eran el centro del problema y que iban a ser atendidas de manera inmediata, pero la mayoría están sin reparación, solo el 13 % del universo total de las víctimas han recibido la indemnización”.

Denuncias

Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021 se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos realizados después de la fecha de su defunción, por $647 millones, denunció la Contraloría con respecto a la labor adelantada por la Unidad de Víctimas.

El Director de la entidad dijo que pedirá las bases de datos del ente de control para responder el caso.

Santos estará en la Comisión de la Verdad

Este viernes, el expresidente Juan Manuel Santos rendirá testimonio ante la Comisión de la Verdad sobre los ‘falsos positivos’, en un espacio con el que ese organismo busca dar contexto y ayudar a comprender el que es considerado uno de los mayores crímenes registrados en el marco del conflicto armado en Colombia.

Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, cuando se reveló que esos crímenes venían ocurriendo en varias regiones del país, por lo que fueron destituidos varios generales de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con un informe de la JEP, se tiene conocimiento de al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, para obtener beneficios como permisos y reconocimientos.

Según la Comisión de la Verdad, el testimonio de Santos tiene “el fin de aportar en el esclarecimiento de la verdad y brindar un contexto explicativo para el país, pero sobre todo para las víctimas, que ayude a comprender las causas y los impactos de este fenómeno, que afectó a miles de familias”.



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¿cómo va la recolección de firmas?

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¿cómo va la recolección de firmas?

Cerca de 40.000 firmas se han recogido hasta ahora, para pedir la revocatoria del mandato del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, según informaron los promotores de dicha iniciativa.

La convocatoria inició el pasado 3 de mayo, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega de los formatos de recolección de las rúbricas de los ciudadanos que deseen respaldar ese proceso.

Hárold Viáfara, uno de los voceros del comité ‘Cali Primero’, explicó que con ese objetivo se han instalado alrededor de diez puntos fijos en la capital del Valle del Cauca.

Pero además hay brigadas móviles y se adelantan jornadas casa a casa en varias comunas, con el fin de que un mayor número de personas participen de este mecanismo democrático consagrado en la Constitución Política.

“Tenemos hasta el 3 de noviembre para recoger 90.000 firmas que deben ser validadas por la Registraduría Nacional para poder convocar a un referendo, en el que los caleños votarán a favor o en contra de la revocatoria del Mandatario”, expresó Viáfara antes de añadir que para finales de julio próximo esperan haber logrado reunir esa cantidad de respaldos.

“El proceso sigue caminando gracias a la acogida que ha tenido en todos los estratos sociales de la ciudad. Seguimos trabajando para consolidar el derecho ciudadano a revocar el mandato del Alcalde por el incumplimiento de su programa de Gobierno”, indicó.

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Según Viáfara, los puntos en los que habría incumplido Ospina son muchos: seguridad, movilidad, salud, educación, pero también en Emcali dado que, según él, el Mandatario no habría establecido cuáles eran los negocios reales de la empresa ni los fortaleció.

Agrega que producto de ello es la crisis que actualmente presentan unidades de negocios como Teléfonos, Energía y Acueducto y Alcantarillado, “con una Ptar que sigue contaminando el río Cauca”.

Lo más grave, no obstante, sería la corrupción en la contratación: “El Alcalde manejó de manera directa con sus amigos y familiares temas relacionados con el alumbrado navideño; la feria virtual, en la que se perdió mucho dinero, y el Estadio Pascual Guerrero, además de millonarias inversiones en la plazoleta Jairo Varela”, dice.

Los puntos de recolección de firmas se encuentran ubicados en los sectores de Ciudad Jardín, El Ingenio, Cosmocentro Chipichape, Boulevard, Pízamos y Siloé.

Entre tanto, Carlos Espinosa, también miembro de ‘Cali Primero’, coincide en que la iniciativa ciudadana está motivada por el descontento ante los manejos de los dineros públicos de la ciudad.

“Recursos que pudieron ser destinados para camas y ventiladores para mejorar la red hospitalaria fueron invertidos en una feria virtual y un alumbrado navideño que los caleños no podían disfrutar por la misma pandemia”, anotó el politólogo.

Y anotó que los reclamos a Jorge Iván Ospina también tienen que ver con el polémico crédito que solicitó el año pasado por $650.000 millones. “Ese dinero, que tenía por propósito reactivar la economía de la ciudad con ocasión de la pandemia, a la fecha no se ha ejecutado”, precisó.

Para Espinosa, el interés del comité ‘Cali Primero’ es mandarle un mensaje claro al Mandatario local para que reconozca que ha cometido una serie de errores en contra de la ciudadanía y mejore su Gobierno.

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Esto considerando que la revocatoria es un proceso difícil, por eso, la idea es sentar un precedente.

“Que el próximo alcalde elegido por los caleños sepa que debe hacer las cosas buscando el bien común, porque los políticos deben hacer eso. Aquí nadie está pidiendo cosas paranormales, sino que gobierne para la gente, para la ciudad, pero él hizo oídos sordos y defendió su feria virtual y alumbrado navideño”, enfatizó el líder de la iniciativa en contra de quien resultó electo en octubre de 2019.

Edinson Gómez Zorrilla, igualmente miembro del comité promotor, coincidió con sus compañeros en que la propuesta de revocatoria no está relacionada de manera directa con los bloqueos y las manifestaciones realizadas en la ciudad en el marco del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril.

Sin embargo, admiten que el Mandatario caleño también se ha equivocado en el manejo que le ha dado a la situación, lo que ha sumido a la capital del Valle del Cauca en un caos total, como se ha sostenido por parte de distintos sectores.

Comités firman acta de unión

El pasado 3 de junio los representantes de los comités pro revocatoria ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’; ‘Todo por Cali’ y ‘Decisión Ciudadana por la Democracia/Decide’, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, firmaron un acuerdo para presentar un solo formato para la recolección de firmas en la capital del Valle.

Cristóbal Navia, promotor de ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’, indicó que la iniciativa nació de un sentimiento de inconformismo con la forma en la que el alcalde Jorge I. Ospina viene manejando la ciudad.

El segundo motivo, dijo, es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, al abusar de la figura del convenio interadministrativo. “A una ‘contratitis’ de más de 80.000 millones en menos de dos meses”.

Agregó que no está de acuerdo con la gente que piensa que este no es momento para una revocatoria, porque “Cali es hoy un foco de inseguridad, de hambre, pobreza, y todo porque no tenemos Alcalde”, puntualizó.



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El giro urgente que debería dar la política exterior de Colombia

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Reunión del Gobierno con delegados de la Cidh

Además de los esfuerzos que deberá hacer el Estado para recuperar el empleo y restaurar una economía maltrecha, producto de las manifestaciones y bloqueos de las últimas semanas, el Gobierno Nacional tiene el reto fundamental de recomponer su imagen ante la comunidad internacional en lo que respecta al respeto por los Derechos Humanos.

Esta es quizás la situación más compleja en la imagen de un Gobierno en los últimos 30 o 40 años, según el politólogo Fernando Giraldo, porque hay una proyección negativa de que el país no respeta los Derechos Humanos y que incumple el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico y constitucional interno.

“Es un momento complejo y en ese sentido la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional va a requerir de un trabajo de largo aliento que le permita rescatar el prestigio que Colombia tenía formalmente en el sistema internacional”, asegura Giraldo.

Y es que desde mucho antes de la situación interna generada por las manifestaciones, los bloqueos y los actos de vandalismo, las relaciones diplomáticas colombianas no se encontraban en su mejor momento, de acuerdo con los expertos en política internacional.

“El video del Presidente de Fecode reconociendo que el paro tiene como fin ganar la Presidencia en el 2022 debe ser entregado a la CIDH y que vean cómo quieren debilitar
las raíces democráticas en el país”.

Vicente Torrijos,

politólogo.

En el caso de los Estados Unidos, un aliado clave para Colombia en los últimos años, la relación se vio desmejorada ante el intento de algunos senadores del partido de Gobierno de injerir en el voto de los colombianos residentes en ese país para la campaña presidencial que a la postre llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

Tampoco estaban en su mejor momento las relaciones con las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los pronunciamientos frente al asesinato de líderes sociales en el país y sorprendió la designación de Alejandro Ordóñez como delegado de Colombia ante la OEA por su posición y críticas, justamente, en materia de Derechos Humanos.

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Situación por demás aprovechada por sectores de la oposición que apostando al desprestigio del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas han buscado en el exterior que se condene el país en esta materia.

Coinciden, además, politólogos y analistas consultados en que se propició de manera tardía la visita de los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuyó a generar un clima de preocupación internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Un giro necesario

Ante este panorama complejo, explica el internacionalista y politólogo Vicente Torrijos, hay tres cosas que el Gobierno Nacional debe poner en práctica para tratar de revertir esta situación que, como lo ha reconocido el miembro del Comité del Paro y presidente de Fecode, Nelson Alarcón, tiene como único propósito derrotar al Centro Democrático y ganar la Presidencia en el 2022.

“Es necesario que se active todo el servicio exterior para defender de la mejor manera los intereses nacionales con una orientación estratégica. Segundo, se debe articular todo el gabinete ministerial en torno a la promoción de los Derechos Humanos, porque esto no es asunto solo del Ministerio de Defensa y de lo contrario nada de lo que se haga al interior del país tendrá alcance a nivel mundial, y lo tercero, que las Fuerzas Armadas tengan un acompañamiento político para poder mostrarle al mundo lo que en realidad se hace en materia de Derechos Humanos, porque si no es muy difícil que esos esfuerzos sean bien valorados”, señala Torrijos.

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“Es muy grave que se interprete como una actitud injerencista la preocupación de algunos organismos por el tema de Derechos Humanos”.

Mauricio Jaramillo,

politólogo.

En ese sentido es fundamental, agrega el analista, comunicarle al mundo, a través de las comunicaciones estratégicas, que en el fondo de todo esto, como lo ha reconocido abiertamente el Presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “lo que hay es un proyecto político, una campaña para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y mostrar a Colombia como un país autoritario y despótico que está atacando la oposición”.

Entre tanto Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, considera que hay dos cosas que el Gobierno Nacional debería realizar para mostrar otra imagen al mundo: no insistir en el discurso de que los únicos que incurrieron en excesos fueron los manifestantes y abandonar la retórica de que lo que hagan los organismos proderechos humanos es una injerencia en la soberanía.

“Debemos entender y mandar una señal de que visibilizar internacionalmente los Derechos Humanos no es una señal de injerencia ni es muestra de debilidad sino de convicción democrática y si eso no pasa va a ser muy difícil recuperar la imagen, pero tengo fe de que eso ocurrirá en las próximas semanas”, indica Jaramillo.

Fortalecer el cuerpo consular

En medio de la situación actual es necesario, advierten también los expertos, apelar a funcionarios de carrera en materia consular, que conozcan el sistema internacional y las herramientas que contribuyan a mejorar la imagen del país en el exterior.

“Ha llegado a la Cancillería la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también ha tenido declaraciones desafortunadas frente a los Derechos Humanos y, por lo tanto, no creo que sea la persona idónea. No creo que tenga la trayectoria internacional, que conozca los circuitos internacionales ni la diplomacia en general”, enfatiza el analista Jaramillo.

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De acuerdo con Fernando Giraldo, en esta coyuntura se deben promover agentes diplomáticos de carrera y respetados por la comunidad internacional, acercar los organismos internacionales a los que pertenece Colombia, como son la ONU y la OEA, y no alejarse de países y organismos de integración como Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea.

“También trabajar en una política de mayor cooperación y diálogo, desarrollando una campaña de imagen basada en el acatamiento del orden político y jurídico internacional”, concluye el politólogo.

Delegados del Gobierno se reunieron esta semana con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colprensa / El País

Un giro en el relacionamiento con EE.UU.

En un momento en el que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor periodo, la renuncia del embajador en Washington Francisco Santos es una oportunidad, aseguran los analistas, de enviar un mensaje de acercamiento al gobierno del presidente Joe Biden nombrando a una persona que genere confianza en el sistema internacional.

Entre otras cosas porque el Gobierno de los Estados Unidos dio parte de tranquilidad a su similar en Colombia con el anuncio de consolidar la ayuda económica para el 2022 con la propuesta de incluir en el presupuesto una partida para Colombia superior a los US$453 millones de dólares.

El primer nombre en el sonajero para dirigir la misión diplomática en Washington es el del expresidente Andrés Pastrana, quien en primera instancia agradeció al presidente Iván Duque el ofrecimiento y lo desestimó por el momento.

Esta semana se incluyó en la lista la posibilidad el nombre de la exministra y excanciller conservadora Noemí Sanín.

El llevar a ese cargo diplomático a una persona con experiencia y con conocimiento del sistema internacional, según el analista Diego Luis Sánchez, será un indicativo de la importancia que le otorga el gobierno del presidente Iván Duque a las relaciones con EE. UU.

“No es el momento de enviar a Washington a un embajador que responda únicamente a dinámicas de favorecimientos o cuotas políticas. Se necesita a una persona de peso y experiencia en el servicio exterior”, señala.



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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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