Más de 500 reclusos han sido condenados a muerte en Laos, algunos hace más de una década, pero el sistema legal disfuncional del país y los procedimientos penitenciarios poco claros han dejado a los reclusos languideciendo durante años, dijo el ministro de seguridad pública del país.
Muchos de los reclusos fueron condenados por cargos de drogas y sus sentencias se redujeron a cadena perpetua, dijo el teniente general Vilay Lakhamfong, jefe del Ministerio de Seguridad Pública y viceprimer ministro, a los legisladores en una sesión de la Asamblea Nacional el jueves.
Las autoridades incluso liberaron a algunos reclusos que originalmente habían sido condenados a muerte, lo que no ha ayudado a Laos a avanzar en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas y las actividades delictivas relacionadas, dijo.
“Las leyes de Laos no ordenan dónde y cómo ejecutarlos, mediante un pelotón de fusilamiento o mediante inyección letal”, dijo Lakhamfong a los legisladores.
Las organizaciones internacionales se oponen a los dos métodos de ejecución, dijo, y agregó que alrededor del 90% de las condenas a muerte de Laos están relacionadas con las drogas.
“No quieren que hagamos eso; por lo tanto, tenemos que mantenerlos en la cárcel y darles cadena perpetua”, dijo Lakhamfong.
Laos no ha abolido oficialmente la pena de muerte, aunque la última ejecución conocida, realizada a tiros, ocurrió en 1989, según la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. En el pasado, las autoridades nunca revelaron el número de presos condenados a muerte, los delitos que habían cometido o los lugares de ejecución.
Ahora, el gobierno y los organismos legales involucrados en la redacción de leyes están actualizando los procedimientos de sentencia de muerte y se espera que completen su trabajo a finales de año, dijo Lakhamfong.
Laos, país en gran parte pobre y sin salida al mar, es parte del Triángulo Dorado, un área que converge con Myanmar y Tailandia en la confluencia de los ríos Mekong y Ruak, y es un refugio para los delitos, incluido el tráfico de drogas, por parte de redes delictivas organizadas.
Aunque las autoridades de Laos se han comprometido a combatir el tráfico de drogas, sigue siendo abundante en el Triángulo Dorado. En febrero, las autoridades incautaron 500 kilogramos de metanfetamina cristalina en uno de los mayores decomisos del narcótico en la notoria zona.
Dar un mal ejemplo
Mientras tanto, miembros del público en general han instado a las autoridades a ejecutar a los condenados a muerte para que la gente tenga fe en el sistema legal del país.
Un laosiano dijo a Radio Free Asia que si las autoridades continúan indultando a los presos con sentencias de muerte, es probable que regresen al narcotráfico o al tráfico de drogas una vez que salgan de la cárcel.
“Deberían ejecutarlos, no solo decirlo sino hacerlo, en medio de un campo y dejar que todos los demás [prisoners] verlo”, dijo.
Otro ciudadano de Laos dijo que si se deja salir a los presos de la prisión, será un mal ejemplo para otros involucrados en el tráfico de drogas porque no temerán ser atrapados y enviados a la cárcel.
“Los presos con sentencias de muerte deben ser ejecutados de inmediato si un veredicto judicial ordena una ejecución, y la ley debe ser decisiva y confiable”, dijo. “Si no los ejecutan, entonces los que están en el negocio de las drogas en este momento no le temerán a la ley, y eso socavará el sistema judicial del país”.
Un experto legal de Laos, que se negó a ser identificado para poder hablar libremente, dijo que las autoridades deberían ejecutar sentencias de muerte basadas en mandatos legales, en lugar de mantener a los reclusos en la cárcel durante 10 a 20 años, reducir sus sentencias a cadena perpetua y luego liberándolos.
“No es bueno para la sociedad que los presos muchas veces pidan el indulto de una sentencia de muerte para obtener cadena perpetua, pero después de 10 a 20 años son liberados”, dijo.
Traducido por Sidney Khotpanya para RFA Lao. Editado por Roseanne Gerin y Matt Reed.
