Mientras que el Gobierno trabaja en acelerar los trámites de licenciamiento ambiental para dar empuje a sectores que serán cruciales en la recuperación económica (como infraestructura, hidrocarburos, minería y energía), los procesos para la obtención de permisos de este tipo -por parte de las corporaciones autónomas regionales (CAR)- parecen no ir al mismo ritmo, y en algunas ocasiones en sentido contrario.
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Y esto, como lo señalan actores de los sectores de infraestructura y minero energéticos consultados por este diario, es una larga tarea que no ha logrado ser del todo resuelta y que ha terminado, en muchos casos, por dejar el pie sobre el freno en el desarrollo de millonarias obras en el país.
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“La mayoría de las CAR se convierten en la cuota política por la gran cantidad de recursos que allí se manejan, entonces los problemas de corrupción, así como los intereses políticos que existen, llevan a que los permisos de investigación ambiental, prerrequisito para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) base de la licencia, puedan demorarse entre 140 días a un año.
También pesa la inclinación política del gerente de turno de la CAR, ya que si es un funcionario contrario al desarrollo de los proyectos minero energéticos o de infraestructura, el trámite se puede dilatar”, dijo Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi.
Según registros de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), 103 solicitudes de nuevos permisos -provenientes de sectores como agroquímicos, energía, hicrocarburos, infraestructura, minería y proyectos especiales- hacen trámite al interior de esta entidad.
De igual forma, 88 licencias están bajo revisión de la entidad, ya que las compañías de las actividades en mención han pedido su modificación. Así, a la fecha, un total de 191 permisos están bajo consideración de la Anla.
Además, entre licencias nuevas y peticiones de modificación, el sector que más solicitudes registra es el de infraestructura (58). Le siguen agroquímicos (56), hidrocarburos (44), energía (26), minería (5) y proyectos especiales (2).
Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en este momento los problemas de licenciamiento ambiental “tienen que ver con algunas demoras en el otorgamiento de permisos ambientales por parte del Ministerio de Ambiente y, también, de las corporaciones autónomas regionales”.
Asimismo, un empresario del sector de la infraestructura consultado por este diario, manifestó que además del tema de las demoras de las CAR para conceder licencias a las empresas que hacen proyectos en las regiones, estas entidades piden obras adicionales que terminan por alargar aún más los trámites.
Para los citados sectores, al ser las CAR las que otorgan los permisos de uso de recursos, dificulta el proceso de licenciamiento, porque no hay unidad de criterio entre estos despachos en los diferentes temas, captación, vertimientos, emisiones, manejo de residuos, etc.
“Es más, muchas veces los criterios dependen del cliente en específico y siempre sobre el sector energético, en donde las exigencias se vuelven muchas veces mayores y hasta desproporcionadas. Además, los planes de acción de las CAR no son coherentes con las políticas nacionales y su visión se aleja del desarrollo sostenible y se van solo al extremo conservacionista, que no beneficia, ni al país, ni a las regiones en las cuales tienen jurisdicción”, dijo el ingiero y consultor, Julio César Vera.
En el mismo sentido, Mariana Villegas, asociada del Área de Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie, indicó que el represamiento se debe, además de las conocidas falencias institucionales, “a la duplicación de trámites y autoridades, y a la incertidumbre que muchas veces existe en materia de competencias en cabeza de las CAR.Por otra parte, la discusión en torno a la necesidad o no de un diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) complica bastante los procesos de licenciamiento ambiental”.
Las fuentes consultadas recalcaron que la principal consecuencia del represamiento de los trámites de licencias ambientales que se presenta hoy en día ante las CAR, es la ausencia de seguridad jurídica para los desarrolladores e inversionistas que se traduce, en la práctica, en un desincentivo a la ejecución de sus respectivos proyectos.
“Se debe armonizar en un mismo sentido el trámite de la licencia, no solo para darle celeridad, sino además para brindarle reglas claras y seguridad jurídica a los privados”, dijo Jaime Concha, de la Andi .