Amparo Toloza Campuzano no sabe qué es vivir tranquila, habitar durante años en un solo lugar ni estar siempre con sus hijos. A sus 43 años, por su labor como lideresa social, defensora de los derechos humanos y su lucha ambiental ha sido desplazada forzadamente cuatro veces y amenazada un sinnúmero de ocasiones.
En 58 segundos el país conoció parte de su historia en julio del año pasado cuando apareció en el ‘Minuto de Dios’, el programa televisivo más antiguo de Colombia, siendo la primera lideresa que se tomó ese espacio para denunciar amenazas por la labor que realiza. Pero desde ese momento, dice, “la violencia se ha recrudecido” y las amenazas contra su vida aumentaron.
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Huir de la muerte
Amparo nació el 29 de octubre de 1976 en el corregimiento El Cobadillo, Río Viejo, Sur de Bolívar. Allá creció junto a sus doce hermanos, de los cuales diez aún viven. La guerra le llegó en 1998 cuando tuvo que salir forzadamente de su casa, por primera vez, hacia Barrancabermega, ubicado a orillas del río Magdalena por la disputa entre guerrilla y paramilitares.
“Ahí nació el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y me eligieron para que representara a la mujer rural. Tuve la oportunidad de formarme durante casi un año sobre Derechos Humanos, género y desarrollo, y la parte social y comunitaria con la fundación mujer y futuro de Santander y certificarme con el Instituto Universitario de la Paz, de Santander”, le cuenta a EL TIEMPO.
Con esos conocimientos, Toloza regresó a su tierra para formar a las mujeres de Río Viejo, Regidor, Tiquisio, San Martín de Loba y Norosí, y fundó las escuelas de equidad de género con la Red de Mujeres.
Hacia 2004 Toloza se lanzó como concejal de Río Viejo y salió electa. “Ahí empecé a conocer lo que verdaderamente les llegaba a los campesinos, vi mucha corrupción y empecé a hacer muchas denuncias”, señala.
Estando más empoderada, en 2008 creó Asomupco, una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado que defienden los intereses de los campesinos que perdieron sus tierras en Bolívar, hace 18 años, por culpa de la violencia.
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Y entre más reconocimiento tenía, su riesgo incrementaba. “Esto hizo que tuviera un desplazamiento forzado. Además, asesinaron a una persona que me conducía la moto y a un cuñado en la finca de mi papá”, asegura.
Asesinaron a una persona que me conducía la moto y a un cuñado en la finca de mi papá
“Nosotros hicimos denuncias y hubo capturas, y más me demoré yo huyendo que esa persona que denunciamos quedara en libertad”, agrega. Algunas mujeres que trabajan con ella realizan su labor fuera de su territorio por temor a ser asesinadas.
Al regresar, narra, lo hizo con más fuerza que nunca. Toloza logró que la Unidad de Víctimas priorizará a los adultos mayores, discapacitados y enfermos terminales con la resolución 1049 de marzo de 2019. “Esa labor en la región hoy nos tiene en un riesgo bastante grande”, advierte.
Por el trabajo que ella realiza no devenga ningún salario. Su manutención, y la de dos de sus cinco hijos, corre por cuenta de donaciones internacionales y políticos de su comunidad “que reconocen la labor tan importante y riesgosa que nosotros hacemos”.
El asesinato de su hermano
El año pasado Amparo se lanzó para ser diputada en Bolívar y obtuvo 6.000 votos. Su sueño es ayudar a su comunidad a través de espacios políticos donde tenga mayor influencia.
Desde ese momento, advierte, las amenazas se han incrementado. “Por la labor social que represento asesinaron a un hermano hace unos meses y a otros compañeros líderes de la región. Al final del año pasado tuve varias amenazas de muerte y él (el hermano) sabía lo que me estaba pasando, me defendía mucho. Por eso a mí no me mataron, lo mataron a él”, enfatiza.
Por este trágico hecho ella interpuso una denuncia ante la Fiscalía. “Allí me dieron un documento que debía presentarlo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y decía que mi esquema de protección debía ser reforzado”. Pero ocurrió lo contrario.
Desde 2011 Amparo tiene riesgo extraordinario. “Después de casi ocho años me hicieron otro estudio, en marzo de 2018, y volvió a ser riesgo extraordinario y me entregaron un esquema de protección inconcluso porque la resolución dice que debo tener dos hombres de protección, un vehículo, chaleco, pero estuve nueves meses con solo un hombre de protección. Hice una queja con la Procuraduría y le hicieron seguimiento al caso y la UNP en marzo le mandó un oficio a la Procuraduría diciendo que mi esquema de seguridad está perfecto”, asegura.
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No obstante ese mismo mes le asignaron a otra persona de protección.
Pero hace quince días ocurrió otro hecho: “Me dieron una camioneta sin combustible y deben más de nueve meses de peajes y me dejan un solo hombre de protección”, señala. Al parecer, advierte, esto se debe a que hubo un error en las pruebas que el analista de la UNP presentó.
Por la labor social que represento asesinaron a un hermano hace unos meses y a otros compañeros líderes de la región
“Hay momentos que tengo miedo, pero me lleno de fuerza”
Hace un mes Amparo recibió las últimas amenazas, entre lágrimas cuenta lo que ocurrió. “Llegaron a la casa y me dijeron que no podía estar más allí, y me tocó venirme a Bogotá. Llegué hace tres semanas. Fue algo para mí muy triste porque mis padres están muy dolidos con el asesinato de mi hermano. Mi hermano dejó unos niños pequeños”. Ella tuvo que dejar a su hija de 11 años en Bolívar y espera poder llevarla a la capital.
Sin embargo, a pesar de estas amenazas de grupos al margen de la ley, espera volver.
“Hay momentos que me dan miedo, pero también hay momentos en que me lleno de fuerza, ánimo y de valor. El pueblo con el que uno está a diario le da esa fortaleza para avanzar. Eso no quiere decir que a uno no le dé miedo, en muchas ocasiones he sentido la muerte muy cerquita. Es una zozobra”, asevera.
Esta defensora dice que quieren que sienta miedo para callarla. “Ahora en Colombia, con esta violencia que se ha recrudecido, nos quieren callar. Hay muchos terratenientes que quieren seguir robándose las tierras, inundando la región de palma y quieren sacar el oro ilegal. Entonces nos están matando y nos quieren callar pero nosotros seguimos para adelante”, remata.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
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