Redacción
Si de algo no le falta al fútbol colombiano es imaginación. Y eso es bueno y malo, según se quiera ver.
El nuevo capítulo de ese derroche de ingenio tiene que ver con una dificultad que quedó expuesta en la última reunión virtual de la Dimayor, en la que hubo más pedidas de renuncia al presidente Jorge Enrique Vélez y más exposiciones de dudas y quejas sobre el manejo administrativo de la entidad, que avances concretos para la reactivación del fútbol.
Después de más de 60 páginas de detalles técnicos, que aprobó en su mayoría el Gobierno en un protocolo formal y que siempre dio como un hecho que la directiva de Dimayor sería la encargada de ejercer el control, ahora resulta que la autoridad se repartiría en 36 cabezas, una por cada directivo del fútbol nacional.
La ausencia de una empresa que implemente el protocolo haría que cada club asuma por su cuenta la implementación de las medidas de seguridad sanitaria de los jugadores.
“Quedaron cuatro empresas que al final no cumplían los requisitos de Dimayor, unas porque eran pequeñas, o no tenían el patrominio, no tenían cobertura nacional… En fin. No hay tiempo para otra invitación (a laboratorios capacitados para una licitación). Existe una lista de empresas habilitadas y nos toca escoger una de ellas”, explicó una fuente directiva consultada por FUTBOLRED.
Una segunda voz lo confirmó: “No sé que opine el Gobierno. Pero creería que no haya inconveniente pues finalmente se debe contratar con entidades autorizadas”, aseguró. Se refiere a que cada club acudirá al laboratorio que considere, siempre y cuando esté avalado por el Instituto Nacional de Salud y tenga el visto bueno del Ministerio de Salud.
Y surgen varias dudas: ¿acaso cuando se entregó finalmente el protocolo no dijeron en Dimayor que había varias empresas interesadas y listas para esa implementación? ¿No eran tantas? ¿Qué hace pensar que el Gobierno nacional no dudará al ver que se disemina esa responsabilidad en 36 cabezas y no en una, como estaba previsto?
Los dirigentes parecen tranquilos porque el costo de que represente el protocolo se facturará a Dimayor, lo cual es casi una obviedad. Pero ¿cómo integrar esos reportes, cómo manejar posibles positivos, cómo cubrir tantas ciudades del país y a tantas personas involucradas (jugadores, técnicos, médicos, etc. Si no se centralizan los informes?
“Pareciera que no saben que el mundo atraviesa una pandemia de consecuencias terribles, donde se toman medidas por parte de los gobiernos muy fuertes, que en Colombia hay alcaldes y gobernadores muy estrictos que no permiten libre tránsito y para colmo de males las cifras van creciendo apuntando a pico para las supuestas fechas de iniciación…”, dijo una tercera fuente.
“Se miró de soslayo otras posibilidades de campeonato como única sede o zonales (lo que pedía el Ministro de Deporte), es una segunda opción en caso de problemas… ¿Acaso no estamos en serios problemas?”, se preguntó.
La respuesta del Gobierno
Por si acaso, el propio Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, en declaraciones al programa el Vbar de Caracol, mandó un mensaje que no da pie a confusiones: «Esperamos que sea una firma la que en términos generales controle el protocolo. Me enteré de la idea que cada cada equipo tenga su protocolo, llamé al Ministro de Salud, quien me dijo que ningún protocolo se puede salir de lo designado y en caso de que lo hagan debe ser primero corroborado por el Ministerio de Salud y después vigilado por cada secretaría de salud local… Lo recomendable es que sea una empresa, son ente privado y si lo quieren hacer así lo deben avalar por esas dos instancias, lo que seria más engorroso y difícil y no sé cómo Dimayor haría el control general».
¿Una nueva demora para el regreso del fútbol? Todos los caminos apuntan hacia allá. Uno de los directivos arrojó luz sobre lo que habría en el fondo: “Todo pasa por la profunda desconfianza de entregar facultades en la contratación después de lo que ha pasado con la TV internacional y con los canadienses y la elaboración misma del protocolo…”.
Son todas cuentas pendientes que tampoco se aclararon en la reciente reunión y que, según los presidentes que piden la renuncia de Vélez, justifican una salida que no se dio, pues el presidente mantiene la mayoría que necesita para seguir en el cargo.
Pero al final, más allá de las pugnas de poder, implementar el protocolo es una tarea que el Gobierno le asignó a Dimayor y controlará a través de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que es la única interlocutora válida. En caso de una novedad, al presidente Duque no le interesan las divisiones internas sino los responsables: ¿Quién sería en ese caso? ¿Dimayor, FCF, 36 presidentes? Es la duda que dejó clara el Ministro Lucena.
Una nueva reunión para cambiar estatutos podría ser la oportunidad para dar claridad a este tema, uno de muchos que escenifica el interés real del fútbol colombiano hoy en día: el triunfo de los caudillos sobre el interés general del fútbol.
