En momentos en los que el Ministerio de Hacienda daba por superados los líos denunciados por Portafolio en el Presupuesto General de la Nación, la Contraloría General de la República anunció que las fallas se siguen presentando y que esta normatividad todavía está expuesta a demandas de inconstitucionalidad.
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Tal y como este medio publicó el pasado 21 de febrero, el ente de control dejó claro que los errores en el decreto de liquidación se corrigieron a medias y que si bien se discriminaron los $13 billones que estaban en el aire, poniendo en riesgo el futuro de 108 obras de infraestructura como el metro de Bogotá o más de 20 vías 4G, todavía va contra lo que dicta la ley.
La Contraloría dijo que no son $13, sino $18 billones los recursos aprobados en la ley de presupuesto, que no fueron desagregados correctamente en proyectos “que son estratégicos para el desarrollo del país y el impulso al crecimiento”.
Con estas fallas se pone en riesgo la ejecución del presupuesto, ya que este decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación. Esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituirá un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria.
El vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, explicó que hay tres grandes acciones sobre las que han puesto la lupa. La primera de ellas es que no se ha desagregado de manera detallada los gastos de inversión en proyectos, tal como lo establece la técnica presupuestal.
“Son 18 billones de pesos que se encuentran en partidas globales que serán sujetas discrecionalmente su ejecución a las autorizaciones de la Presidencia de la República, situación que puede traer consecuencias relacionadas con la velocidad y la celeridad en la ejecución del presupuesto”, dijo Zuluaga.
El Contralor (e) agregó que también les preocupan las vigencias futuras excepcionales que no se discriminan ni se detallan de manera clara en la liquidación de este presupuesto.
“Hacemos un llamado para que el Ministerio de Hacienda reconsidere y revise el cumplimiento de la técnica presupuestal que debe incluirse en el presupuesto, derogando el artículo 1 para que pueda establecerse un anexo técnico que tenga o contenga de manera detallada los proyectos y los rubros específicos sobre los cuales existen compromisos del Gobierno Nacional en materia contractual y de vigencia futuras”, señaló.
Esta autoridad cerró diciendo que le preocupa que la ejecución de estos recursos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia y agregó que el caso de las agencias es delicado, porque se trata de entidades ejecutoras, en las que la autonomía es un factor decisivo para su operación.
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Contraloría General de la República
Milton Díaz / EL TIEMPO
Portafolio habló con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien sostuvo que este llamado de la Contraloría no es otra cosa que una advertencia para que el Gobierno entienda que no está por encima de la ley y que ahora deberá actuar con celeridad para evitar que el problema siga.
Este experto en derecho presupuestal destacó que las investigaciones evidenciaron que “varios de los componentes del que se llamó en su momento decreto de yerros todavía siguen adoleciendo de un grado inconveniente de agregación y por lo tanto pues es la opinión de la Contraloría que no deja de ser importante”.
“Si no hace caso el Gobierno desagregando, aún más, hasta el nivel aceptable estas partidas, pues podría mover a la Contraloría a que cuestione ante los tribunales la legalidad misma de esas partidas inadecuadamente desagregadas. Es decir, como van las cosas, se tendría que expedir un tercer decreto de yerros tres”, dijo Restrepo.
Entre tanto, para Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, lo primero a destacar es la demora de la Contraloría para pronunciarse, ya que desde hace más de un mes se está hablando en el país de estas irregularidades y las arbitrariedades del Estado.
“El Gobierno, actuando abiertamente en contra de la ley, decidió desconocer la voluntad del Congreso y usurpar sus funciones para dotar al Presidente de una discrecionalidad sobre la ejecución del presupuesto que lo hace ineficiente, pone en riesgo su ejecución y adicionalmente, pone en riesgo la credibilidad del país”, dijo Londoño.
Este experto manifestó que “en su afán por disimular el hecho tan grave, desde el Minhacienda han venido sacando decretos que corrigen parcialmente la situación pero el vicio inicial continúa. No es conveniente que el presupuesto quede en el limbo, por eso esto ayuda, pero todo ha estado mal hecho”.
Este tema iba a ser objeto de control político ayer en el Congreso, pero los delegados del Ministerio de Hacienda llegaron tarde a la sesión en Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y enviaron las respuestas al cuestionario del legislativo faltando 10 minutos para que comenzara este debate en el legislativo, razón por la que tuvo que aplazarse para el martes de la próxima semana.
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DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista Portafolio