Cuarenta y siete días después de comenzar el gobierno del presidente Iván Duque, hay una larga lista de encuentros y desencuentros entre el mandatario y su bancada, la del Centro Democrático, lo cual ha generado todo tipo de interpretaciones de diversos sectores de opinión.
El hecho es inédito, en especial porque el país no había visto en tiempos recientes este tipo de relación entre un presidente y sus congresistas, los cuales usualmente eran unos aliados naturales a la hora de empujar los proyectos de ley y de reforma constitucional de iniciativa oficial.
La historia de los desencuentros comenzó menos de dos semanas después de la posesión presidencial, el 22 de agosto, cuando el expresidente Álvaro Uribe radicó un proyecto de ley para fijar nuevas condiciones en el aumento del salario mínimo.
Según la iniciativa, el jefe de Estado podría incrementar, por una sola vez, el salario mínimo mediante decreto y, para evitar el riego inflacionario, el dinero producto del aumento no circularía sino que se consignaría en los fondos de cesantías durante un tiempo.
El Ministerio de Trabajo y el mismo presidente Duque han guardado silencio sobre esta iniciativa y parecen tener su propia ruta para manejar la materia.
Un segundo desacuerdo se dio con la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, la cual el presidente Duque apoyó con entusiasmo, pero la bancada de su partido no tanto.
Congresistas como la senadora Paola Holguín la calificaron de “inocua” y con “fallas desde el comienzo”.
Precisamente, uno de los puntos, reducir o congelar –como finalmente se propondrá– el salario de los congresistas, generó el rechazo de miembros del partido de Duque como el presidente del Congreso, Ernesto Macías.
“Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo”, dijo Macías, quien consideró “populista” la propuesta.
