Una nueva iniciativa, esta vez de origen parlamentario, que revive la posibilidad para que miles de colombianos que ahorran para su pensión, tanto en los fondos privados (AFP) como en Colpensiones, se puedan cambiar de régimen, volvió a encender las alarmas en varios sectores tanto por los billonarios efectos que esta tendría sobre las finanzas públicas (77,6 billones de pesos) como en los mercados financieros.
Se trata del proyecto de ley 050 de 2019 de la Cámara de Representantes y 322 de 2020 del Senado, cuya discusión retoma este martes la Comisión Séptima del Senado, y que deja abierta la puerta para que en un periodo de seis meses, una vez promulgada la ley, quienes hayan cotizado mínimo 750 semanas para su pensión (mujeres mayores de 50 años y hombres con más de 52 años), se cambien de régimen.
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Cálculos de Asofondos, gremio de los fondos privados, indican que bajo esas condiciones cerca de 518.000 de sus afiliados podrían trasladarse a Colpensiones, pero solo a unos 113.000 les convendría esa alternativa, mientras que 202.623 no alcanzarían a jubilarse en el régimen público.
Aunque esto le representaría al Estados recursos por cerca de 42 billones de pesos, que pasarían de las arcas de las AFP a las de Colpensiones, en el largo plazo le generará un enorme costo a las finanzas públicas de 77,6 billones de pesos cuando tenga que responder por las pensiones, los subsidios o la devolución de los recursos para quienes no alcancen a jubilarse.
“Con esa cifra se podría sacar de la pobreza a 2’560.000 adultos mayores de 65 años”, señaló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, durante su intervención la semana pasada en el Foro Ventana Pensional, organizado por la comisión Séptima del Congreso.
Con esa cifra se podría sacar de la pobreza a 2’560.000 adultos mayores de 65 años
“Si solo se trasladan a quienes les conviene (113.161 personas) el costo para el Gobierno es de 64 billones de pesos en subsidios. Un promedio de 573 millones de subsidio por persona”, agregó.
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Si bien el impacto fiscal no es poca cosa, los analistas consideran que el daño más significativo es que buena parte de esos subsidios (unos 50 billones de pesos) van para las pensiones más altas, lo cual es muy inequitativo.
Aunque algunos académicos y voceros gremiales que participaron en dicho foro concordaron en que el sistema pensional colombiano padece serios problemas de equidad, cobertura y financiación, también coincidieron en que esta iniciativa no soluciona esas fallas estructurales y, por eso, lo ven como un proyecto regresivo, inconveniente en términos distributivos, de eficiencia, de inequidad generacional, en tanto generaría mayor desigualdad social.
César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de Eafit, sostuvo que si bien el proyecto buscar enmendar el problema de ausencia de doble asesoría, podría terminar siendo perjudicial para un grupo de personas que quizá tendrían una mayor posibilidad de pensionarse o recibir una mayor pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais).
Por su parte, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, recordó que el 75 por ciento de los subsidios van para los quintiles 4 y 5 de la población y el proyecto no ataca esta regresividad, sino que la agrava al permitir que más personas pasen al sistema público y reciban un mayor subsidio.
Otro de los grandes problemas que traería la iniciativa se relaciona con las inversiones que tienen las AFP, pues para dar traslado de los recursos de los afiliados que pasen a Colpensiones (unos 42 billones), tendrán que vender sus activos, lo que haría caer los precios, advirtió Francisco Azuero, profesor de la Universidad de Los Andes.
“Las caídas que presenciamos en marzo en los mercados financieros serían un juego de niños comparado con lo que representaría que los fondos de pensiones deban vender masivamente los títulos financieros para poder entregar los recursos”, dijo.
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Al Gobierno la iniciativa tampoco le parece conveniente y así se lo hizo saber Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda a José Ritter López, presidente de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado en carta enviada a finales de julio pasado.
El Gobierno estima el costo del traslado de 221.000 afiliados de las AFP a Colpensiones en cerca de 60 billones, pero estas personas trasladarían sus ahorros por 27 billones, con lo cual ese costo se reduciría a cerca de 28 billones.
Estima el Gobierno que, anularía la expedición de bonos pensionales por 7,9 billones de pesos, pero, como de Colpensiones saldrían unas 145.000 afiliados rumbo a las AFP, esto le implicaría expedir bonos por 3,5 billones.
Por eso en su misiva se abstuvo de emitir un concepto favorable del proyecto y solicitó “estudiar la posibilidad de su archivo”, pues consideró que este desconoce el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones contemplado, entre otros.
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