La vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en una entrevista en EL TIEMPO (22 de junio de 2020), aseguró que “no existe un patrón criminal hacia la población reincorporada” y que, en cerca de la mitad de los casos en los cuales el esclarecimiento ha avanzado, “la causa ha sido distinta a ser excombatiente”.
Esta afirmación es preocupante, pues si no existen patrones criminales identificados, es muy difícil garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc. Más de 200 han sido asesinados, de acuerdo con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
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Aun cuando estamos lejos del número de exmiembros de las Auc acribillados –más de 2.000 desde 2003 según la Agencia para la Reincorporación– debemos parar ya el desangre.
¿Qué se entiende por “patrones criminales”? Según Christopher Bruce, un patrón criminal se define con base en tres factores: (a) Por la coincidencia en los modus operandi, los cuales son detectados mediante una revisión de los reportes policiales; (b) por la proximidad geográfica de los hechos delictuales (hot places), detectados mediante un “mapeo criminal”, y (c) por el volumen excepcional de hechos similares en un mismo espacio geográfico, según un “análisis de umbral”, gracias al uso de métodos estadísticos.
De acuerdo con los estudios criminalísticos, en muchos casos es posible que no haya un conocimiento previo entre el victimario y las víctimas. Por ejemplo, un violador en serie que las escoge al azar.
Pero es muy improbable que este sea el caso de los desmovilizados, dado que los atentados están dirigidos contra personas que juegan un papel específico en una región o en un aparato político o social. Es lo que se denomina “objetivos calientes” (hot prey).
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Es importante recoger experiencias exitosas. Hace dos décadas se presentó una grave ola criminal contra sindicalistas en todo país. Entre 2000 y 2002 hubo más de 500 homicidios.
Esta ola criminal condujo a una mayor atención institucional. En el 2000 se incluyó en el Código Penal como una circunstancia de agravación punitiva los crímenes contra dirigentes sindicales, la cual se amplió en el 2009 para todo miembro de un sindicato reconocido. En el 2006 se creó en la Fiscalía una unidad especial encargada de este tema y adscrita a la Unidad Nacional de DD. HH. y DIH.
Así mismo, la Fiscalía, el Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el acompañamiento de ONG y centrales obreras, iniciaron un trabajo coordinado para definir los patrones criminales.
Para ello, se llevaron a cabo análisis de contexto, la determinación de móviles, se definieron los procedimientos más adecuados para la investigación y la judicialización de los responsables, se priorizaron los casos de acuerdo con su gravedad e impacto y, finalmente, se adelantó una imputación por arriba, para poder condenar a los responsables intelectuales y no limitarse a los ejecutores materiales.
Mediante este trabajo conjunto se logró identificar dos patrones criminales básicos: de un lado, la conversión de los sindicalistas, por el hecho de su actividad, en objetivos militares; y, de otro, la utilización de ciertas estructuras armadas para acallar la labor sindical.
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En los análisis se logró determinar que el 53,2 % de los crímenes habían sido perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Su desmonte entre 2004 y 2005 permitió revertir la tendencia de manera progresiva.
Según la Escuela Nacional Sindical, hubo 53 homicidios en el 2010 y 31 en el 2011 y la tendencia siguió en caída gracias a una política mejor cimentada. Este modelo debería ser revivido.
Poder condenar a los responsables intelectuales y no limitarse a los ejecutores materiales
Con base en la experiencia de la desmovilización de las Auc quisiera ofrecer algunas pistas para la definición de los patrones criminales hacia los exmiembros de las Farc.
Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que la ocurrencia de los hechos hoy –como ya ocurrió en las zonas en que se asentaron las disidencias de las Auc– está circunscrita a determinadas regiones que tienen rasgos similares: se trata de zonas periféricas, con presencia de diversas formas de economía ilegal y de grupos armados (Eln, disidencias de las Farc y de las Auc, y nuevos grupos criminales) que buscan crear áreas de control exclusivo mediante el dominio total de la población.
Baste decir que el 50 % de los homicidios de ex-Farc han ocurrido en seis municipios: Ituango y Peque, Antioquia; El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte, Nariño.
En este contexto es posible determinar la existencia de lo que creemos son los principales “patrones criminales” en el asesinato de desmovilizados de las Farc: a) los que están encabezando una lucha contra la minería ilegal, b) los que están liderando una lucha a favor de la sustitución de los cultivos ilegales, c) los que están desarrollando una lucha a favor de la restitución de tierras ocupadas ilegalmente, y d) los que disponen de información que implicaría a reincidentes o terceros civiles en la comisión de graves violaciones a los DD. HH. o en el funcionamiento de las economías ilegales.
De acuerdo con la experiencia de las Auc, existen otros cuatro patrones que deben ser igualmente contemplados hoy: a) el reclutamiento forzado: una de las fuentes de los asesinatos de los exmiembros de las Auc fue resultado de la presión de los grupos renuentes sobre los desmovilizados para que volvieran a la criminalidad. Para un grupo criminal es preferible reclutar a una persona con experiencia en armas y mando, que a un joven inexperto. La negativa de volver a la ilegalidad les costó la vida a muchos desmovilizados de las Auc.
Para un grupo criminal es preferible reclutar a una persona con experiencia en armas
b) El testaferrato: otra fuente de exterminio fue la presión para que los testaferros de los jefes paramilitares extraditados a los EE. UU. o en prisión en Colombia les trasladaran los bienes a los nuevos jefes de los grupos reincidentes.
c) La venganza: otra de las fuentes fue la dinámica de venganzas que se vive al final de los conflictos armados. Víctimas de las Auc aprovecharon el estado de indefensión de los desmovilizados para cobrar “deudas de sangre”.
d) El ocultamiento de información: cuando se iniciaron las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz, muchos desmovilizados aportaron evidencias sobre fuentes de financiación, relaciones con políticos y empresarios, y beneficiarios del despojo de tierras, siendo calificados como traidores y declarados objetivo militar para afectar los procesos judiciales.
No se pueden descartar las dimensiones personales, así estas sean marginales.
Una experiencia en naciones que han participado en conflictos armados ha sido la incapacidad de muchos militares de vivir una vida normal sin la adrenalina de la guerra. Las páginas de los ‘soldados de la fortuna’ en Londres o Tel Aviv, es decir, de mercenarios que ofrecen sus servicios en conflictos lejanos, con total autonomía de los factores en juego (políticos, religiosos u otros), es una expresión de este fenómeno.
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Muchos desmovilizados de las Auc se sentían incapaces de estar ocho horas en un puesto de trabajo que percibían como monótono y gris, y sentían la necesidad de vivir las tensiones de la guerra.
Por otra parte, no era raro entre los exmiembros de las Auc el ‘síndrome del veterano’. Este es un fenómeno muy estudiado en las facultades de psicología en los Estados Unidos y está relacionado con la incapacidad de muchos soldados que regresaron de Vietnam, Irak o Afganistán de vivir una vida normal debido al estrés postraumático, cayendo en la mendicidad, las drogas o el alcoholismo, con todos sus riesgos. De ahí, la importancia del acompañamiento psicológico serio para la población desmovilizada.
Ahora bien, más allá de esta no descartable dimensión personal que puede ser circunstancial y regresando a los patrones criminales, una de las raíces del asesinato de muchos de los exmiembros de las Auc fue la decisión de participar en acciones criminales, ya fuesen difusas u organizadas.
Uno de los manejos más difíciles en los procesos de postconflicto es la tensión entre los “incentivos institucionales” y los “incentivos criminales”.
La importancia del acompañamiento psicológico serio para la población desmovilizada.
Por una multiplicidad de factores, a pesar de que tenemos uno de los organismos más respetados del mundo, la Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN), en muchas ocasiones los desmovilizados ven frustrados sus procesos de reincorporación debido a fracasos en sus emprendimientos, a falta de empleo, a una remuneración insuficiente, etc., y se dejan tentar por los incentivos criminales.
En otras ocasiones surgen dilemas complejos para los desmovilizados que participan en mecanismos de justicia transicional, pues, en aras de conservar los beneficios jurídicos de libertad condicionada, deben dar un aporte exhaustivo a la verdad que conlleva delación de antiguos jefes, compañeros y terceros civiles. Por ello, aumentar la protección a los testigos es clave.
El Gobierno Nacional no puede continuar sin un discurso coherente sobre un tema que preocupa a la comunidad nacional e internacional, dando muestras en ocasiones de desconcierto y, en otras, de una voluntad de minimización mediante el señalamiento de causas fútiles, como los famosos “líos de faldas”. No es de extrañar que el partido Farc haga responsable al Estado más por omisión que por acción.
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No es de extrañar que el partido Farc haga responsable al Estado más por omisión que por acción.
Por ello creemos necesario, como ocurrió con los sindicalistas en el pasado, que se impulse una “unidad de análisis y contexto multisectorial” (Fiscalía, ministerios de Interior y Defensa, Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, etc.) que trabaje con expertos en la determinación de los patrones criminales que están afectando a los desmovilizados de las Farc.
Además, es indispensable alcanzar resultados exitosos en la imputación y condena ejemplar de los autores intelectuales. Por último, es necesario que esta imputación y condena se inscriban en un discurso oficial claro de la voluntad de romper el círculo vicioso de la impunidad que es, en último término, el mayor incentivo para que la dinámica criminal no se detenga.
EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZProfesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia