Redacción
Faltan solo 79 días para que los actuales congresistas del país finalicen su periodo legislativo y todavía quedan varios importantes proyectos por tramitar.
Esta segunda parte de la legislatura, por mandato constitucional, va del 16 de marzo al 20 junio, y se podrá incluso citar a sesiones extraordinarias, pero máximo hasta el 19 de julio.
Sin embargo, no se prevé que alguno de los proyectos que se están tramitando requiera tanto tiempo para ser discutido. Así que al actual Congreso de la República le quedan menos de dos meses de trabajo.
Con este escenario de pocos días de labores y de legisladores más interesados en apoyar a sus candidatos para la primera vuelta presidencial, el Gobierno de Iván Duque para este último periodo de sesiones no tiene una agenda muy grande.
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Solo son dos las iniciativas que se están tramitando y para las que espera lograr las mayorías, para que sean aprobados antes del 20 de julio.
Por un lado está el proyecto que regula el proceso de empalme entre gobiernos nacionales salientes y entrantes, que tiene como propósito reglamentar todo el mecanismo de los temas que se hacen entrega entre ambos Ejecutivos.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región.
La meta de la Administración de Duque es que, de quedar aprobada la ley en este periodo, la misma se empiece a aplicar a partir del próximo 7 de agosto del 2022, cuando asuma el próximo Presidente de Colombia.
La iniciativa fue radicada por el ministro del Interior, Daniel Palacios, desde noviembre pasado, pero ante su estancamiento en la discusión y el interés del Gobierno, en marzo se envío mensaje de urgencia al Congreso para que sea discutido de forma conjunta en las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes.
El proyecto tiene 27 artículos, entre los que se definen funciones entre la terminación del ejercicio del cargo de un funcionario y el ingreso de quien efectuará esas actividades y se aplicaría para todas las ramas del poder público, en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano.
El ponente de la iniciativa en la Cámara, el representante Alejandro Vega, sostiene que plantea la creación de las figuras de gerentes, equipos y consejo de empalme, para garantizar el óptimo desarrollo de este proceso.
El proyecto señala, además, que para temas de seguridad nacional se designará por parte del candidato electo a un gerente adicional, quien asumirá posteriormente como Ministro de Defensa, para que reciba la información clasificada relacionada con las amenazas de seguridad nacional, operaciones militares y uso de la Fuerza Pública.
La segunda iniciativa con especial interés para el Ejecutivo lo radicó en marzo pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y busca mejorar el acceso de los colombianos a diferentes mecanismos de financiación.
Aun le quedan pendientes tres debates al Tratado de Escazú para culminar el trámite en el Congreso de la República, además de su revisión por parte de la Corte Constitucional.
El funcionario llamó la atención en el sentido de que con esta iniciativa, de llegar a aprobarse, se logrará acabar con el esquema de préstamos informales y altamente costoso denominado ‘gota a gota’, situación que ha llevado a que algunos deudores se quiten la vida ante el acoso de los prestamistas.
“Este es un proyecto que nos va no solo a permitir aumentar el bienestar social y la equidad del país, sino que también será clave en la lucha contra esquemas informales. Esta iniciativa contribuirá a ese fin de universalizar el acceso a esquemas de financiamiento legales, seguros y a bajos costos”, destacó el Ministro de Hacienda.
Avanza el Acuerdo de Escazú
En horas de la mañana del pasado martes se aprobó en primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual ha tenido diferentes trabas en su avance en el Legislativo.
“Con seis votos a favor y uno en contra lo hemos logrado. Escazú pasa su primer debate en la Comisión Segunda para ser una realidad en Colombia. Gracias a los defensores, líderes y organizaciones que han batallado Escazú. Hoy ganó el ambiente y la vida”, expresó el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino.
Sin embargo, en la misma semana el Consejo Nacional Gremial, en representación del sector empresarial, les solicitó al Congreso de la República y al Gobierno la no ratificación del convenio, porque consideran que es inconveniente para el crecimiento económico del país.
“El Acuerdo permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés, afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”, dijo el ente en un comunicado.
En trámite
Hay otros proyectos esperando ser aprobados en esta legislatura, como el que establece normas para fortalecer el comercio exterior y garantizar la cadena logística.
Otro que adopta las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales, y el 424/2021, que fortalece los hospitales públicos que aspiran a convertirse en hospitales universitarios.
La propuesta de proteger a los contratistas de prestación de servicios con el Estado y la que modifica el actual Código Penal del también están en la lista de espera.
Y se tramita también el proyecto que fija el salario mínimo profesional y técnico en Colombia y otro que busca otorgar una licencia remunerada para las parejas que contraigan matrimonio o formalicen su relación.
