Redacción
24 de junio—CONCORD—Los abogados principales de las víctimas de presuntos abusos sexuales y físicos en el Centro de Desarrollo Juvenil en Manchester acusaron que las pautas propuestas por el estado para indemnizaciones por daños son «insultantemente bajas».
David Vicinanzo y Rus Rilee escribieron una carta al Fiscal General John Formella, alegando que los pagos propuestos por el estado de un fondo de $100 millones son mucho más bajos que los daños que los jueces y jurados han otorgado en los tribunales de todo el país.
La semana pasada, la oficina del AG presentó al Comité Fiscal Legislativo Conjunto hojas de trabajo que describen las asignaciones «básicas» propuestas que van desde $25,000 a $200,000 para cinco categorías de agresión sexual.
Los abogados condenaron una indemnización base propuesta de $200,000 por violación y $50,000 por abuso físico que resulte en «lesiones corporales permanentes o potencialmente mortales».
“Se mire como se mire, estos montos son insultantemente bajos y aparentemente impulsados por el deseo del estado de resolver tantos reclamos como sea posible bajo los límites máximos, no por ningún sentido de justicia o decencia”, escribieron los abogados.
La oficina del AG respondió que los funcionarios allí estaban «decepcionados» por la carta y que la oficina está comprometida con un proceso de colaboración sobre cómo los fiscales estatales juzgarían las solicitudes de daños.
Según la legislación (HB 1677), cualquier víctima que no esté satisfecha con el laudo del AG puede apelarlo ante un administrador independiente.
«La carta enviada por los abogados Rilee y Vicinanzo parece estar diseñada para sumar puntos en la prensa y no para brindar comentarios sustantivos y promover los esfuerzos para ayudar a las víctimas», dijo la declaración de la AG emitida por Michael Garrity, director de comunicaciones y asuntos legislativos. .
Los fiscales estatales han enfatizado que las indemnizaciones base fueron concebidas como un punto de partida para los daños y perjuicios y podrían plantearse en función de las circunstancias individuales que enfrentaron las víctimas.
Los acuerdos alcanzados en casi 5,000 casos en todo el país fueron la base para las adjudicaciones propuestas por el estado, dijeron las autoridades.
Los abogados de las víctimas dijeron que su propia encuesta encontró que el promedio de los premios del jurado o de acuerdos en casos como el de New Hampshire es «cerca de $1.5 millones».
Acusaron a los fiscales estatales de excluir «casos comparables» que habrían resultado en premios más altos.
La propuesta del estado «es un esfuerzo transparente para reducir los valores de los acuerdos que no engaña a nadie», dijeron los abogados.
Las partes discreparon sobre si estas víctimas conservan el derecho a demandar ante los tribunales si accedían a entablar negociaciones con el estado sobre daños y perjuicios.
“Esto significa que el estado que abusó de ella requiere que la víctima renuncie a todos sus derechos antes de tener alguna garantía de que se le otorgará una compensación justa, o cualquier compensación”, sostuvieron los abogados de las víctimas.
La oficina del fiscal respondió que la nueva ley estatal permite que una víctima descontenta con la oferta de acuerdo del estado vuelva a la corte para reanudar su demanda en lugar de apelarla ante el administrador.
«Nuestro objetivo final es un proceso que ayude a las víctimas. Destacaríamos que las víctimas de YDC que presentan una demanda también pueden presentar un reclamo en este proceso», concluyó la oficina del AG.
Los abogados representan a cerca de 600 personas que fueron alojadas en el YDC o en su sucesor Sununu Youth Services Center.
El YDC ha sido objeto de una investigación criminal desde 2019. Las víctimas han presentado denuncias que involucran a 150 empleados desde 1960 hasta 2018.
Diez extrabajadores del YDC y uno de un centro de detención preventiva en Concord fueron acusados de agresión sexual o de actuar como cómplices en ataques contra más de una docena de adolescentes entre 1994 y 2007.
Si bien los casos se remontan a 1963, Vicinanzo dijo que la mayoría de ellos tuvieron lugar durante la década de 1990.
El centro es lo suficientemente grande como para albergar a 144 menores, pero ahora solo tiene alrededor de una docena de adolescentes allí.
La Legislatura ordenó al estado reemplazar el centro con un complejo más pequeño para marzo de 2023.
Los funcionarios estatales de salud y servicios humanos han dicho que ese cronograma es demasiado agresivo, pero un intento de retrasar el plazo unos años fracasó en la Legislatura el mes pasado.
