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“Los bloqueos son una forma de violencia y así hay que enfrentarlos”

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"Los bloqueos son una forma de violencia y así hay que enfrentarlos"

“El mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos (…) la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes, no puede entrar en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y escúchemelo muy bien: los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber”.

Así, en un tono enérgico, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, advirtió que la Fuerza Pública tiene instrucciones muy claras de no permitir nuevos bloqueos.

El Mandatario aseveró que está con Cali y que vendrá a la capital del Valle del Cauca cuantas veces se necesario, hasta que recupere la normalidad.

Presidente, ¿qué lectura le da usted a lo que ha ocurrido en Cali y Colombia en estos últimos quince días?

Yo tengo varias lecturas y las voy a desagregar. La primera, creo que hay un fenómeno de protesta pacífica, de una serie de reivindicaciones históricas por parte de la juventud, en particular, que hay que saber entender y escuchar y que hay que atender. Segundo, hay un fenómeno de violencia estructurada, criminal, sistemática, para destruir el sistema de transporte masivo, para atentar contra la infraestructura y claramente esa manifestación está influenciada por grupos armados ilegales, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Hay una tercera lectura y es la de los bloqueos. Los bloqueos es algo que tenemos que rechazar categóricamente, porque atentan contra los derechos de todas las personas. Afecta el derecho a la salud, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo.

Y hay una cuarta lectura y es la oportunidad. Vimos el estallido y lo que esto trae y creo que la oportunidad es para tres cosas. Uno, atender ese llamado de la juventud; la segunda, para condenar todo tipo de violencia y rechazarlo de plano, la que se ejerce contra el ciudadano y la que se ejerce contra el miembro de la Fuerza Pública, pero también hay una oportunidad para desnudar las mafias que han estado detrás de estos actos vandálicos. Vine a expresarle a la comunidad de Cali que hemos estado con ustedes desde el primer día y no lo dejaremos de estar hasta tener totalmente estabilizada la ciudad y el departamento.

¿Por qué cree que esta situación en Cali alcanzó a avanzar hasta donde llegó?

Lo que sucedió con la protesta pacífica es un fenómeno que se dio, que se entiende, pero lo ha dicho también el Fiscal, los fenómenos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad tienen claramente la participación de grupos armados. Y hay unos fenómenos que debemos entender en la logística de ciertos actos sistémicos de violencia que perfectamente pueden mostrar que hay financiamiento de mafias. Pero algo muy importante es que la ciudadanía está despertando frente a esos fenómenos de violencia, la ciudadanía ya descubrió esa amenaza de los bloqueos y ya sabe lo que le puede suceder al país si esos fenómenos se dejan incubar. Como Gobierno Nacional, vamos a atender los reclamos sociales y por eso vamos a crear la mesa vallecaucana de jóvenes, pero también queremos ser claros en que ninguno de los hechos de violencia que hemos visto en la ciudad van a quedar en la impunidad.

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Hasta hace pocos días Cali parecía una ciudad en guerra; no se conseguían huevos, no se conseguía gasolina, no se conseguían medicamentos, y todo porque los cinco accesos a la ciudad estaban bloqueados. ¿Por qué ha sido tan difícil desbloquear esos puntos?
La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos, pero también ha tenido que enfrentar con cautela cosas que advertimos detrás de esos bloqueos. Muchos se están adelantando para provocar a la Fuerza Pública y provocar enfrentamientos muy fuertes y buscar desenlaces fatales para desacreditar a esas autoridades.

Entonces, la Fuerza Pública ha ido desbloqueando la ciudad, con un gran respaldo de la ciudadanía, pero claramente eran bloqueos que estaban premeditados y quienes los ejecutaron lo que querían era desabastecer por completo la ciudad.

¿Por eso usted fue enfático en que hay que levantarlos?

Los bloqueos son una forma de violencia y hay que enfrentarlos como tal, porque hay más de tres millones de niños que en los últimos catorce días no han podido recibir su programa de alimentación escolar. Hemos visto que los bloqueos han afectado el flujo de oxígeno, de medicamentos, de vacunas. Entonces el mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos. Yo he dado una instrucción muy clara: la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes ni en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y, escúchenlo muy bien, los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber.

“Hemos estado con la comunidad de Cali desde el primer día, y no lo dejaremos de estar hasta tener totalmente estabilizada la ciudad y el departamento”.

Iván Duque Márquez,

presidente de la República.

¿No cree que, en el caso específico de Cali, la Alcaldía se demoró mucho para activar los mecanismos que le da la Constitución para desmontar esos bloqueos y frenar la violencia?

El Presidente de la República acompaña la gestión de orden público en las regiones. El Alcalde, por Constitución, es el responsable del orden público local; la Gobernadora es un agente del orden público del Presidente. Cada vez que se ha presentado un ataque a la seguridad de Cali, hemos actuado con prontitud y diligencia. En el caso particular de Cali, una vez se decretó el toque de queda, el 28 de abril a las tres de la tarde, desplegamos todo el operativo de Policía y Ejército para hacer respetar el toque de queda.

Otra cosa importante, nosotros hemos buscado una reacción integral para proteger a los ciudadanos y hemos sido claros: a cualquier conducta violatoria de la ley por un miembro de la Fuerza Pública, cero tolerancia. Pero hemos visto actos sistémicos de violencia en contra de la fuerza pública que también deben ser investigados. Mi mensaje muy claro es que ni los alcaldes ni los gobernadores pueden dejar de observar los mandatos que les da la Constitución y la ley. El Gobierno Nacional no suplanta ni alcaldes ni gobernadores, pero cumple su función de presevar el orden público y por eso di la instrucción de la asistencia militar, el acompañamiento y la protección integral de la ciudadanía de Cali.

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Mucha gente en Cali no entiende la participación de la minga indígena en las protestas de la ciudad o agresiones como el derribamiento de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, entre otras cosas porque sus exigencias no se pueden resolver aquí…
Este Gobierno, por primera vez, incorporó en el Plan de Desarrollo un capítulo para los pueblos indígenas. Cualquier reivindicación por parte de estos pueblos está amparada por los acuerdos que se han hecho. En el caso de Cali, cuando yo vi la alteración del orden público como se encontraba y la presión que se estaba generando en sectores de la ciudad para que no llegaran personas de otros lugares ni vinieran a participar en los procesos de bloqueo, hice el llamado para que los indígenas regresaran a sus resguardos y evitaran una confrontación.

Yo creo que eso es más que necesario y entendible, pero también por razones epidemiológicas, porque Cali está en el 95 % de ocupación de UCI y cualquier aglomeración que se propicie puede causar una exacerbación del virus y puede llevar a colapsar la red de salud. Por eso, celebramos que los indígenas hayan regresado a sus resguardos.

Algunos de los indígenas que llegaron a la ciudad se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Es esa una correcta utilización de los carros que el Estado les ha dado para su protección, precisamente?

La UNP tiene que hacer, con los protocolos que tiene, un análisis de si han usado correctamente los protocolos para el uso de esos vehículos. Pero como se trata de bienes públicos, también están sujetos a investigaciones que adelanten la Contraloría y la Procuraduría.

Lo que ha pasado en estos días en el país en materia de violencia no fueron actos espontáneos, sino planeados cuidadosamente con antelación. ¿No falló la inteligencia militar al no detectar estos preparativos?

En efecto, había niveles de advertencia frente a los cuales había protocolos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el fenómeno sistemático de criminalización que se dio el 28 de abril, atentando contra la infraestructura y también buscando alterar por completo la tranquilidad de los ciudadanos, muestra que hay participación criminal mucho más sofisticada en esos casos de violencia y que, como dijo el Fiscal, posiblemente haya participación de disidencias de las Farc y milicias urbanas del ELN en esos hechos vandálicos y de terrorismo de baja intensidad. ¿De qué nos sirve eso hoy?: pues, primero, para entender la capacidad que el fenómeno ha tenido en estos días y nosotros tenemos que denunciar y judicializar. Ya tenemos más de 600 capturas, donde hay un porcentaje alto en flagrancia. Y yo espero que los financiadores e instigadores de esta violencia caigan muy pronto.

El presidente Iván Duque también estuvo el lunes en la madrugada en Cali.

Especial para El País

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El Alcalde de Cali negoció unos corredores humanitarios con los responsables de esos bloqueos para facilitar el ingreso de alimentos a la ciudad. ¿Eso no es, en cierta medida, darle legitimidad a los responsables de esos bloqueos?
Mi posición frente a los bloqueos está respondida en el Código Penal, que claramente establece que esa es una conducta que atenta contra los derechos de los ciudadanos y por eso tiene una sanción clara. Yo creo que uno debe abrir espacios de conversación y escuchar a los ciudadanos para atender sus reclamos, pero la protección de los derechos de los ciudadanos no es negociable. Y claramente el derecho a la movilidad, a la alimentación y al trabajo son derechos que nadie puede pisotear y mucho menos de manera violenta. La obstrucción de una vía y limitar la movilidad de la ciudadanía, es un acto de violencia.

¿Cree que detrás de lo ocurrido en los últimos días en el país se esconden intereses políticos?

Siempre hay en este tipo de actos expresiones políticas. En la protesta pacífica hay ciudadanos que genuinamente se están pronunciando, pero en la forma como algunos han querido capitalizar esas expresiones, hay afanes políticos, como es obvio también que haya intereses de otras potencias o países para, en las redes, tratar de generar una distorsión de la realidad. La campaña de desfiguración y de destrucción de la imagen del país que se dio en ese corto periodo de tiempo, muestra sencillamente que hubo injerencias extranjeras.

“De ninguna manera pretendo minimizar ninguna conducta que haya podido adelantarse por un miembro de la Fuerza Pública. Pero lo que sí vimos fue que en cuestión de horas estaba montada una campaña de descrédito que no la hacen principiantes”.

Iván Duque Márquez,

presidente de la República.

¿No le faltó una reacción más vigorosa a la Cancillería para contrarrestar esa campaña de desprestigio que menciona?

Sin tapar el sol con las manos, vimos hechos de violencia que rechazamos totalmente. Hemos visto también el rechazo a procedimientos de algunos miembros de la Fuerza Pública que también se investigan. Es más, hoy hay 67 investigaciones en marcha por parte de los organismos de control frente a conductas de miembros de la Fuerza Pública. Pero, cuando uno ve la forma como se quiso destruir la imagen institucional del país, ahí se ve injerencia de otros lugares, tildando que Colombia es una dictadura y diciendo que hubo una instrucción del Presidente para asesinar a ciudadanos. Lo que nosotros debemos hacer es contrarrestar esto por la vía diplomática, pero también por la vía comunicacional, sin quitarle el peso a unos hechos que nos generaron tanto dolor, es importante que podamos defender la imagen de nuestro país y también que los medios de comunicación, que están el lugar de los hechos, muestren la realidad, para que no haya una deconstrucción de la imagen del país.

¿Pero la reacción del Gobierno frente a ese ataque no debió ser más rápida?

Pues nosotros mandamos comunicaciones en cuestión de horas a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y teníamos a las embajadas reaccionando a través de los canales que tienen en cada país, pero el ataque fue sistemático, a través de las redes y los flujos de información falsa, tratando de exagerar las cosas. Eso, reconociendo que hay imágenes propias de lo que ocurrió que deben ser investigadas.

¿Cuándo calcula que se llegará a un acuerdo con el Comité del Paro Nacional?

Yo creo que hay puntos de convergencia. Ellos han hablado de la matricula cero en la universidad pública para los estudiantes de menores recursos. Y, a partir de un planteamiento que hicimos en la campaña, este próximo semestre tendremos matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas y en centros de formación técnica y tecnólogica públicas. Esa es sin duda una decisión histórica.

En vacunación, que es otro punto, iniciamos la vacunación de las personas que estén entre los 50 y 59 años que tengan comorbilidades y vamos avanzando en otros temas. Algo también importante, en relación con la educación, cómo la hacemos más equitativa y más progresiva, y yo creo que esos espacios nos pueden dar luz de esperanza. ¿Qué se requiere?, que levanten los bloqueos, que dejemos cualquier consideración política y electoral y entremos a la construcción colectiva de soluciones para el país.

¿Qué mensaje les envía a los caleños que siguen estresados por lo ocurrido en lo últimos quince días en la ciudad?

Que vamos a estar aquí con todas las capacidades. Tenemos en Cali a los mejores oficiales del Ejército y de la Policía, encabezados por el general Zapateiro, comandante general del Ejército. Pero más allá de eso, hemos dicho que, como Gobierno, queremos trabajar y ayudar a que se haga una mesa con los jóvenes del departamento del Valle, donde abordemos sus necesidades de empleo, educación, emprendimiento y participación política. Una combinación de estos elementos con un gran respaldo de la ciudadanía para rechazar los bloqueos y estimular la conversación, nos va a permitir restablecer la normalidad y aquí estaré viniendo hasta que alcancemos ese propósito.



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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

“No creo que la visita de la CIDH fuera acaparada por el Gobierno, más bien el organismo internacional hizo un ejercicio de revisión institucional de lo que tiene el Estado Colombiano. La Comisión necesitaba una visión institucional para que, si hay un pronunciamiento, las medidas que sugiera sean acordes al Estado”.

Así analiza Carlos Arias, profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, la labor que desarrollaron los seis miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron esta semana en el país para recibir información sobre la violencia y los actos de vandalismo registrados en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.

Lo cierto es que entre el lunes y el jueves los comisionados tuvieron varios encuentros en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, así como con los líderes del Comité de Paro, empresarios y organizaciones sociales.

Pero también se desplazaron a Popayán, Tuluá, Buga y Cali, donde igualmente se entrevistaron con el alcalde Jorge Iván Ospina, algunos concejales y representantes de la sociedad civil, según se informó.

Es por ello que el académico agrega que “si la CIDH hubiera planteado sus reuniones de otra forma, cualquier fallo hubiera marcado una serie de sesgos y reinterpretaciones de la realidad. Además, el futuro pronunciamiento no hubiera sido tan respaldado por el Gobierno. Al tener una presencia fuerte en la institucionalidad, no puede tener ningún marco de duda, porque se reunió más tiempo con el Gobierno y escuchó la visión institucional”.

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Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “lo ideal hubiera sido que se le hubiera dado mayores libertades al grupo de la Comisión, pero había una predisposición muy grande”, aludiendo a las primeras declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en las que dijo que el Gobierno no iba a aceptar la visita.

Ahora bien, los analistas coinciden en que los comisionados se llevaron un panorama muy completo de lo que ha pasado durante las movilizaciones.

“La entrega de los informes de la Fuerza Pública, el informe de Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y la entrega de informes por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos es, a mi juicio, lo más emblemático de la visita”, dice Jaramillo.

A su vez, Juan Carlos Ruiz, también profesor en la Universidad del Rosario, sostiene: “Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar con la CIDH, desde el exportador, los padres de las víctimas de las protestas, el Gobierno, las centrales sindicales, entonces lo interesante es que todo el mundo quiso hablar con la Comisión y esa posibilidad me parece muy importante en estos momentos que vive el país”.

En ese sentido, Carlos Arias anota que la CIDH pudo cruzar las bases de datos de distintas entidades: “Tuvo la posibilidad de ponderar el grado de velocidad y verosimilitud de las investigaciones de entidades como la Fiscalía, la Produraduría y la Defensoría. Haberse reunido con organizaciones de Derechos Humanos le da una perspectiva del grado de incidencia del Gobierno en las entidades de control”.

Entre tanto, Ruiz destaca que todos los actores involucrados en la crisis política, económica y social tuvieron el anhelo de demostrar que tenían la razón. “Una expectativa jamás vista en el país para una visita de este tipo, la gente quiere un árbitro neutral que diga qué pasó y qué está pasando. Ojalá la CIDH esté a la altura de ese compromiso”, añade.

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Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, asegura que el informe de la Comisión, anunciado para la semana entrante, no va a contener un análisis de la situación a profundidad.

“Cuando se habla de visita de trabajo, luego de esta se conoce solo un comunicado de prensa. Sin embargo, en la norma no existe distinción sobre lo que produce una visita in loco y una de trabajo. Por eso las organizaciones solicitamos que, a pesar de que esa sea la práctica, en la medida de lo posible se haga un informe detallado de la visita de trabajo, porque el esfuerzo ha sido mucho y la Comisión ha recogido mucha información con qué hacerlo”, explica Bustamante.

Según ella, “la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo conforme al artículo 53 de su reglamento, que da la posibilidad de diseñar la que la comisión estime más pertinente. En este caso no se hizo una visita con el pleno de la comisión sino solo con tres de sus siete comisionados y un equipo muy grande de la secretaría ejecutiva para la toma de testimonios y el tema logístico”.

“Entonces será un comunicado de prensa con observaciones a las que se les hará seguimiento y en donde las organizaciones más adelante tendrán la oportunidad de pedir audiencias temáticas para el seguimiento de esas observaciones”, puntualiza.

El informe del Mindefensa a la CIDH dio cuenta de 19 fallecidos, 2 uniformados muertos, 1106 personas heridas, 1253 lesionados y 178 investigaciones disciplinarias.

Detalles

La visita de trabajo de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo liderada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, quien vino acompañada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Además contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y de la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, además del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

Según información proporcionada por la CIDH, se recibieron más de dos mil registros de personas o entidades que querían entrevistarse con la delegación del organismo adjunto a la OEA, que fue recibido oficialmente el martes en la mañana por el presidente Iván Duque, luego de que llegaran el lunes al país.

La última reunión de los comisionados con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se realizó el jueves en la tarde en la sede de la Cancillería colombiana.



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Petróleo en Colombia: Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

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