«Los bloqueos son una forma de violencia y así hay que enfrentarlos»

“El mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos (…) la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes, no puede entrar en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y escúchemelo muy bien: los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber”.

Así, en un tono enérgico, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, advirtió que la Fuerza Pública tiene instrucciones muy claras de no permitir nuevos bloqueos.

El Mandatario aseveró que está con Cali y que vendrá a la capital del Valle del Cauca cuantas veces se necesario, hasta que recupere la normalidad.

Presidente, ¿qué lectura le da usted a lo que ha ocurrido en Cali y Colombia en estos últimos quince días?

Yo tengo varias lecturas y las voy a desagregar. La primera, creo que hay un fenómeno de protesta pacífica, de una serie de reivindicaciones históricas por parte de la juventud, en particular, que hay que saber entender y escuchar y que hay que atender. Segundo, hay un fenómeno de violencia estructurada, criminal, sistemática, para destruir el sistema de transporte masivo, para atentar contra la infraestructura y claramente esa manifestación está influenciada por grupos armados ilegales, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Hay una tercera lectura y es la de los bloqueos. Los bloqueos es algo que tenemos que rechazar categóricamente, porque atentan contra los derechos de todas las personas. Afecta el derecho a la salud, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo.

Y hay una cuarta lectura y es la oportunidad. Vimos el estallido y lo que esto trae y creo que la oportunidad es para tres cosas. Uno, atender ese llamado de la juventud; la segunda, para condenar todo tipo de violencia y rechazarlo de plano, la que se ejerce contra el ciudadano y la que se ejerce contra el miembro de la Fuerza Pública, pero también hay una oportunidad para desnudar las mafias que han estado detrás de estos actos vandálicos. Vine a expresarle a la comunidad de Cali que hemos estado con ustedes desde el primer día y no lo dejaremos de estar hasta tener totalmente estabilizada la ciudad y el departamento.

¿Por qué cree que esta situación en Cali alcanzó a avanzar hasta donde llegó?

Lo que sucedió con la protesta pacífica es un fenómeno que se dio, que se entiende, pero lo ha dicho también el Fiscal, los fenómenos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad tienen claramente la participación de grupos armados. Y hay unos fenómenos que debemos entender en la logística de ciertos actos sistémicos de violencia que perfectamente pueden mostrar que hay financiamiento de mafias. Pero algo muy importante es que la ciudadanía está despertando frente a esos fenómenos de violencia, la ciudadanía ya descubrió esa amenaza de los bloqueos y ya sabe lo que le puede suceder al país si esos fenómenos se dejan incubar. Como Gobierno Nacional, vamos a atender los reclamos sociales y por eso vamos a crear la mesa vallecaucana de jóvenes, pero también queremos ser claros en que ninguno de los hechos de violencia que hemos visto en la ciudad van a quedar en la impunidad.

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Hasta hace pocos días Cali parecía una ciudad en guerra; no se conseguían huevos, no se conseguía gasolina, no se conseguían medicamentos, y todo porque los cinco accesos a la ciudad estaban bloqueados. ¿Por qué ha sido tan difícil desbloquear esos puntos?
La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos, pero también ha tenido que enfrentar con cautela cosas que advertimos detrás de esos bloqueos. Muchos se están adelantando para provocar a la Fuerza Pública y provocar enfrentamientos muy fuertes y buscar desenlaces fatales para desacreditar a esas autoridades.

Entonces, la Fuerza Pública ha ido desbloqueando la ciudad, con un gran respaldo de la ciudadanía, pero claramente eran bloqueos que estaban premeditados y quienes los ejecutaron lo que querían era desabastecer por completo la ciudad.

¿Por eso usted fue enfático en que hay que levantarlos?

Los bloqueos son una forma de violencia y hay que enfrentarlos como tal, porque hay más de tres millones de niños que en los últimos catorce días no han podido recibir su programa de alimentación escolar. Hemos visto que los bloqueos han afectado el flujo de oxígeno, de medicamentos, de vacunas. Entonces el mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos. Yo he dado una instrucción muy clara: la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes ni en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y, escúchenlo muy bien, los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber.

¿No cree que, en el caso específico de Cali, la Alcaldía se demoró mucho para activar los mecanismos que le da la Constitución para desmontar esos bloqueos y frenar la violencia?

El Presidente de la República acompaña la gestión de orden público en las regiones. El Alcalde, por Constitución, es el responsable del orden público local; la Gobernadora es un agente del orden público del Presidente. Cada vez que se ha presentado un ataque a la seguridad de Cali, hemos actuado con prontitud y diligencia. En el caso particular de Cali, una vez se decretó el toque de queda, el 28 de abril a las tres de la tarde, desplegamos todo el operativo de Policía y Ejército para hacer respetar el toque de queda.

Otra cosa importante, nosotros hemos buscado una reacción integral para proteger a los ciudadanos y hemos sido claros: a cualquier conducta violatoria de la ley por un miembro de la Fuerza Pública, cero tolerancia. Pero hemos visto actos sistémicos de violencia en contra de la fuerza pública que también deben ser investigados. Mi mensaje muy claro es que ni los alcaldes ni los gobernadores pueden dejar de observar los mandatos que les da la Constitución y la ley. El Gobierno Nacional no suplanta ni alcaldes ni gobernadores, pero cumple su función de presevar el orden público y por eso di la instrucción de la asistencia militar, el acompañamiento y la protección integral de la ciudadanía de Cali.

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Mucha gente en Cali no entiende la participación de la minga indígena en las protestas de la ciudad o agresiones como el derribamiento de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, entre otras cosas porque sus exigencias no se pueden resolver aquí…
Este Gobierno, por primera vez, incorporó en el Plan de Desarrollo un capítulo para los pueblos indígenas. Cualquier reivindicación por parte de estos pueblos está amparada por los acuerdos que se han hecho. En el caso de Cali, cuando yo vi la alteración del orden público como se encontraba y la presión que se estaba generando en sectores de la ciudad para que no llegaran personas de otros lugares ni vinieran a participar en los procesos de bloqueo, hice el llamado para que los indígenas regresaran a sus resguardos y evitaran una confrontación.

Yo creo que eso es más que necesario y entendible, pero también por razones epidemiológicas, porque Cali está en el 95 % de ocupación de UCI y cualquier aglomeración que se propicie puede causar una exacerbación del virus y puede llevar a colapsar la red de salud. Por eso, celebramos que los indígenas hayan regresado a sus resguardos.

Algunos de los indígenas que llegaron a la ciudad se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Es esa una correcta utilización de los carros que el Estado les ha dado para su protección, precisamente?

La UNP tiene que hacer, con los protocolos que tiene, un análisis de si han usado correctamente los protocolos para el uso de esos vehículos. Pero como se trata de bienes públicos, también están sujetos a investigaciones que adelanten la Contraloría y la Procuraduría.

Lo que ha pasado en estos días en el país en materia de violencia no fueron actos espontáneos, sino planeados cuidadosamente con antelación. ¿No falló la inteligencia militar al no detectar estos preparativos?

En efecto, había niveles de advertencia frente a los cuales había protocolos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el fenómeno sistemático de criminalización que se dio el 28 de abril, atentando contra la infraestructura y también buscando alterar por completo la tranquilidad de los ciudadanos, muestra que hay participación criminal mucho más sofisticada en esos casos de violencia y que, como dijo el Fiscal, posiblemente haya participación de disidencias de las Farc y milicias urbanas del ELN en esos hechos vandálicos y de terrorismo de baja intensidad. ¿De qué nos sirve eso hoy?: pues, primero, para entender la capacidad que el fenómeno ha tenido en estos días y nosotros tenemos que denunciar y judicializar. Ya tenemos más de 600 capturas, donde hay un porcentaje alto en flagrancia. Y yo espero que los financiadores e instigadores de esta violencia caigan muy pronto.

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El Alcalde de Cali negoció unos corredores humanitarios con los responsables de esos bloqueos para facilitar el ingreso de alimentos a la ciudad. ¿Eso no es, en cierta medida, darle legitimidad a los responsables de esos bloqueos?
Mi posición frente a los bloqueos está respondida en el Código Penal, que claramente establece que esa es una conducta que atenta contra los derechos de los ciudadanos y por eso tiene una sanción clara. Yo creo que uno debe abrir espacios de conversación y escuchar a los ciudadanos para atender sus reclamos, pero la protección de los derechos de los ciudadanos no es negociable. Y claramente el derecho a la movilidad, a la alimentación y al trabajo son derechos que nadie puede pisotear y mucho menos de manera violenta. La obstrucción de una vía y limitar la movilidad de la ciudadanía, es un acto de violencia.

¿Cree que detrás de lo ocurrido en los últimos días en el país se esconden intereses políticos?

Siempre hay en este tipo de actos expresiones políticas. En la protesta pacífica hay ciudadanos que genuinamente se están pronunciando, pero en la forma como algunos han querido capitalizar esas expresiones, hay afanes políticos, como es obvio también que haya intereses de otras potencias o países para, en las redes, tratar de generar una distorsión de la realidad. La campaña de desfiguración y de destrucción de la imagen del país que se dio en ese corto periodo de tiempo, muestra sencillamente que hubo injerencias extranjeras.

¿No le faltó una reacción más vigorosa a la Cancillería para contrarrestar esa campaña de desprestigio que menciona?

Sin tapar el sol con las manos, vimos hechos de violencia que rechazamos totalmente. Hemos visto también el rechazo a procedimientos de algunos miembros de la Fuerza Pública que también se investigan. Es más, hoy hay 67 investigaciones en marcha por parte de los organismos de control frente a conductas de miembros de la Fuerza Pública. Pero, cuando uno ve la forma como se quiso destruir la imagen institucional del país, ahí se ve injerencia de otros lugares, tildando que Colombia es una dictadura y diciendo que hubo una instrucción del Presidente para asesinar a ciudadanos. Lo que nosotros debemos hacer es contrarrestar esto por la vía diplomática, pero también por la vía comunicacional, sin quitarle el peso a unos hechos que nos generaron tanto dolor, es importante que podamos defender la imagen de nuestro país y también que los medios de comunicación, que están el lugar de los hechos, muestren la realidad, para que no haya una deconstrucción de la imagen del país.

¿Pero la reacción del Gobierno frente a ese ataque no debió ser más rápida?

Pues nosotros mandamos comunicaciones en cuestión de horas a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y teníamos a las embajadas reaccionando a través de los canales que tienen en cada país, pero el ataque fue sistemático, a través de las redes y los flujos de información falsa, tratando de exagerar las cosas. Eso, reconociendo que hay imágenes propias de lo que ocurrió que deben ser investigadas.

¿Cuándo calcula que se llegará a un acuerdo con el Comité del Paro Nacional?

Yo creo que hay puntos de convergencia. Ellos han hablado de la matricula cero en la universidad pública para los estudiantes de menores recursos. Y, a partir de un planteamiento que hicimos en la campaña, este próximo semestre tendremos matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas y en centros de formación técnica y tecnólogica públicas. Esa es sin duda una decisión histórica.

En vacunación, que es otro punto, iniciamos la vacunación de las personas que estén entre los 50 y 59 años que tengan comorbilidades y vamos avanzando en otros temas. Algo también importante, en relación con la educación, cómo la hacemos más equitativa y más progresiva, y yo creo que esos espacios nos pueden dar luz de esperanza. ¿Qué se requiere?, que levanten los bloqueos, que dejemos cualquier consideración política y electoral y entremos a la construcción colectiva de soluciones para el país.

¿Qué mensaje les envía a los caleños que siguen estresados por lo ocurrido en lo últimos quince días en la ciudad?

Que vamos a estar aquí con todas las capacidades. Tenemos en Cali a los mejores oficiales del Ejército y de la Policía, encabezados por el general Zapateiro, comandante general del Ejército. Pero más allá de eso, hemos dicho que, como Gobierno, queremos trabajar y ayudar a que se haga una mesa con los jóvenes del departamento del Valle, donde abordemos sus necesidades de empleo, educación, emprendimiento y participación política. Una combinación de estos elementos con un gran respaldo de la ciudadanía para rechazar los bloqueos y estimular la conversación, nos va a permitir restablecer la normalidad y aquí estaré viniendo hasta que alcancemos ese propósito.