Redacción
Tras los recientes anuncios en las ciudades del país sobre cómo se llevará a cabo el retorno de los colegios en este primer semestre, crece el debate sobre el impacto que este tendría en la desigualdad y en la economía, y en cuáles deberían ser las medidas más adecuadas.
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Y es que, aunque el año 2020 cerró con un 75% de pilotos en alternancia, y con los planes aprobados en las 96 secretarías del país, como lo informó el Ministerio de Educación, la autonomía de las entidades distritales plantea ahora condiciones distintas para el retorno estudiantil.
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A inicio de esta semana, por ejemplo, Bogotá informó, que con la Circular 001 de 2021 queda estipulado que los colegios públicos iniciarían con su calendario el 25 de enero de manera no presencial.
Asimismo, según William Rodríguez Sánchez, el secretario de Educación de Cali, las instituciones de esta ciudad comenzarán el primero de febrero con el aprendizaje en casa, “y, de acuerdo con el avance de la pandemia, iremos derivando la alternancia”, dijo.
Caso similar a las anteriores es el del departamento del Huila, donde el retorno a las aulas se daría para febrero o marzo, pues mientras se mantenga el proceso de aislamiento, la autoridad educativa manifestó que no se iniciarán labores presenciales.
La postura de estos territorios de continuar en la virtualidad, por lo menos en este arranque de año, fue celebrada por gremios como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Su presidente Nelson Alarcón hizo a nombre del gremio una exigencia tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades territoriales, “para que actúen en consecuencia con respecto a lo que se está viviendo hoy con el crecimiento de la pandemia. Debemos salvaguardar a la población, la comunidad educativa”.
Asimismo, Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, quien desde el año pasado viene expresando que se deben garantizar las condiciones para que el regreso sea del todo seguro, recientemente también instó a que se aplace la alternancia.
En la otra cara de la moneda, entre quienes se mantienen en su modelo híbrido, donde se contempla una parte de educación en los recintos, están ciudades como Manizales. Allí, de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación serían, de momento, 15 colegios privados y 10 instituciones públicas las que comenzarían el 25 de enero bajo ese modelo.
Para este caso, cabe destacar, que desde el martes de esta semana los rectores y docentes de las instituciones vienen preparándose para cumplir con las directrices del retorno.
En la misma fecha, está previsto que se retomen las clases, ya sean remotas o presenciales en Cartagena. Olga Acosta, la secretaria de Educación de la ciudad, aclaró, sin embargo, que se otorgará autonomía a cada institución para que decida el mecanismo que desea implementar.
Finalmente, para el caso colombiano, es importante mencionar también ejemplos como el de Pereira. Allí, con la Circular No. 9 de la Secretaría de Educación estableció que entre el 12 y el 24 de enero se realizará la definición, con docentes, administrativos y directores, del plan que se llevará a cabo durante el año.
Y en lo referente al retorno, el gobierno de la esa ciudad conformó el comité de alternancia que prestará asistencia técnica y aprobará los protocolos de retorno.
EFECTOS DE LOS CIERRES
Si bien la apertura de los colegios puede significar un riesgo de contagios para los niños y sus familias, experiencias en otros países, como España, han demostrado que los casos son muy bajos.
Pero, por otro lado, mantener a los niños estudiando desde casa sí podría significar un retroceso en algunas de las dimensiones de pobreza multidimensional y seguiría profundizando la brecha de género, teniendo en cuenta que son las mujeres las que se han tenido que quedar en las casas a cuidar de sus hijos.
Para Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, “es una de las medidas más drásticas y costosas desde el punto vista social y económico en esta pandemia, y no tiene justificación en términos de detener el virus”.
Para el expertos, los anuncios pueden llevar a una acumulación de capital humano que traería efectos en la dinámica de crecimiento del país e incrementaría la desigualdad, sobre todo para el caso de aquellos menores que no tienen las suficientes herramientas para acceder a la educación.
En ese sentido, Maribel Castillo, directora de la carrera de economía de la U. Javeriana de Cali, dice que “una de las propuestas para que las mujeres puedan reactivar la senda de búsqueda de empleo es que los colegios reabran con alternancia. El impacto en el cuidado de los niños recae especialmente en ellas y el efecto en el empleo femenino es grande. Si no abren, este proceso de reactivación se alarga todavía más”.
Incluso, si se mira por los indicadores macroeconómicos se ve que el sector de educación, por ejemplo, es uno de los que jalonó a la baja la inflación en 2020, pues tuvo una variación de -7,02%, cuando en 2019 el dato fue de 5,75%.
Por otro lado, también ha afectado la generación de empleo en ese sector. Según los datos de mercado laboral a noviembre del Dane, de los 2,5 millones de puestos de trabajo que se perdieron entre enero y noviembre de 2020, 337.000 los aportaron los sectores de administración pública, educación, y atención a la salud humana.
A eso hay que sumarle que, según lo dijo el martes pasado Henrietta Fore, directora ejecutiva de la Unicef, “los niños y niñas no pueden permitirse otro año sin escuela”.
Entre las razones de la funcionaria están que la capacidad de los niños de leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas se ha deteriorado, y las habilidades que necesitan para salir adelante en la economía del siglo XXI han disminuido.
EL PROBLEMA DEL INTERNET
Otra de las dificultades que representa el cierre de los colegios es que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones, pues no tienen las herramientas materiales ni de conectividad para poder acceder a las clases.
“Los centros de educación han mostrado una tremenda desigualdad, porque algunos han podido readaptar el entorno a las condiciones que exige una alternancia en términos de bioseguridad, mientras algunos colegios públicos y de zonas rurales no cuentan con dichos recursos”, dice Castillo.
