Cuando surgieron los poderes legislativos de América Latina, entre 1850 y 1920, los 60 millones de habitantes de la región -menos del 10 por ciento de la población actual- tenían suerte si tenían un caballo y llegaban a la mediana edad. Pero los tiempos han avanzado y la única institución que se podría esperar que se moviera con los cambios -la piedra angular de la democracia encargada de enfrentar los desafíos más difíciles y nuevos de los ciudadanos- apenas se ha modernizado. De hecho, los congresos latinoamericanos se han aferrado obstinadamente a sus viejas costumbres, resistiéndose a la innovación en todo momento.
Este es especialmente el caso en tres áreas críticas. La primera se refiere a la falta de preparación de los congresos para las demandas cambiantes de los ciudadanos. Los representantes no son conocidos por ser proactivos y abiertos a abordar los males de la sociedad, que rara vez encajan perfectamente en agendas temáticas amplias. Una respuesta a este problema sería garantizar una mayor influencia pública sobre las agendas y la toma de decisiones de los congresos. Otra sería someter la producción del Congreso a una revisión rigurosa basada en evidencia. Entre otros beneficios, un proceso legislativo más robusto garantizaría que las regulaciones estén claramente enmarcadas y articuladas, evitando incertidumbres legales posteriores.
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En segundo lugar, los congresos adolecen de métodos obsoletos de recopilación de información. En general, tienden a tener solo dos fuentes de datos principales: sus propios representantes y equipos técnicos. En consecuencia, las decisiones no se basan en información sólida y pueden dar lugar a que se dedique igual o más tiempo a proyectos de ley menores que a los cruciales. Los representantes también luchan por inspirar el interés público, pero los congresos podrían capturar mejor los datos que están disponibles para ellos a través de sus sociedades, mejorando las decisiones de elaboración de leyes. Las opciones incluyen equipos especializados de funcionarios públicos encargados de recopilar y reunir pruebas relacionadas con las políticas públicas. Otra sería aprovechar la inteligencia artificial para recopilar y comparar experiencias y perspectivas que permitan a todos, no solo a los representantes electos, contribuir al proceso legislativo.
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Un tercer problema es la transparencia. La visión de los congresos sobre la transparencia y la participación a menudo se limita a la comunicación unidireccional en lugar de un intercambio significativo con actores externos. Esto alimenta una percepción de los congresos como impermeables y distantes, lo que socava la confianza del público. Mientras tanto, las políticas débiles y las medidas a medias en materia de transparencia no ayudan mucho. Sobre el acceso a la información existen innumerables ejemplos de solicitudes de datos, nominalmente garantizadas por la ley, que se ignoran o rechazan. Se pueden utilizar algunas herramientas para fomentar un intercambio más abierto y significativo entre la sociedad civil y los legisladores.
Usar un modelo funcional del siglo XIX para producir soluciones del siglo XXI es una receta para la ineficiencia. El caso para que los congresos adopten nuevas ideas y enfoques es sólido
Los congresos deben ser instituciones centrales en el mundo de las políticas públicas, cámaras de debate vibrante, mesurado, pero también orientado al progreso sobre los mayores desafíos de nuestro tiempo. Y sin duda, las cámaras legislativas latinoamericanas a veces se han enfrentado al desafío en los últimos años: desde el debate sobre la legalización del aborto en Argentina en 2018, hasta la aprobación de los acuerdos de paz en Colombia en 2016 y la reforma educativa en Chile entre 2015 y 2018.
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Pero usar un modelo funcional del siglo XIX para producir soluciones del siglo XXI es una receta para la ineficiencia. Si a eso se le suma una pandemia global que impone una respuesta normativa y de políticas sin precedentes, el caso para que los congresos adopten nuevas ideas y enfoques es sólido.
Desde el inicio de la crisis, todos los congresos de la región, salvo una minoría, entre ellos los de Brasil, Chile y, en menor medida, Ecuador, han hecho un genuino intento de seguir funcionando con normalidad. Pero el fracaso general ha expuesto aún más las deficiencias preexistentes de los congresos en toda América Latina.
Los congresos latinoamericanos deben adoptar la tecnología para repensar su papel. Por ejemplo, el uso de la inteligencia colectiva para la redacción de leyes, o el ‘derecho colectivo’, puede abrir el proceso a más expertos y participación pública.
El Laboratorio Hacker, un laboratorio de innovación dentro de la Cámara de Diputados de Brasil, desarrolló un chatbot de inteligencia artificial para facilitar las interacciones entre legisladores y ciudadanos. También se puede aplicar blockchain (registros virtuales) para permitir el uso seguro de las firmas digitales de los ciudadanos. La realidad aumentada en sesiones cara a cara con parlamentarios brindaría a los ciudadanos una experiencia más cercana y de mayor calidad.
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Finalmente, como ha demostrado la pandemia, los congresos de América Latina ya deberían haber institucionalizado los procesos deliberativos en línea. La deliberación en línea puede tener lugar para decisiones de menor impacto, reservando las sesiones cara a cara para temas más estratégicos. Esta fórmula podría aumentar la transparencia y la participación ciudadana, al tiempo que reduce significativamente el costo logístico de trasladar a los legisladores hacia y desde sus distritos.
Es probable que (los congresos) se debiliten mucho y corran el riesgo de volverse marginales. En términos más generales, las legislaturas anacrónicas serán incapaces de liderar los debates más importantes del siglo XXI.
MARIA BARON* Y CRISTIANO FERRI**
Americas Quarterly* Maria Baron es la directora ejecutiva del Directorio Legislativo. ** Cristiano Ferri es el fundador del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil.