En el marco del Congreso de Naturgas, el presidente Gustavo Petro recalcó sobre la necesidad de acelerar la transición energética. Para esto, el mandatario señaló que se deben destinar los recursos necesarios. De hecho, citando a Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, el mandatario dijo que si bien entre 2035 y 2050 habría que usar el doble del PIB mundial para hacer una transición, la pregunta era “¿qué pasa si no se hace?”
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Si bien aún no hay una hoja de ruta clara con respecto a cuáles serán los planes de política pública para ejecutar esta propuesta, la ministra de Minas y Energía explicó a Portafolio que esta estaría lista en seis meses.
En este contexto, un estudio de Fedesarrollo, hecho por el investigador Juan Benavides, señala que hay una serie de riesgos económicos que están relacionados con una política que “acelere” la transición. “Es importante examinar los impactos económicos de forzar tecnologías que no cumplen con las condiciones de rentabilidad y riesgo, y de desmantelar activos que no se han depreciado y que sirven funciones críticas en condiciones de estrés al sistema energético”, asegura el análisis.
Son cuatro los efectos que se generarían: en primer lugar, la reducción de los ingresos fiscales; los sobrecostos de excluir el gas de la matriz energética; costos de adopción de nuevas tecnologías en el lado de la demanda, con menor relación desempeño/costo y por último, el costo de reemplazo desde la orilla de la oferta.
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En el estudio, Benavides destaca que por ejemplo, podría haber una reducción en el PIB. Entre 2023 y 2030, podría significar entre 0,23% y 0,27% anualmente por “obligar a una fracción de la nueva inversión en maquinaria y equipos a realizarse bajo condiciones de baja rentabilidad”. Asegura que se podrían perder por esta política cerca de US$10.750 millones en ese periodo.
A esto se le suma que para desmantelar la generación térmica tendría un costo de US$2.340 millones y el reemplazo de la generación térmica por eólica sería de US$38.900 millones ($163 billones). Benavides señala que a pesar de ello, el remplazo de esta fuente de generación sería un aporte relativamente pequeño en la carbono neutralidad y además representa unos altos costos fiscales.
Ahora bien, esta no es la única consecuencia de una medida de este tipo. También se debe tener en cuenta que son estas plantas las que brindan confiabilidad al sistema de generación eléctrica, por lo que una transición acelerada podría afectarlo. Sobre este tema, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, señaló que las plantas que ya están funcionando lo seguirán haciendo, aunque no se promoverán nuevas de este tipo a futuro.
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El estudio analiza que estas fuertes inversiones requieren alguien que las pague. Por el momento, las energías renovables no convencionales siguen siendo más costosas frente a otras, como la hidráulica, por lo que un remplazo muy abrupto puede implicar incrementos en los costos de las facturas de electricidad.
Benavides explica que todas las tecnologías tienen una velocidad natural de maduración, en el cual van abaratando sus costos de generación a la vez que otras fuentes van depreciando sus activos más contaminantes que van siendo remplazados gradualmente. Este proceso puede tomarse mínimo 30 años y no necesariamente implica un cambio total de las tecnologías fósiles.
De acuerdo con la investigación, esto se evidencia en un menor número de emisiones (no nulas) por la energía consumida, pues para 2050, se emitirían 20.000 toneladas de CO2 por cada giga joule de energía; es decir, menos de la mitad de lo que se genera en 2021 (como se evidencia en el gráfico). Esto teniendo en cuenta que el consumo de energía se habría multiplicado por más de dos veces. Es decir, con el paso del tiempo, se logrará un remplazo natural mucho menos contaminante.
Daniela Morales Soler
PORTAFOLIO