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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció que 10.892 familias indígenas (resguardadas, no reguardadas y en las ciudades) están en riesgo de contagio, lo que equivale a un incremento del 24 % desde el 28 de marzo.

El monitoreo registra que la expansión temporal del virus amenaza a los pueblos Zenú, Mokaná y Muisca. Ante este panorama, han optado por la medicina tradicional y la espiritualidad como estrategia de protección y resistencia ante la pandemia.

“La pervivencia de los pueblos y naciones indígenas es un imperativo ético y una necesidad para toda la sociedad, al ser guardianes de la memoria histórica de la Nación y garantes de la protección de los bienes naturales comunes de todas y todos los colombianos”, afirmó la ONIC.

“Los casos han venido presentando un patrón de expansión que inicialmente se centra en las ciudades capitales y se traslada a municipios intermedios para, finalmente, irse propagando a municipios con menor número de pobladores cerca de los cuales se encuentran la mayoría de los territorios indígenas”, advirtieron.

Dada la cercanía de las comunidades y territorios indígenas a las áreas contagiadas (10 kilómetros) y su estrecha relación social, económica y cultural con estos centros poblados, se identificaron 14 departamentos y 46 municipios con población indígena en área rural y urbana que coinciden con los puntos afectados a nivel nacional.

Esto indica que unas 55.617 familias indígenas son susceptibles de ser afectadas en el corto plazo en caso de continuar el patrón de contagio espacial del virus. Se señala, además, que los pueblos que deben reforzar su control territorial son Zenú, Mokaná y Muisca, son los que presentan mayor riesgo.

Según el reporte en el Sistema de Monitoreo Territorial (SMT), ante la amenaza del virus la estrategia de resistencia de las autoridades Barí (un pueblo guerrero que habita en las selvas del departamento de Norte de Santander) con el apoyo de la guardia, ha sido el aislamiento en las comunidades, la cancelación de acciones y eventos comunitarios, la regulación de la movilidad de personas en el territorio ancestral en coordinación con el pueblo campesino, así como del transporte terrestre y acuático.

Pero estas medidas de prevención y contención del virus han agravado la difícil situación de las comunidades, ya que se encuentran desabastecidas de alimentos no perecederos, medicamentos e insumos de bioseguridad, implementos de higiene y aseo.

Manifiestan que no tienen acceso a un centro médico cerca a sus territorios, que los 16 promotores de salud no cuentan con capacitación y que las 123 comunidades del resguardo Motilón Barí no tienen comunicación vía telefónica o por internet, pues los contratos finalizaron.

A esto se suman las amenazas de los grupos armados al margen de la ley que, aún en medio de la pandemia, no cesan. En la región del Catatumbo, anunciaron, está circulando un documento en que se informan las medidas “decretadas”, entre ellas limitar radicalmente y por medio de la violencia la movilidad y el transporte, lo que restringe el acceso a víveres y elementos de primera necesidad.

“Ante el evidente patrón espacial de expansión del virus, se insta al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales a fortalecer la implementación de los planes de contención, liderados por los pueblos y naciones indígenas, apropiando efectivamente y con enfoque diferencial los recursos necesarios en forma inmediata”, afirmó la ONIC

La Organización le solicitó al Gobierno que haya una coordinación permanente con las autoridades étnico-territoriales, capacitación al personal médico de las comunidades, dotación para las casas y centros de salud, la ubicación de hospitales de campaña ubicados cerca de los territorios y disposición de ambulancias.

Este es solo uno de los varios llamados que han hecho la ONIC y las comunidades indígenas. Marhta Peralta, presidenta nacional del Movimiento MAIS anunció ayer que las comunidades Wayúu bloquearon las carreteras para pedir elementos de primera necesidad al Gobierno.

POLÍTICA





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