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domingo, abril 5, 2020

Los millonarios contratos del ‘zar’ de la alimentación escolar

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El control de fundaciones sin ánimo de lucro que utilizaba para hacerse con contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en capitales y pueblos del Caribe colombiano, fue el plan que durante años le funcionó a Alejandro Hernández para amasar una gran fortuna hasta convertirse, según la Fiscalía, en el ‘zar’ del PAE.

Esta estrategia de tráfico de fundaciones, de acomodación de licitaciones, falsificación de documentos y pago de sobornos le valió, asegura el ente investigador, para manejar en los últimos 10 años contratos por 726.000 millones de pesos y desfalcar el programa que tiene el Gobierno Nacional para llevar meriendas y almuerzos a estudiantes pobres de colegios oficiales.

Según las investigaciones y denuncias, Hernández logró tener en este tiempo el control o injerencia en por lo menos 1.500 contratos en municipios de La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Boyacá.

Su nombre salió a luz pública luego de la operación Pandora, que inició la Fiscalía en el 2019 para establecer serias irregularidades que había detectado inicialmente la Contraloría en dos contratos (00013 y 00123), por más de 10.000 millones de pesos, que se suscribieron en el 2016 con la gobernación del Atlántico para el suministro de alimentación escolar de por lo menos 72.000 estudiantes en los 20 municipios del departamento.

Los primeros capturados por esta operación, a finales del año pasado, fueron el entonces secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza; los contratistas Félix Barrios y Uriel Reyes, además del funcionario público Emil Pacheco. También se compulsó copia a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Eduardo Verano, gobernador del departamento para esa época.

Hernández se entregó ante el CTI de Barranquilla el pasado 3 de febrero con su sobrino Chahee Abauu Hernández, encargado de manejar una de las fundaciones. “No llegó buscando un acuerdo, llegó a responder por la orden de captura que tenía”, dijo una fuente de la Fiscalía sobre la situación de Hernández.

De hecho, en las audiencias de legalización de captura, cuando se le formularon los cargos por contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, abuso de la función pública y falsedad en documento público y privado, Hernández no los aceptó.

“Eran los dos que faltaban”, aseguró Régulo Calderón, subdirector de la Fiscalía Seccional Atlántico, al referirse a que eran las cabezas de una organización conformada para desfalcar al Estado a través de fundaciones que operaban en estas zonas el PAE.

Así operaba

Hernández, de 45 años, nació en Ovejas, Sucre, es psicólogo de profesión, con especialización en Desarrollo Social, y vive en Cartagena. En Barranquilla se tiene referencia de su nombre desde el 2012, cuando la Fiscalía le comenzó a seguir los pasos al asociarlo con algunos sectores políticos y el manejo de contratos.

En la audiencia, la Fiscalía explicó cómo Hernández controlaba fundaciones sin ánimo de lucro a través de familiares y amigos para la consecución de contratos del PAE. De esta manera, sin aparecer en documentos, era quien tomada las decisiones económicas.

“Buscaba fundaciones que estaban a punto de ser liquidadas, lograba negociarlas, hacer cambios y usarlas como fachadas para tener los contratos”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Era quien determinaba cómo se ejecutaban los gastos, y no los operadores del contrato

En las denuncias se reveló que logró tener el control de la Fundación Colombia Digna, la cual tomó el control de otra llamada Rey de Reyes y luego la nombró Alcanzando Nuestro Sueño. Hacía uniones temporales entre fundaciones para acceder a contratos, como es el caso de la UT Nutrir Atlántico, que manejó los recursos del PAE en este departamento en el 2016.

Hernández también sobornaba a políticos y funcionarios para recibir sus apoyos y así poder acomodar los pliegos de petición para asegurarse las licitaciones.

“Era quien determinaba cómo se ejecutaban los gastos, y no los operadores del contrato”, sostuvo en la audiencia la Procuraduría.

La Fiscalía aseguró tener evidencias que demuestran que falsificó planillas, con firmas falsas de rectores y nombres repetidos de estudiantes que no estaban registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media.

“Fue quien direccionó los recursos del PAE. Con esta acción presumimos que han sido afectados los menores de edad de este programa, que son personas de bajo nivel económico”, sostuvo en su intervención el representante de la Procuraduría, quien pidió que se mantuviera la medida de detención contra Hernández por considerar que en libertad obstaculizaría la intervención de los testigos.

Comida poco nutritiva

Otro de los señalamientos que hizo la Procuraduría contra las firmas contratistas del PAE manejadas por Hernández es que estas no suministraron los complementos alimenticios que cumplieran con los valores de gramaje establecidos en los lineamientos; es decir, la comida que recibían estos niños de 4 a 6 y de 7 a 12 años estaba muy por debajo de lo indicado. “No garantizaba la calidad nutricional”, se enfatizó en la audiencia.

Los abogados Wilson Niño y Orlando Perdomo, defensores de Hernández, aseguran que a él le han cargado una cantidad de falacias del PAE que son obligaciones de entes territoriales. Aseguran que la Unión Temporal Nutrir Atlántico, conformada por la Fundación Rey de Reyes y la Fundasalud, si cumplía con la capacidad, experiencia y fue avalada por el Ministerio de Educación como operador del PAE en el 2015.

La defensa añadió que en 2016, cuando se le adjudicó el contrato a través de una urgencia manifiesta, decretada porque ya había iniciado el calendario escolar y no estaba el operador del PAE, sí cumplía con los requisitos legales para prestar el servicio a 72.000 estudiantes en el Atlántico.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS
Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla
En Twitter: @leoher69



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