Ella logró huir, pero el destino de otras mujeres fue distinto. Guillermina Córdoba Cuesta tenía 23 años y 9 meses de gestación. Su hijo, Fredy Chaverra Córdoba, nació y murió el 2 de mayo en la iglesia San Pablo Apóstol, de Bojayá, junto a su madre.
Luz del Carmen Palacios, de 25 años, tenía un par de gemelos de siete meses de gestación en su vientre: Jorgelina y Geider. También murieron (ver historia de Heiler Rentería). Ronny María Rovira Vélez tenía 20 años de edad y 5 meses de embarazo. Ella murió en la iglesia con su pareja, Willinton Mosquera, de 23 años, y el bebé que llevaba adentro, hijo de los dos. Liboria Palacios Valoyes, de 42 años, murió en la explosión junto a tres hijos de 13, 10 y 3 años, pero también tenía 3 meses de embarazo.
María Ubertina Mosquera Martínez, un ama de casa de 22 años, no murió en la iglesia de Bojayá. Ella fue una de las víctimas del poblado bojayaseño de Napipí y murió en medio del fuego cruzado entre la Infantería de Marina y las Farc, el 5 de mayo, tres días después de la masacre, por un disparo proveniente de la Fuerza Pública. Esto le costó a la Nación una condena por responsabilidad administrativa, pues los efectivos dispararon indiscriminadamente contra el caserío. María Ubertina tenía 4 meses de embarazo.
Encontrar lo que quedó de los no nacidos para identificarlos y reconocerlos como víctimas no ha sido tarea fácil. En la mayoría de los casos, no han sido encontrados entre los restos exhumados, no obstante que la Fiscalía los reconoció oficialmente.
El exdirector de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés explica por qué resulta tan difícil dar con material genético que dé certeza de los bebés: “Esos tejidos, en su mayoría, son cartilaginosos. Su degradación es muy rápida. Y los pocos tejidos óseos que se forman son muy incipientes”, señala.
Además, durante los 13 años que estuvieron inhumados, permanecieron en zonas muy húmedas donde el proceso de pérdida de minerales y descomposición es más rápido. “La humedad, la acidez del terreno, la contaminación, todo eso acelera la degradación y el material genético se ve muy destruido. Por eso, en buena medida, los tejidos de los neonatos no se encontraron”.
Esto aplica para los neonatos que fallecieron en la iglesia. En cambio, con los que nacieron días después hubo otras dificultades para su reconocimiento. Por ejemplo, Gigiola nunca denunció ante las autoridades que la muerte de su bebé antes de nacer estuvo relacionada con la masacre.
Ahora tiene 47 años y es ama de casa. Recuerda que su hijo sería el quinto de los seis que tuvo. “Me ha dolido mucho y me ha significado mucho la muerte de Geimar”, relata. Le duele que la violencia que sufrieron ella y sus vecinos de Bojayá le haya impedido a su hijo nacer vivo.
Ahora, ve a los hijos de otras mujeres que estaban embarazadas por esos días y que tienen la misma edad que tendría el suyo, y le da tristeza. “Ya son jóvenes de 17 años”.
Por su salud, Gigiola no viajó a Bojayá al recibimiento de los familiares identificados, pese a que también perdió a un primo suyo en los fatídicos días de mayo del 2002. En diciembre sufrió un derrame y ahora tiene constantes dolores de cabeza. Aunque tiene exámenes pendientes, está a la espera de que se los autoricen para viajar a Medellín, la ciudad más cercana donde se los pueden practicar. Casi no duerme y siente que el cuerpo se le quema, “como si estuviera prendido. Se me encalambra la cabeza, siento que me gotea algo por dentro”.