Colombia, 23 de julio de 2024 – En un país con una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, donde el 56% de la población trabaja en la economía informal, aproximadamente 2,6 millones de adultos mayores viven sin pensiones y en condiciones de pobreza. Este es el caso de Miriam Calderón, una mujer de 68 años que aún se dedica al reciclaje informal para sobrevivir.
Desde niña, Miriam cuidaba ganado y limpiaba casas, y ahora, a sus 68 años, continúa trabajando arduamente como recicladora en Bogotá. Carga pesados costales de basura por las empinadas calles de Las Cruces para mantener su hogar y cuidar a su esposo enfermo, Francisco de Paula López, de 85 años.
En medio de esta lucha diaria, Miriam se enfrentó a un dilema desgarrador: «Yo no sabía si pagar arriendo o comer». Su situación es un reflejo de la dura realidad de muchos adultos mayores en Colombia, que viven sin una jubilación digna.
Para abordar esta «deuda social», el presidente Gustavo Petro impulsó una reforma pensional que aumenta los subsidios mensuales para los ancianos más pobres de 30 a 55 dólares. Aunque esta cifra sigue siendo baja en comparación con el salario mínimo (250 dólares), representa una mejora significativa que ayuda a esta población vulnerable a superar la línea de pobreza extrema.
Francisco de Paula López, quien quedó inválido por una trombosis, fue uno de los primeros beneficiarios del nuevo subsidio. «Cuando fui a cobrar yo iba a llorar, me dio mucha alegría. (…) Ese aumento del bono… ¡Bendito sea el Señor!», expresó emocionada su esposa Miriam.
La reforma también establece que dentro de un año el beneficio se extenderá a mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62, a menos que la oposición de derecha logre derogar la ley en la Corte Constitucional.
Deyanira Cruz, de 65 años, también será beneficiaria de esta reforma. Después de trabajar desde los 10 años como empleada doméstica sin contrato y recibiendo a veces menos del salario mínimo, Deyanira hoy recibe unos 30 dólares mensuales del Estado. La reforma le traerá un alivio significativo, permitiéndole decir: «Hoy no voy a trabajar» si recibe un poco más de dinero.
La mayoría de los empleados en Colombia aportan a sus propias pensiones en cuentas individuales administradas por fondos privados. La reforma obligará a cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en un fondo público para financiar el incremento de los subsidios a los adultos mayores.
No obstante, varios parlamentarios de derecha ya han demandado la reforma, argumentando vicios en su trámite. Sus detractores sostienen que los aportes obligatorios al sistema público son una «confiscación del ahorro» y que reducirán las pensiones de los empleados formales.
Miriam Calderón se pregunta indignada: «¿Nos quieren comiendo mierda?», mientras expertos coinciden en que la iniciativa está bien encaminada, aunque señalan la necesidad de aumentar la edad de jubilación para hacerla sostenible.
La reforma pensional es un paso importante hacia un futuro más justo para los adultos mayores en Colombia. Aunque todavía queda mucho por hacer para garantizar una jubilación digna para todos, esta medida proporciona un alivio crucial para aquellos que han trabajado toda su vida sin poder disfrutar de los beneficios de una pensión.
El caso de Miriam y Francisco, así como el de Deyanira, ilustra la urgencia y la importancia de esta reforma, que busca saldar una deuda histórica con los trabajadores informales y proporcionarles una mayor seguridad en su vejez.