Ejército de Liberación Nacional
La búsqueda de la Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro con el ELN se ha visto frenada, luego de que el Ejecutivo incurriera en el error de anunciar un cese al fuego bilateral cuando no se había llegado a un consenso con esa guerrilla, por lo que lo desmintió públicamente.
Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, considera que este impasse generó un problema en la mesa de diálogos entre las partes, que debe ser resuelto en el próximo ciclo de negociaciones.
Señala que “el fondo de ese contratiempo tiene que ver con la metodología. Lo sucedido hace evidente un cambio en la mecánica del Estado colombiano en la forma en la que se hacen los anuncios, porque veníamos de un proceso de negociaciones con las Farc en el que los anuncios se hacían solo cuando ya se tenían acuerdos muy concertados”.
El experto explica que la polémica le dio cierta ventaja al ELN en la mesa, dado que el Gobierno Nacional lo ha intentado presionar públicamente para llegar a ese cese de hostilidades.
Además, la estructura de esa guerrilla consiste en varios frentes autónomos, lo que hace que ese deseo por llegar a algún acuerdo se complique significativamente para los negociadores.
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De hecho, Preciado dice que “hay críticas constantes del frente occidental de ese grupo a la Paz Total, y esa es una situación que se debe tener muy clara, porque sin la aprobación occidental no se puede garantizar que se logre llegar a ella, por lo que la negociación estaría incompleta”.
Sin embargo, el senador Ariel Ávila reconoce que aunque fue un tropiezo que hizo quedar mal al Ejecutivo, no significó un problema político y menos una crisis en la mesa de Caracas, por lo que considera que se “superará fácilmente y en cuatro semanas habrá un cese al fuego bilateral. No veo mayores dificultades. Este año va a ser muy duro, pero el próximo se tranquilizará. Pienso que con este grupo se va a firmar”.
En ese sentido, las fuentes advierten que lo ideal es que se ajuste la comunicación con esa guerrilla, a fin de que ese frente de la Paz Total no se vuelva a ver amenazado.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
El propósito de Paz Total que busca el Presidente también ha tenido dificultades con la negociación que se adelanta con este grupo de autodefensas, debido a que la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura de los representantes de esa organización que liderarían los diálogos, porque, según alega el ente acusador, no tienen carácter político y su único camino es el sometimiento a la justicia.
Al respeto, el abogado constitucionalista Héctor Riveros indica que la Fiscalía se excedió en esa decisión.
“A los grupos paramilitares nunca se les ha reconocido el carácter de delincuentes políticos, pero lo que no es cierto es que con quienes no sean delincuentes políticos no se pueda adelantar conversaciones. Con respecto a ese punto, el Gobierno tiene la razón”, sostiene.
No obstante, Riveros no está de acuerdo con que se haya decretado una interrupción de hostilidades en contra de estos grupos, porque “esa figura está reservada para actores del conflicto armado y los delincuentes comunes no necesariamente forman parte de esta clasificación”.
De hecho, la vicefiscal Martha Mancera comentó en una entrevista con la revista Semana que “no pudimos suspender las órdenes de captura porque no hay condiciones legales ni constitucionales para hacerlo. Además, se habló sobre las órdenes, pero, ¿qué pasa con las medidas de aseguramiento: privación de la libertad y domicilio? Nadie habló sobre ese tema”.
Y añadió que si el Gobierno Nacional llegase a insistir en la solicitud, “se aplicará el artículo 4 de la Constitución, negando el levantamiento de las órdenes de captura, que son las que tienen referencia con fines de extradición”.
Según un informe de Indepaz, esta organización concentra sus acciones en el Chocó y el Urabá Antioqueño.
Autodefensas de la Sierra Nevada
La mayor dificultad que se ha registrado con esta organización también es la negativa de la Fiscalía General a darle estatus de legalidad a quienes serían sus voceros ante el Gobierno Nacional.
Así, las fuentes coinciden en que otra prioridad para el Ejecutivo debe ser poner en funcionamiento la Instancia de Alto Nivel, creada por el Gobierno para clasificar a todos los grupos que se incluirían en la búsqueda de la Paz Total, de manera que quede claro si corresponden a grupos de delincuentes o tienen estatus político.
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“Si la denominación es de grupo de crimen organizado, el camino sería el del sometimiento, pero si se le va a dar estatus político, habría una posibilidad de negociación adicional, como la del ELN”, dice el experto Andrés Preciado.
Sin embargo, advierte que “puede haber una discrepancia con la posición de la Fiscalía, porque la Instancia no la incluye y eso sería problemático, dado que hacen parte del entendimiento de la criminalidad del Estado”.
Además, las fuentes señalan que se debe agilizar el trámite de una ley de sometimiento, porque “sin ella no se sabe cuál es el resultado de las conversaciones con esas bandas, que a veces guerrean entre sí”, indica el exjefe negociador de Paz Humberto de la Calle.
Y el senador Ávila responde que “la figura de sometimiento que se aplicará es la norteamericana, en la que los bandidos entregan verdad y bienes y el Estado le devuelve una reducción de la pena. Es una conversación sociojurídica, jurídica por las penas y lo social viene por la reincorporación”.
Segunda Marquetalia
La discusión frente a los miembros de las Farc que desertaron del Acuerdo de Paz está sustentada en que en este documento quedó consignado que no se podría volver a negociar con los firmantes que retomaran las armas.
Por ello, el director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, Andrés Preciado, comenta que “en este caso la presión internacional y del sistema penal colombiano hará muy difícil que con esos elementos de los frentes, que efectivamente se desmovilizaron, se vuelva a entrar a un escenario de negociación”, tal como lo sugiere la Política de Paz Total.
Agrega que “la única puerta que le va a quedar al Estado colombiano o la única situación previsible en este momento sería la vía del sometimiento, que se está por definir en qué condiciones se daría. Pero eso no es muy atractivo para esos frentes disidentes”.
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Ariel Ávila aclara que con este grupo reincidente no va a haber negociación, porque lo prohíbe la Constitución y el Acuerdo de La Habana está incorporado en ella en el Acto Legislativo 01 de 2016. “Además, no creo que le den un tratamiento como al Clan del Golfo, sino que será un tratamiento diferencial, pero no va a haber una mesa como la de La Habana y tampoco va a haber un sometimiento puro y duro. No hay doble negociación”, agrega el senador.
Sin embargo, para el constitucionalista Héctor Riveros a la Segunda Marquetalia “no se les puede dar beneficios adicionales, porque la misma Constitución cerró esa puerta. Entonces, a ‘Iván Márquez’ solo se le pueden reconocer unas reglas de sometimiento a la justicia, sino habría que cambiar la Constitución, que es posible”.
Estado Mayor Central
A diferencia de la Segunda Marquetalia, los integrantes de esta organización no se acogieron al Acuerdo de Paz de La Habana y por lo tanto no se desmovilizaron, pese a que al momento de la negociación eran integrantes de las extintas Farc.
Por eso, para algunos analistas, ellos tendrían la posibilidad de participar en una mesa de conversaciones similar a la instalada actualmente con el Ejército de Liberación Nacional, si se los quiere incluir en la Paz Total, como lo dejó entrever el presidente Gustavo Petro en su tuit del pasado 31 de diciembre, cuando anunció un cese al fuego bilateral con cinco organizaciones al margen de la ley que operan en el país, incluido el Estado Mayor Central.
“La pregunta sobre el tipo de trato que se les dará sería motivo de trabajo para la Instancia de Alto Nivel que conformó el Gobierno, equipo sobre el que estará la responsabilidad de determinar si se va a reconocer que esos frentes tienen la posibilidad de participar como nuevas unidades”, plantea Andrés Preciado, de la FIP.
Sobre estas disidencias de las Farc, las fuentes estás de acuerdo con que “siguen siendo unos guerrilleros con los que se podría hacer una negociación política distinta a la que se llevó a cabo en La Habana”, dice el constitucionalista Héctor Riveros.
Sin embargo, el senador Ariel Ávila sostiene que “con las disidencias, tanto la Segunda Marquetalia, como con la disidencia de ‘Iván Mordisco’, negociaciones de paz ya no habrán. Nosotros con las Farc ya dialogamos una vez; sí habrá un tratamiento diferencial, ¿y cuál será?, no lo sabemos, debemos esperar a que avancen las conversaciones”.
Lo que dice la ley
La Ley 2272 de 2022 determina tres escenarios para la Paz Total anunciada por el Gobierno.
1. Grupos armados organizados al margen de la ley: “Los que tienen carácter político, es decir, aquellas organizaciones armadas que están infringiendo el último título del Código Penal, como denominamos al ELN”, explicó la vicefiscal Martha Mancera, en una entrevista con la revista Semana.
2. Los grupos armados organizados: Mancera señala que “hay varias situaciones que no están claras, y al no estarlo, la Constitución indica que se debe tomar una decisión, que corresponda con los lineamientos del tribunal de cierre. Y para el acercamiento al sometimiento, debe haber una ley, pero si no existe, ¿quiénes van a ser los destinatarios?”.
3. Estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto: “Estas dos últimas fueron las que hicieron que no pudiéramos suspender las órdenes de captura, porque no hay condiciones legales para ello”, dijo la Vicefiscal.