“A veces hay que elegir las batallas con las que uno quiere ganar la guerra”, decía Bolívar. En una situación como la actual, esto cobra mayor relevancia. Ante la restricción de presupuesto y de capacidades de gestión con las que nos enfrentamos, cada vez se hace más apremiante definir como país cuáles son los problemas que queremos resolver hacia el futuro.
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Promover la eficiencia de la gestión pública es el principal determinante para asegurar el éxito de las apuestas de desarrollo que se definan. Cuando uno revisa el ejercicio de lo público, encuentra diferencias importantes entre lo que las políticas de gobierno quieren generar y lo que ocurre en la realidad.
Además de factores intencionales como la corrupción, la gestión pública se ve afectada por aspectos como escasez de información y datos, rezagos de las entidades públicas en transformación digital, ausencia del Estado en el territorio, entre otros.
La asignación de subsidios es un claro ejemplo de ello. Existe consenso en que buena parte de las ayudas que entrega el Estado, en las distintas áreas (educación, pensiones, salud, servicios públicos, vivienda y atención a la pobreza y a la primera infancia), no necesariamente están llegando a quienes más los necesitan.
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En muchos casos, su asignación se hace con base en el estrato y no en los ingresos o el patrimonio de los hogares. Tampoco se hacen evaluaciones de impacto, ni se mide si las personas han mejorado sus condiciones de vida o siguen necesitando la ayuda.
En tal sentido, una mejor focalización de los subsidios puede contribuir de manera significativa a la reducción de la pobreza, sin que esto implique necesariamente un aumento en los recursos asignados.
Por otro lado, el hecho de que por esta crisis se puedan perder muchos de los avances logrados en política social en las últimas décadas nos debe dejar inquietudes sobre los mecanismos que se estaban empleando para ayudar a las personas a salir de la pobreza.
Muchos de los que lograron avanzar hacia una clase media vulnerable, incrementaron sus ingresos, pero aumentaron, de igual forma, sus gastos y, en algunos casos, su endeudamiento, sin generar patrimonio.
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Cuando se elevan los niveles de ingreso y gasto de manera paralela, se gana en bienestar en el presente, pero no necesariamente en tranquilidad y seguridad en el futuro. Es el ahorro, por el contrario, el elemento fundamental para que las familias vulnerables puedan salir de la pobreza.
La capacidad de ahorro no depende necesariamente del ingreso, obedece a que las preferencias sobre el consumo futuro sean más altas que aquellas sobre el consumo presente.
Nos debe dejar inquietudes sobre los mecanismos que se estaban empleando para ayudar a las personas a salir de la
pobreza
Además, el ahorro permite generar inversión. Antes de la pandemia, en Colombia, solo dos de cada diez personas ahorraban y el 20 por ciento de los ingresos de los hogares se destinaban a pagar deudas.
Pero lo más preocupante es que el endeudamiento para bienes de consumo superó al de bienes durables. De ahí la necesidad de repensar el consumo y el crédito como herramientas de ascenso económico para brindarle al ahorro la importancia que se merece.
Aprovechar la revolución tecnológica debe ser otra prioridad nacional. Hoy, tenemos debilidades significativas en conectividad y en formación de competencias digitales.
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La mayoría de las empresas exitosas que se crearon en el mundo en los últimos años son de naturaleza tecnológica. La demanda de talento en inteligencia artificial, análisis de datos, entre otros, ha aumentado de manera importante. Actualmente, el país está en capacidad de contratar a 150.000 desarrolladores de código, pero hay pocas personas con esa competencia.
Muchos de nosotros ni siquiera comprendemos bien en qué consisten estas profesiones. Adicionalmente, en el campo de la educación, seguimos impartiendo conocimientos a través de los métodos clásicos, sin lograr seducir a las nuevas generaciones y desaprovechando alternativas digitales como Coursera, edX, Codeacademy, entre otras, que suelen ser más incluyentes y se ajustan mejor a la valoración que los jóvenes hacen del factor tiempo.
Además, formalizar el empleo y las empresas es otra de las batallas importantes que debe librar el país. Tener la mitad de la economía en la informalidad afecta tanto a la sociedad como al Estado.
Por una parte, la formalización del empleo les asegura a los más vulnerables cobertura en las redes de protección social y, por otra, empresas formalizadas le garantizan al Estado un aumento importante de los ingresos fiscales.
Actualmente, los impuestos que dejamos de recibir por evasión superan al dinero que se pierde por cuenta de la corrupción.
En el campo de la educación, seguimos impartiendo conocimientos a través de los métodos clásicos
En materia de política social, es prioritario volver a enfocar los esfuerzos en las necesidades básicas como determinantes de la salud, del aprendizaje, de la reducción de la pobreza, pero, sobre todo, de la dignificación del ser humano.
Entre las inversiones que generan las tasas más altas de retorno están: una adecuada nutrición, el acceso a agua potable, atención en primera infancia y vacunación.
Seguramente, hay muchas otras iniciativas que contribuyen al desarrollo, como la protección al medio ambiente. Esta lista no pretende ser exhaustiva, ni mucho menos. Solo intenta hacer énfasis en aquellos aspectos que nos ayudan a imaginar un país mejor y más incluyente.
Nos permite tener una visión de futuro compartida, en la que el Estado cumple con su función, los hogares están mejor preparados para afrontar las crisis, las nuevas generaciones se retan a alcanzar las demandas del mundo moderno, y donde contar con unas condiciones de vida básicas dignifican a los que viven en situaciones vulnerables.
JULIANA MEJÍA PELÁEZ
POLITÓLOGA Y MAGÍSTER EN ECONOMÍA