Se conocen como Riesgos de Corrupción a “La posibilidad de que, por acción u omisión, o por el uso indebido del poder o de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”. Cuando se piensa en la administración de ingentes cantidades de dinero público, se hacen críticas la evaluación y la gestión de los llamados Riesgos de Corrupción para el diseño de nuevas políticas, pues la posibilidad de que se pierdan dineros estatales o que estos caigan en manos equivocadas es bastante real, como bien lo demuestra el ejercicio político en el país.
Esta reforma viene siendo aprobada en disparatados debates en la Cámara de Representantes para estatizar y centralizar el sistema de salud colombiano. De ninguna manera transforma el modelo existente tomando lo bueno y cambiando lo malo, es una ruptura completa con el actual modelo de Seguridad Social de Salud. Y es en este punto cuando surge su primer gran Riesgo de Corrupción: Concentra exclusivamente en funcionarios públicos, la gobernanza, y el manejo y control de los recursos.
Colombia ocupaba, en los noventa, puestos intermedios del ránking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, pero pasadas casi tres décadas, el país sigue bajando al sótano de mayores riesgos de corrupción y en 2022 ocupaba el puesto noventa y uno (91) entre 180 países.
Una de las razones por la cuales se decidió acabar con el Sistema Nacional de Salud para dar paso en 1993 al Sistema de Seguridad Social, tuvo que ver con la fragmentación en la atención médica, y a ineficiencias institucionales, más problemas de corrupción que permitían la pérdida de los escasos presupuestos públicos para salud.
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Recuérdense las grandes dificultades de Cajanal, Caprecom, el ISS y otras tantas entidades que terminaron liquidadas en medios de escándalos e investigaciones; y que en las Direcciones Departamentales de Salud de la época -con contadas excepciones- habían escasos recursos, presiones y politiquería reflejadas en abandono, hospitales pobres, sin tecnología, con apenas capacidad de atención, e interminables filas desde la madrugada de los pacientes en todas partes para que les dijeran frecuentemente, ‘ya no hay turno’.
¿Entregarle billones de pesos a alcaldes, gobernadores, ministro y superintendente, congresistas, director del Adres, diputados y concejales, y a toda una pléyade de funcionarios y políticos al servicio de causas propias, va a mejorar los servicios sanitarios para la población colombiana?, ¿Qué seguridad hay que, existiendo hoy formas más elaboradas de corrupción en términos de contratación, de tráfico de influencias y de pagos burocráticos, ahora sí y por exclusiva gracia de una reforma centralizadora, los recursos de la salud no se van a perder? El entorno social y político del país muestra mayores riesgos medidos de corrupción, eso tiene poca discusión, por lo que se vuelve más que preocupante la entrega de los más de $60 billones anuales que cuesta el sistema de salud colombiano al arbitrio de funcionarios públicos.
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La reforma de salud también elimina básicos controles que debe tener cualquier pago de dineros públicos, como autorizar, sin ningún tipo de auditoría de costos, de pertinencia o concurrencia médica, o de calidad, el 85% de pago de toda factura de hospitales y prestadores. Esto plantea un riesgo enorme que me atrevo a vaticinar pondría rápidamente en default al sistema, pues le sucedería exactamente lo mismo que en su momento ocurrió con el ISS a finales del siglo pasado, cuando abrió la llamada ‘Libre adscripción’ y estimuló a los pacientes de alto costo de otras EPS para que se le afiliaran.
Todos conocemos que pasó: el Instituto se ahogó financieramente ante una avalancha sin precedentes de facturas sin auditar, y colapsó su capacidad de prestación de servicios por el uso indiscriminado de sus servicios médicos. Así que, si se autorizan pagos sin controles como los propuestos y ya aprobados por la Cámara, de la nada aparecerán miles de prestadores cobrando servicios, millones de atenciones mal facturadas o inexistentes, millones de pacientes, desapareciendo los recursos a pasos agigantados.
Nadie dice que con el actual modelo de salud no hay o no haya habido corrupción, porque sí que la ha habido, pero para complicar el escenario de riesgos de corrupción en la reforma arriba descrito, hay que sumarle la creación de toda una nueva burocracia calculada de entre 100.000 y 180.000 nuevos puestos para atender miles de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y todas las nuevas estructuras administrativas que se necesitarán en el país. Todos funcionarios públicos nuevos, por cierto. No olvidar que se propone crear cientos de consejos y ‘consejitos’ en los niveles nacional y territorial, a los cuales será muy difícil hacerles seguimiento y control.
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Debate reforma a la salud
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También carece el texto de reforma de un sistema de pesos y contrapesos que obligue a los funcionarios públicos a tomar decisiones sólo en función de las necesidades de los pacientes, impidiéndoles atender prioridades políticas o de otra índole. Como casi toda decisión y manejo de recursos quedarán a merced de empleados públicos, el sistema pasará de ser un modelo basado en derechos de los pacientes a uno dependiente de la voluntad de funcionarios y políticos.
Ante esa falta de controles empiezan a avizorarse riesgos de corrupción como carruseles de favores, de puestos y de contratos, además de una consecuencia inesperada para los enfermos: en muchos casos sólo podrán acceder a los servicios mediante el agenciamiento de intermediarios que les exigirán a ellos y a sus familias retribuciones económicas, o en votos. Esperemos que el año entrante el Senado de la República evalúe con más tranquilidad este proyecto de ley, que por el bien del país y de millones de pacientes rectifique su rumbo, pues no se ve muy bien desde la perspectiva de Riesgos de Corrupción.
FRANCISCO DE PAULA GÓMEZ
*Experto en Salud Pública y Seguridad Social