Esta semana empieza a regir uno de los cambios tributarios insignia para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de los impuestos saludables con los que, según el mandatario nacional, se busca proteger la salud de los colombianos, promover hábitos saludables y desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados o con excesos de azúcar y sodio.
Este gravamen, aprobado en la reforma tributaria que pasó por el Congreso el año pasado, según el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, es de carácter monofásico, es decir que se paga solo en una parte del proceso productivo.
Para poner un ejemplo, este funcionario dijo que “si alguien vende ponquecitos preprocesados, con muchas etiquetas negras que informan excesos, y se los vende a una tienda, ahí se causa el impuesto una vez, en la primera fase, es un impuesto monofásico”. Según lo estipulado en la norma, este impuesto se aplicará en tres etapas: un aumento del 10% durante el resto de 2023, un 15% en 2024 y alcanzará un 20% para 2025.
Esto impactará a 21 artículos, de los 443 que hace parte de la canasta familiar, entre los que están incluidos chocolates, salchichas, embutidos (excluyendo el salchichón), mortadela, butifarra, confitería, panadería, pastelería, galletería (excepto pan y obleas), helados y mermeladas, entre otros alimentos.
También se aplicará a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, como gaseosas, bebidas a base de malta, bebidas de té y café, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas deportivas, aguas saborizadas y mezclas en polvo.
(Vea: Por que la Corte Constitucional avaló el impuesto a bebidas azucaradas)
Cabe resaltar que países como México, Reino Unido, Chile, Dinamarca y Eslovenia han sido algunos de las 74 naciones que han dado pasos en la búsqueda de cuidar la salud por medio de impuestos a los alimentos que representan riesgos para la salud, principalmente para luchar contra la obesidad.
Un informe de la Universidad de la Sabana, presentado en 2022, sostiene que uno de los beneficios que de estas medidas apunta a que “la disminución del consumo de dichos productos, afirma que una tributación del 20% puede llevar a una disminución del consumo de aproximadamente un 10% en el primer año de su implementación, con una disminución postulada del 2,6% en el peso por persona en promedio”.
Si bien el Gobierno ha resaltado que no tiene intenciones de recaudo con este tributo, el informe de La Sabana agrega que “los ingresos generados por los impuestos se pueden utilizar para financiar otras iniciativas de reducción de la obesidad”, poniendo como caso éxito Canadá.
Obesidad
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Por otra parte, frente a los efectos que tendrá este gravamen en el costo de vida y la dinámica económica del país, el Ministerio de Hacienda dijo que se estima que tendrá un efecto de 0.21 puntos porcentuales (p.p.) en 2023, 0.11 p.p en 2024 y 0.12 p.p. en 2025.
“Este efecto es de única vez, y se materializaría con la entrada en vigencia del impuesto, además es consistente con el escenario macroeconómico proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023”, explicó esta entidad.
Pese a esta vista optimista del Ministerio de Hacienda, para Juan Higuita, analista y experto tributario, es necesario revisar a fondo todos los alcances que podría tener esta ley, ya que tendrá un impacto directo en los precios al ciudadano.
(Vea: ABC del impuesto a ultraprocesados que empieza a regir en noviembre)
“No hay ninguna duda que como esto es un impuesto de naturaleza monofásica, pues aunque en el valor final al consumidor no se observe o no se incorpore en la factura en la causación de este impuesto, pues sin duda eso va a terminar siendo trasladado al consumidor final vía precio”, manifestó este experto.
Así mismo, agregó que “mi sugerencia a los empresarios es alinear su equipo tributario, contable y operativo; para que el impuesto saludable se pueda causar y cobrar, porque ya no hay nada que hacer, ya es un hecho e inicia desde el primero de noviembre, especialmente tras el aval de la Corte Constitucional”. Después de esto, la atención se centra en el cambio al impuesto a plásticos de un solo uso.
Hay dudas en la implementación de estos impuestos
Carlos Rodríguez, socio de Jiménez Higuita Rodríguez Asociados, dijo a Portafolio que hay una falta de claridad en las regulaciones, ya que mientras los productores e importadores son responsables del impuesto, no está claro si los comerciantes deben desglosarlo en las facturas al consumidor y esta falta de claridad podría resultar en un aumento significativo en los precios de estos productos.
“El tema técnico implica un cambio en el sistema de información y los sistemas de facturación. Hasta ahora, la administración de impuestos no ha publicado oficialmente el anexo técnico de los cambios en la facturación electrónica. Este anexo es crucial, ya que determinará cómo se incluirá el impuesto”, explicó.
PORTAFOLIO