“Ni el narcotráfico ni la minería ilegal ni las muertes ni la extorsión ni el desplazamiento ni el confinamiento. Ninguna de estas acciones pueden ser toleradas por la Fuerza Pública y está la instrucción de que las Fuerzas tienen que seguir cumpliendo con su labor constitucional en defensa de los territorios y en represaría de las actividades ilegales”.
Así explicó ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la entrada en vigencia del protocolo de verificación del cese el fuego pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla llamada Estado Mayor de las Farc.
La reglamentación se conoció después de un mes durante el que se presentaron patrullajes en zonas rurales del país y secuestros de militares, entre otros hechos de violencia.
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Entre lo convenido entre el Ejecutivo y esa disidencia de las extintas Farc está, según explicó Velásquez, que se suspenderán las operaciones ofensivas que van dirigidas a la confrontación armada, pero no las actividades propias de la Fuerza Pública en la represión de actividades delictivas.
También indicó que el protocolo incluye mecanismos a nivel nacional y local, prohíbe a los guerrilleros transitar y permanecer en las cabeceras municipales, los corregimientos, las inspecciones de Policía y las vías primarias de las poblaciones, con el fin de evitar enfrentamientos y afectaciones a las comunidades.
Además, contempla un acuerdo de georreferenciación, pero no de concentración, porque esta última no ha sido definido todavía con el grupo insurgente con el que se pacto el cese.
Es decir, el Estado Mayor de las Farc debe suministrar las ubicaciones y coordenadas de los lugares que tradicionalmente han ocupado, pero los mismos no pueden coincidir con zonas donde existan laboratorios de procedimiento de droga, porque las operaciones contra ese delito continuarán.
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“Permitir que se superpongan territorios es siempre estar frente a la posibilidad de un enfrentamiento, porque las Fuerzas Militares no van a suspender la represión del narcotráfico, como algunos han planteado. Cese al fuego no significa autorización para traquetear, en esos términos lo ha dicho el Presidente de la República”, afirmó el Ministro de Defensa.
El funcionario señaló igualmente que cada incidente que se presente con esas disidencias será verificado por cinco miembros del Gobierno, cinco representantes del grupo armado, la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, representantes de la Iglesia Católica y organizaciones sociales.
“Frente a un hecho de eventual violación al cese, la reacción no es inmediata de una ruptura del cese: se actúa con responsabilidad, pero con prudencia. De manera que, en el examen de cada incidente, tendrá que activarse este mecanismo”, explicó Velázquez.
De su lado, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, señaló que sus tropas se ajustarán a los requerimientos que se establezcan y agregó que la concentración y la georreferenciación van a ser claves para el éxito del cese al fuego bilateral.
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“Hemos propuesto que gran parte del éxito de esta tarea es que los grupos busquen unos sitios donde se puedan concentrar, donde dejen de delinquir y en donde podamos ir haciendo un protocolo para que vayan dejando las armas”, puntualizó.
La definición del protocolo con los demás grupos armados que aceptaron la propuesta de cese al fuego bilateral del Gobierno Nacional, es decir, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada, todavía es motivo de conversaciones entre el Ejecutivo y cada una de las organizaciones involucradas.