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‘Luz verde’ a tercera subasta de renovables para octubre | Economía

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‘Luz verde’ a tercera subasta de renovables para octubre | Economía

Comenzó la cuenta regresiva de la tercera subasta de energía para contratos de largo plazo, concurso de asignación pública para introducir más proyectos de generación renovable no convencional a la matriz, y que el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene proyectado realizar en el mes de octubre.

(Tributaria eliminaría incentivos a los proyectos de renovables). 

El proceso de oferta, que inicialmente estaba contemplado para mediados del presente año, finalmente se programará para ejecutarse tres meses después, debido a que los técnicos de la cartera minero energética tendrán un compás de tiempo amplio para organizar la resolución que contendrá el reglamento que enmarcará la vitrina de oferta.

(Proyectos de energía renovable estarán en 4 zonas para nueva subasta). 


Voceros del MME le explicaron a Portafolio que la etapa de comentarios a las reglas de juego de la subasta para contratos de largo plazo se cerró el pasado martes 4 de mayo, y que ahora recién comenzó la fase para el estudio de las opiniones recibidas, para luego emitir la resolución final. Sin embargo, dejaron en claro que la fecha definitiva para realizar el proceso público de asignación se dará a conocer en la misma resolución.

En la subasta se tendrán en cuenta los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) que tengan una capacidad igual o mayor a 5 megavatios (MW). Además, las iniciativas con capacidad entre 5 MW y 20 MW que deseen participar deberán declarar que se acogen, por la duración del contrato, al despacho centralizado.

“En 2020 Colombia multiplicó por más de siete veces la capacidad instalada de FNCER con más de 225 MW, y con los proyectos que estarán en operación y construcción en 2022, el país estará aumentado en cerca de 50 veces la capacidad instalada que existía en 2018, gracias a las subastas que realizamos en 2019”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El funcionario subrayó que “con esta nueva subasta, seguiremos diversificando nuestra matriz energética, haciéndola más resiliente a la variabilidad climática y aportando a la reducción de emisiones de dióxido de carbono”.

Por su parte, Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia, señaló que la subasta “la vemos con mucho interés, y los proyectos de energías limpias no convencional para poderse financiar necesitan contratos de largo plazo, y este precisamente ha sido uno de los grandes retos que han tenido las compañías de generación, tanto las existentes, como las nuevas, para desarrollar iniciativas de generación sostenible en Colombia”.

En la oferta pública también podrán participar únicamente proyectos nuevos que no tengan Obligaciones de Energía en Firme (OEF) asignadas en la subasta de Cargo por Confiabilidad realizada en febrero de 2019 y/o que no hayan suscrito contratos de suministro de energía en la pasada subasta de Contratación de Largo Plazo.

Esto, según la cartera minero energética, es con el fin de ampliar la capacidad instalada del parque de generación con proyectos que contribuyan a la reactivación sostenible de Colombia en 2021 y 2022.

Adicionalmente, estos proyectos deberán estar inscritos en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), y mínimo en la fase 2, además de contar con el concepto de conexión a la red de transmisión nacional o transmisión regional aprobado por esta entidad técnica.

“Las subastas de este tipo han demostrado ser un mecanismo eficaz y muy competitivo para la ejecución de proyectos de energías renovables en todo el mundo, tanto en cantidades como en precios, especialmente en las primeras etapas de penetración para estas tecnologías en la matriz eléctrica. La realización de ofertas públicas para FNCER ha sido el procedimiento más utilizado a nivel mundial para darle impulso a la transformación energética”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia).

Cabe recordar que la cartera minero energética dejó en firme la resolución que estipula que el 10% de las compras anuales de energía eléctrica de los comercializadores del Mercado de Energía Mayorista (MEM) destinadas a atender a los usuarios finales, deben provenir de las fuentes no convencionales de energía renovable, a través de contratos de largo plazo.

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Presidenta de Acolgen habla sobre subasta de contratos de largo plazo | Infraestructura | Economía

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Esperamos que la subasta de contratos de largo plazo sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público del Ministerio de Minas y Energía“.

La afirmación es de Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y quien en diálogo con Portafolio subrayó que la electrificación y descarbonización que la transición energética requiere, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones, para todas las tecnologías, convencionales y no convencionales, como las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).

¿Cuál es la expectativa por la próxima subasta de contratos de largo plazo?

Esperamos que la subasta sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público. Un tema prioritario que está relacionado con este tema debe seguir siendo la entrada en operación de los proyectos que ya fueron contratados tanto en la subasta del 2019, como en el Cargo por Confiabilidad, siendo así herramientas efectivas dentro de la reactivación económica.

¿Cuál es la opinión con respecto a esta subasta?

Hay que revisar, para futuras oportunidades, si este mecanismo de subastas exclusivas es el más adecuado o si se sigue garantizando, como hasta ahora, la libre competencia entre tecnologías, ya que todas se encuentran en precios de mercado competitivos, lo que se puede traducir en beneficios para el consumidor final en eficiencia y en precios.

¿Es necesaria la entrada de más proyectos renovables a la matriz?

La electrificación y descarbonización que la transición energética requieren, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones para suplir los crecientes incrementos de demanda que provendrán de la electrificación del transporte y la electrificación de los usos industriales. No obstante, la penetración de nuevas tecnologías en el sistema debe ser armónica con el marco legal y regulatorio existente, manteniendo los principios de mercado sobre los cuales el sector se ha construido.

¿Cuáles son las observaciones frente a la subasta?

Los mecanismos administrados, centralizados y diferenciados por tecnología deben ser temporales, entendiendo que distorsionan y segmentan el mercado, por un lado, y que las tecnologías renovables no convencionales han alcanzado paridad de costos con las convencionales, por el otro. Además, estas subastas deben partir de esquemas de mercado con neutralidad tecnológica y participación voluntaria, especialmente para los usuarios regulados.

¿Está garantizada la confiabilidad del sistema en generación en el 2022?

Según el balance ENFICC vs Demanda anual publicado por la UPME, el país estaría cubierto con suficiente energía firme para el 2022. Se presentó un pequeño déficit en el 2021 al compararlo con las proyecciones del 2019 las cuales fueron actualizadas debido a la pandemia y no hubo necesidad de expandir el sistema gracias a la caída de demanda que se sufrió. De todas maneras, para poder asegurar que el país cuente con energía firme hasta el 2026 se deberá dar el impulso necesario para que los proyectos que hoy en día se encuentran en desarrollo puedan cumplir con sus fechas de entrada y así el país pueda estar seguro que la energía que necesitará estará allí disponible.

¿Las PCH garantizarían la confiabilidad del sistema?

Todas las tecnologías tienen atributos que aportar en la transición energética. Las PCH se caracterizan por brindarle al sistema un servicio eléctrico de cero emisiones, dada su condición de renovable. Y el marco regulatorio que se ha construido para apoyarlas, han permitido el aprovechamiento a baja escala de una de las ventajas estratégicas más grandes de nuestro país, la abundancia del recurso hídrico para generación de electricidad.

Viene el congreso del gremio, ¿cuál será el aporte al sector?

El sector eléctrico es un conjunto de actividades que en los últimos años han estado en el centro de innovaciones, no sólo tecnológicas, sino también de nuevos modelos de negocios y servicios. Adicionalmente, por el contexto sostenible y ambiental, local e internacional, y el aporte que desde la transición energética puede hacer la industria eléctrica, estamos sujetos también a discusiones de índole política.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ
Periodista Portafolio

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

PORTAFOLIO

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

Con la reciente expedición de la Ley 2079 de 2021, mejor conocida como Ley de Vivienda y Hábitat, Colombia reconoce la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado y da un salto significativo hacia la construcción de ciudades más ordenadas y la ejecución de una política habitacional que garantice el derecho a una vivienda y hábitat dignos para los colombianos tanto en el ámbito rural como urbano.

La Ley tiene cinco aspectos centrales que cabe destacar. En primer lugar, como ya se dijo, que consagra principios fundamentales al elevar a política de Estado la política pública de vivienda y hábitat. Esto va a cambiar la participación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, distritales y municipales no solo en su reglamentación, sino en la creación de políticas de gobierno y planes de desarrollo a nivel territorial. Al convertirse en política de Estado, la vivienda deja de ser un asunto de oportunidad política para establecerse como una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo que conlleva.

En segundo lugar, introduce elementos fundamentales para mejorar la financiación de vivienda urbana y establece cambios en las reglas del financiamiento hipotecario, por ejemplo, ampliando el plazo de 30 años para el pago de créditos. Lo propio ocurre con la posibilidad de vender inmuebles que hubieran sido subsidiados y con las tasas que debe cobrar el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros aspectos. Estas herramientas de financiación van a permitir armonizar la posterior reglamentación en función del anhelo principal de miles de colombianos, que es el de poder adquirir vivienda en condiciones mucho más favorables. De paso, se avanza en el objetivo de reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país mediante el aumento de subsidios, y la financiación a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable.

Un tercer aspecto a destacar, es el aporte que hace en cuanto a normas para la ordenación del territorio con criterio técnico y seguridad jurídica. En este sentido, la es una ley de avanzada. Esta seguridad jurídica cobija a los servidores públicos pero también a los propietarios de la tierra, desarrolladores e inversionistas, y desde luego, a los compradores de vivienda. Brinda seguridad jurídica al definir, por ejemplo, los límites entre acción y actuación urbanística, estableciendo por fin, qué derechos se derivan de una y otra en cuanto a las potestades que se tienen para expedir las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo (acción urbanística); y asimismo, la capacidad que tiene el Estado de otorgar permisos y licencias (actuación urbanística). Aporta enorme claridad sobre dónde están los derechos consolidados y dónde las expectativas de derecho. Los jueces que resuelvan conflictos en estas materias también tendrán esa misma claridad a la hora de proferir sus fallos.

Juan Manuel González, socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados.

Archivo particular

Sumado a lo anterior, vale señalar que la nueva Ley apuesta por un ordenamiento del territorio en el que predominen los criterios técnicos y no los intereses políticos de los gobernantes de turno.

En cuarto lugar, representa un avance en cuanto a los instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Con ella se incorpora a la legislación colombiana el anhelo de aplicar la plusvalía en la ejecución de obras de carga general al interior de los suelos que hubieren generado la participación en dicha plusvalía. Aunque la figura ya estaba en la legislación colombiana, ganó mucha más claridad. Todo esto facilitará que, a través de las herramientas de gestión y actuación, se puedan ejecutar los recursos obtenidos por plusvalía en la infraestructura matriz de servicios públicos, sistemas de transporte público masivo, infraestructura de malla vial o equipamientos, entre otros.

Aquí cabe decir que la Ley aporta reglas muy importantes para la financiación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios a través de vehículos jurídicos como el fideicomiso, que permite atraer inversión de distintos sectores. Esta inversión puede ser recuperada a través del mecanismo fiduciario según las reglas que para ello establezcan fideicomitentes, beneficiarios y promotores.

Por último, incorpora normas generales que permiten reglamentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas y en especial en los planes de ordenamiento territorial, POT. En este sentido, quiere dar un salto hacia un modelo mucho más leal de participación democrática en el ordenamiento del territorio, permitiendo que los ciudadanos se involucren mucho más en la formulación y adopción de los POT. Porque quien aporta en la construcción de un POT se apropia de él y se vuelve su defensor. Lo conoce y sabe lo que representa en términos de calidad de vida para su comunidad.

Asimismo, adopta elementos de espacio público que, aunque tímidos en algunos aspectos, resuelven problemas históricos del desarrollo urbanístico del país como es la no exigencia de protocolización de escritura pública de transferencia del dominio de las áreas de cesión antes del inicio de las ventas.

En suma, la nueva Ley de Vivienda y Hábitat amerita un estudio profundo que permita su adecuada reglamentación e implementación en aras del propósito fundamental de facilitar el acceso a la vivienda de más colombianos en condiciones dignas de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y sus poblaciones; y por otra parte, aportar mayor seguridad jurídica y certeza técnica al ordenamiento del territorio estimulando la inversión en este importante renglón de la economía nacional.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados

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