Redacción
La cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha mantenido durante más de una década, desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la actualidad, un sistema corrupto que ha servido para amañar decenas de concursos públicos por un importe total de más de 1.500 millones de euros.
A través de testaferros como el empresario Roberto Enrique Rincón, detenido en Estados Unidos en 2015 por blanqueo de capitales, este mecanismo ha permitido desviar cientos de millones de euros al pago de sobornos a altos cargos del régimen chavista, incluyendo a la familia del dictador Nicolás Maduro.
OKDIARIO ha tenido acceso a las pruebas que acreditan este mecanismo corrupto, por el cual la cúpula de PDVSA facilita, además, que China robe la tecnología de las grandes multinacionales norteamericanas y europeas que presentan ofertas en los concursos públicos de la petrolera. La acusación de que China constituye una amenaza para la economía norteamericana, ya que no tiene escrúpulos para robar su tecnología, ha sido precisamente uno de los argumentos de Donald Trump durante la actual campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos.
El esquema se ha repetido, sin apenas variaciones, desde 2009. PDVSA convoca un concurso para comprar maquinaria o equipos tecnológicos e invita a participar a una decena de grandes multinacionales de EEUU y Europa. Entre las aspirantes se cuelan también tres empresas tapadera, sin empleados ni capacidad propia de fabricación, controladas por un empresario aliado del régimen chavista: en unas ocasiones, Roberto Rincón.
Los testaferros Raúl Gorrín y Alex Saab
Más recientemente, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, han representado este papel de testaferro el presidente del canal Globovisión, Raúl Gorrín Belisario –que está citado a declarar como imputado la juez de la Audiencia Nacional María Tardón–, y el empresario colombiano Alex Saab, detenido el pasado mes de junio en Cabo Verde a instancias de la Justicia de EEUU y representado por el despacho de abogados de Baltasar Garzón.
Las grandes multinacionales presentan sus proyectos en el plazo estipulado del concurso. Con frecuencia, se trata de varios tomos que han requerido meses de preparación y que incluyen diseños técnicos, inventarios de componentes, presupuestos detallados y un programa de ejecución.
Sólo entonces, la central de compras de PDVSA, Bariven, amplía el plazo de presentación de ofertas, sin comunicarlo a los grupos aspirantes al contrato, tal como acreditan los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Este plazo adicional sirve para que la empresa tapadera aliada del régimen chavista pueda conocer el contenido de las restantes ofertas y presentar la suya, calcada de la que ha elaborado una de las grandes multinacionales.
Por decisión de la central de compras Bariven, sólo pasan a la siguiente fase del concurso las tres compañías tapadera controladas por el mismo testaferro. La Junta Directiva PDVSA revisa entonces al alza el precio de salida del concurso, hasta en un 60%, y lo adjudica a una de las empresas tapadera con el precio hinchado. Este margen servirá para que el testaferro se embolse su comisión y reparta sobornos millonarios a funcionarios de la petrolera y a altos cargos del régimen chavista.
Las corporaciones del Gobierno chino
La empresa a la que se ha adjudicado el concurso (en unos casos con sede en Venezuela, en otros radicada en Estados Unidos o España) carece de empleados y de capacidad de producción. Por ello subcontrata la fabricación de los equipos a corporaciones controladas por el Gobierno chino, basándose en los proyectos que habían diseñado los otros grupos aspirantes al concurso.
Este mecanismo corrupto se ha aplicado desde 2009 en más de 80 concursos convocados por PDVSA, en los que fueron invitados a participar grandes grupos norteamericanos y europeos como Siemens AG (11 licitaciones por un importe total de 245 millones de dólares), Superior Derrick Services LLC ( 21 licitaciones por 251 millones) o Solar Turbines Inc, (seis licitaciones, 297 millones).
La presencia a estas multinacionales sirve para dar una apariencia de legalidad y alta competitividad al concurso. En realidad, son invitadas para robarles sus diseños y ofertas, y para legitimar la adjudicación del concurso a la empresa aliada que destinará una parte del importe del contrato al pago de sobornos.
Los documentos que a continuación publica OKDIARIO muestran cómo se ha aplicado este esquema corrupto. A petición de su comité de operaciones de exploración, producción y gas, la Junta Directiva de PDVSA aprobó el 16 de junio de 2010 convocar un concurso para comprar 40 generadores portátiles de vapor para sus pozos de extracción de petróleo, por un precio de hasta 100 millones de dólares.
En su reunión del 12 de julio de 2010, el comité de contratación de su filial PDVSA Services BV, con sede en Holanda, dejó constancia de que 21 grupos habían sido invitados a participar en el concurso. En el acta de la reunión se hizo constar, con una anotación a mano, que el plazo para la presentación de ofertas se había ampliado hasta el 26 de julio, aunque esta decisión no fue comunicada al resto de competidores.
El acta está firmada, entre otros altos cargos de PDVSA, por el entonces presidente de la central de compras Bariven, Silvestre Molero, quien en 2011 fue ascendido a auditor interno de PDVSA y desde 2016 ocupa el cargo de comisario general de la petrolera, cuyo cometido es fiscalizar sus operaciones para detectar cualquier irregularidad o atisbo de corrupción.
Aunque entre los aspirantes al concurso se encontraban alguna de las mayores mutinacionales norteamericanas y europeas, sólo pasaron a la siguiente fase tres empresas: Tradequip Services & Marine Inc., ISS y Reliable Process & Instruments LL. Las tres, controladas por un mismo empresario, Roberto Enrique Rincón.
Un mes después de la presentación de las ofertas, la Junta Directiva de PDVSA aprobó el 26 de agosto de 2010 una modificación de las condiciones del concurso, mediante la cual amplió su presupuesto de 100 a 160 millones de dólares: un alza del 60%. Por último, el 19 de octubre de aquel mismo año, desde Holanda la filial PDVSA Services BV adjudicó el concurso a una de las tres empresas de Roberto Rincón, Reliable Process & Instruments LLC, por 159.454.355 dólares.
Aunque esta compañía con sede en Houston (EEUU) se había presentado al concurso como empresa «manufacturera», lo cierto es que carecía de empleados. Por ello subcontrató todo el proceso de fabricación de los 40 generadores de vapor a la corporación China National Petroleum Company (CNPC), utilizando los diseños realizados por una de las multinacionales norteamericanas que habían optado al concurso.
El sobrecoste de 60 millones de dólares aprobado por la Junta Directiva de PDVSA sirvió para que Roberto Rincón repartiera mordidas entre la cúpula chavista, además de embolsarse su propia comisión. Roberto Enrique Rincón fue detenido en 2015 en Estados Unidos. Está acusado de blanqueo de capitales y de participar en el saqueo de PDVSA por importe de más de 1.000 millones de dólares.
Su hijo, José Roberto Rincón, fue detenido en junio de 2018 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por orden de la juez María Tardón, acusado de blanqueo de los fondos procedentes de la corrupción de PDVSA. En un primero momento, la juez también ordenó el embargo de la finca La Losilla de Villarejo de Salvanés (Madrid), que su padre había comprado por 22 millones de euros.
Los documentos que hoy publica OKDIARIO ya están en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. No obstante, antes de que Tardón asumiera la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, consideró en una resolución dictada el 30 de septiembre de 2019 que estas evidencias no tenían «relevancia» para investigar el saqueo de PDVSA.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga los pagos millonarios que PDVSA realizó al hijo del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por trabajos ficticios de asesoramiento.
