A pocos días de cumplir su primer año como procuradora general de la Nación, Margarita Cabello asegura que luchar por los derechos de las mujeres ha sido uno de los pilares de su labor y defiende los polémicos 1208 cargos que se crearán en la entidad.
Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “consideró que el proceso disciplinario que se lleva en Colombia por la Procuraduría podía seguir haciéndose, pero que no podía un solo funcionario llevar la investigación y el juzgamiento, tema este de garantías procesales y de violación de imparcialidad distinto al de jurisdiccionalidad y al referente a un juez penal que sea el que sancione a funcionarios de elección popular”.
Y que en ese segundo tema es donde viene “la obligatoriedad de tener que crear los cargos, porque en cada departamento tenemos un solo procurador regional que hacía las dos funciones y, al pedirnos la Corte que sean separadas, implica tener dos funcionarios para esa función, y eso origina la creación de cargos”.
¿Cuáles fueron los mayores retos en su primer año en el cargo, siendo la primera mujer que lo ocupa en Colombia?
Lo que hemos hecho de importancia es el impulso al enfoque de género, la puesta en marcha de una misión preventiva licitatoria de la Procuraduría a través de un trabajo a nivel local, en las regiones, en donde lo preventivo es mucho más importante para nosotros que lo propio disciplinario.
También hay temas de medio ambiente y la lucha contra la impunidad, así como la modernización de la Procuraduría, con el proyecto BIT y la adaptación a nuevas tecnologías.
¿Qué acciones está realizando ya la Procuraduría General para garantizar unas elecciones transparentes y seguras?
Como Procuradora, consideré que era quien debía liderar la vigilancia electoral, y por eso estoy presidiendo la Comisión. Se diseñó una nueva arquitectura institucional para la vigilancia, la prevención, la intervención y, cuando sea necesario, la investigación y la sanción, por las actuaciones indebidas en el proceso electoral. Desde marzo creamos el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral y la Comisión Nacional de Control Electoral, que tiene un brazo operativo, que es la Unidad de Vigilancia Electoral, de la que hace parte un equipo de trabajo juvenil.
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¿Qué balance hace del funcionamiento del Código Disciplinario, que no ha estado exento de polémica?
Se han sacado adelante 75 mil actuaciones disciplinarias, más las que se radicaron en 2021 con el riesgo de prescripción de más de 12000 de esos procesos. Podríamos decir que es el Código Disciplinario más garantista que ha tenido el país y era necesario elaborarlo, porque la Ley 1952, que era la que regía tenía problemas de estructuración que hubieran originado la prescripción de más de 10.000 procesos, y eso era un problema muy grave para el país, la impunidad.
Con esta normatividad también se dio cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana…
Sí, la Corte ordenó que las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular solo las podía hacer un juez, mediante el proceso penal… que el Estado era responsable por no llevar un proceso garantista o un proceso disciplinario con las garantías de imparcialidad que se requerían en el caso específico del alcalde, en ese momento, Gustavo Petro. Consideró que el proceso disciplinario que se lleva en Colombia por la Procuraduría podía seguir haciéndose, pero que no podía un solo funcionario llevar la investigación y el juzgamiento, tema este de garantías procesales y de violación de imparcialidad distinto al de jurisdiccionalidad y al referente a un juez penal que sea el que sancione a funcionarios de elección popular.
En ese segundo tema es donde viene la necesidad de separar funciones, la obligatoriedad de tener que crear los cargos, porque en cada departamento tenemos un solo procurador regional que hacía las dos funciones y, al pedirnos la Corte que sean separadas, implica tener dos funcionarios para esa función, y eso es lo que origina la creación de cargos.
Pero la Corte asegura que la reforma sigue permitiendo que un órgano distinto a un juez, en proceso penal, imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos…
El tema del juez penal es mucho más complejo y controversial. La Procuraduría y el Estado, en cabeza del Congreso, consideró que el que fuera un juez penal el único que llevara las investigaciones e impusiera las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular es muy preocupante, y nosotros consideramos que no se debe entender en el sentido literal. Esto será objeto de conversaciones con la Corte Interamericana en todo el proceso de intercambio, porque lo que la Corte está dando es un informe.
Nosotros tenemos que explicarles que es un tema que afecta la institucionalidad y la estructura orgánica disciplinaria que el Constituyente del 91 estableció, pues consideró que la Procuraduría General fuera la encargada de investigar la corrupción de funcionarios de elección popular y la entidad competente para imponer la sanción de inhabilidad y destitución… Es un tema que ya tiene en estudio la Corte Constitucional. Hay diferencia de criterios entre lo que está diciendo la Corte Interamericana y la estructura propia institucional de nuestro país.
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Hay quienes dicen que los cargos que se van a crear se podrían repartir entre los seguidores de algunos candidatos. ¿Cómo va a garantizar que eso no ocurra?
En primer lugar, hay una desinformación lamentable, están confundiendo la discusión del juez penal con los cargos. Insisto: no tiene nada qué ver el que los funcionarios de elección popular sean sancionados penalmente por un juez y que no tengan derecho a las normas de carácter disciplinario… Ahora bien, los cargos fueron creados por unas facultades extraordinarias entregadas por la Ley 2094 por seis meses y Función Pública, se encargó de estudiar la necesidad de los cargos. En diciembre le entregó al Presidente de la República y se consideró que, de acuerdo con la nueva estructura de la Procuraduría, surge la necesidad de separar los cargos de investigación y de juzgamiento y por eso se necesitan 1208 cargos. Como las facultades extraordinarias era solo por seis meses, había que firmar el Decreto, que vencía el 28 de diciembre.
Los nombramientos de esos cargos, por temas económicos y de presupuesto, el mismo Decreto dice que no hay adición presupuestal, hacen que la Procuraduría deba organizar su presupuesto para poder cumplir con esa ley. Entonces, mientras miramos cómo podemos comenzar paulatinamente esos nombramientos, mínimo tendrán que pasar cuatro o cinco meses. Es decir, cuando tengamos organizado qué grupo pequeño de esos cargos se podrá proveer, ya habrá pasado el proceso electoral.
«Lo que la Procuraduría ha hecho es interpretar de manera evolutiva el concepto de la Corte Interamericana. Tenemos que explicarle cómo es nuestra estructura interna y cómo afectaría esa decisión».
Tras los hechos de violencia sucedidos la semana pasada en Arauca, ¿cómo ve el orden público en la frontera?, ¿se le está saliendo de control la situación a las autoridades colombianas?
El 2 de enero, apenas nos enteramos por información también de la gente que tenemos en regiones, de lo que se estaba presentando en Arauca, enviamos gente y trabajamos con nuestro equipo para aportar nuestra misionalidad preventiva y de Derechos Humanos a esta situación.
La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de más de 2219 kilómetros y colinda con Guajira, César, Norte Santander, Arauca, Vichada y Guainía, y esa amplia extensión, de difícil acceso, dificulta un control de fronterizo estricto para cualquier Estado. Adicionalmente, esta zona del país ha sido golpeada por la violencia desde hace mucho rato, hay presencia de organizaciones insurgentes y de grupos armados organizados que se están disputando el territorio para sus negocios criminales. Eso lo sabemos, y en Arauca el paso de los grupos insurgentes de un lado al otro de la frontera ha generado realmente disputas en el territorio.
¿Pero se va a seguir desarrollando una labor de acompañamiento en la zona por parte de la Procuraduría General?
Apenas tuvimos conocimiento de los hechos requerimos a las Fuerzas Militares y a las autoridades departamentales y municipales para, en el marco de sus competencias, caracterizar a las víctimas y garantizar los derechos de la población. La Procuraduría se encuentra ahora mismo en el departamento y nuestra delegada penal está acompañando el trabajo con Medicina Legal y la Fiscalía. Un equipo de Derechos Humanos está desarrollando espacios de diálogo con la población civil y escuchándolos, porque a muchos de ellos les da miedo contar lo que está ocurriendo. La Procuraduría es una institución en la que ellos sienten confianza y cuentan lo que está sucediendo y estamos apoyando la gestión de las personerías municipales para la garantía de los derechos fundamentales, entonces ahí estamos. Ahora estamos trabajando para prevenir el desplazamiento, porque eso es lo que viene.
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«La Procuraduría se encuentra ahora mismo en Arauca y nuestra delegada penal está acompañando el trabajo con Medicina Legal»
Otros frentes de trabajo
“Como primera mujer Procuradora, quise consolidar los equipos directivos compuestos por mujeres. La mayoría son mujeres y el resultado inmediato fue la consolidación de lo que llamamos la estrategia Pro mujeres, para priorizar la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres desde las diferentes delegaciones y misionalidades”.
“También hemos hecho un trabajo muy fuerte por las víctimas del conflicto armado de Colombia”.