¿Podría reconstruir cómo fue este viacrucis de Electricaribe? ¿Cómo llegamos hasta acá?
Antes existía el sistema Corelca, que tenía las electrificadoras subsidiarias, y entonces se dio el proceso de privatización, mediante el cual se crearon dos empresas, que fueron Electricaribe y Electrocosta. Estuvieron al principio en manos de una empresa que se llamaba Electricidad de Caracas, que posteriormente se las vendió a Fenosa, empresa española que después se convirtió en Gas Natural Fenosa, lo que hoy es Naturgy. Posteriormente fusionaron a Electricaribe con Electrocosta, en el año 2007. El mercado se repartió entre CaribeSol y CaribeMar. La semana pasada arrancaron los dos nuevos operadores, Air-e y Afinia, manejados por EPM y el Consorcio Energía de la Costa.
A este punto de los acontecimientos, ¿tenemos que despedir a Electricaribe con bombos y platillos?
Yo sí creo. Cuando se dio el proceso inicial yo advertí que íbamos a pasar de las llamas a las brasas, como en efecto sucedió, con el pésimo servicio que prestaba Electricaribe, que se convirtió en una verdadera calamidad para sus usuarios. Este relevo significa dejar atrás esa pesadilla y esperamos que con estas dos empresas, que tienen la idoneidad, experiencia y que demostraron en el proceso de convocatoria que tienen el músculo financiero para acometer las inversiones necesarias para mejorar el servicio, este, efectivamente, se mejore y cumpla con la ley.
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Precisamente la ley dice que este es un servicio esencial y que se debe prestar con eficiencia, con calidad y con continuidad…
Electricaribe no cumplió con ninguna de esas condiciones. Esperamos que estos dos sí las cumplan.
¿De quién puede uno decir que fue la responsabilidad de esta catástrofe? ¿Fue de los españoles, que asumieron finalmente el manejo de esa compañía?
Precisamente como ministro, yo llegué retado porque apenas 15 días antes de que me designaran, yo había publicado una columna que titulé ‘Una alerta temprana’. Veía venir una asonada regional, por el pésimo servicio que se estaba prestando…
Pero vayamos hasta antes de la privatización…
Antes de la privatización, indudablemente, el servicio tampoco era bueno. Y, en efecto, las empresas que prestaban el servicio, que eran las electrificadoras subsidiarias de Corelca, tenían muy serias deficiencias y se habían clientelizado. Permanentemente había que inyectarle más y más recursos, sin que se viera un mejoramiento de la calidad.(Le puede interesar: Inversión y buen servicio, pedido de alcaldes a operadores de energía).
Eso cuando todavía era pública…
Correcto. Y luego, cuando viene el proceso de privatización, encargamos un estudio que nos dijera qué había llevado a que el servicio fuera de tan mala calidad. Conclusión, durante 10 años que llevaban controlando la empresa, los españoles no habían hecho las inversiones que han debido hacer. Y esto, lógicamente, llevó a que se fueran deteriorando las redes con una gran obsolescencia, las subestaciones igual, y además muy poco mantenimiento, en una región en donde hay una alta salinidad, que exige un mayor esfuerzo que en el resto del país.
¿Qué responsabilidad le cabe a Gas Natural Fenosa por no haber capitalizado en todos estos años? La salinidad de la Costa no es noticia nueva; pero, además, se creó un círculo vicioso, porque el servicio era muy malo y la gente no pagaba. Y entonces Electricaribe racionaba el servicio…
Aparte de la falta de voluntad y de decisión de la empresa, también había un tema regulatorio. En un comienzo, la resolución 097 del 2008 ordenaba que los operadores de red tendrían un ciclo tarifario de cinco años, luego de los cuales la Creg revisaría las tarifas para cada una de las empresas. El criterio era que se calculaba la tarifa que se le iba a reconocer al operador sobre la base de lo que llamaban el costo medio histórico. Entonces, qué sucedía: que si yo sé que a mí me van a reconocer las inversiones que haga para fijarme las tarifas, dentro de cinco años, pues yo paso cuatro años sin hacer ninguna inversión, y las hago cuando ya llegue al quinto año, para que las reconozcan.
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Un incentivo absolutamente perverso…
Y por eso una de las decisiones que yo tomé fue modificar esa resolución, con tan mala suerte que, posteriormente, a poco de haber salido yo del ministerio, quien me reemplazó la derogó.
Eso fue gobierno Santos… ¿Quién fue su sucesor?
Tomás González. Cuando saqué la nueva resolución, se me fueron los de la Creg a mi despacho a reprocharme, porque, según ellos, ha debido expedirla la Creg y no el ministerio. Dije que si ellos la expedían, yo estaba dispuesto a derogarla. Nunca la expidieron. Y quien en ese momento era el presidente de la Creg fue al que nombró Tomás González como viceministro de Energía, Carlos Erazo. Diría yo, casi por revanchismo, derogaron mi resolución, que establecía precisamente esa modalidad para encontrarle salida a Electricaribe. Consiste en que a medida que ellos van haciendo las inversiones, se las van reconociendo en la tarifa. Eso da una señal distinta, en lugar de esperar hasta la víspera del vencimiento del ciclo tarifario para hacer esas inversiones.(Lea también: Aire y Afinia ya manejan el servicio de energía en la costa).
Con la opción de las dos empresas nuevas, ¿va a haber inevitablemente alza de tarifas?
Claro que va a haber. En el componente de distribución y también en el componente de comercialización, a partir de enero del año entrante. No puede ser este año, porque según el decreto del Gobierno al amparo de la emergencia económica están congeladas las tarifas.
Hablamos de siete departamentos, de 2,6 millones de usuarios y del
25 % de la demanda nacional de energía…
Sí, claro. Con el propósito de que no sea un alza desmesurada y que vaya a afectar mayormente a los usuarios, pueden acogerse a una norma llamada opción tarifaria que permite diferir a cuatro años, de tal manera que esto mitiga el impacto que puede tener en el bolsillo de los usuarios.
Electricaribe se convirtió en la empresa más abominada y abominable de la región, con un problema reputacional total. Pero ¿dónde están los responsables?
El comportamiento de las entidades públicas deja mucho que desear porque no predicaban con el ejemplo. Muchas entidades, hospitales, centros de salud, escuelas, entidades públicas en general no pagaban las facturas. Al 2016, el monto de la deuda oficial era de 203.512 millones de pesos, siendo los municipios los que tenían la mayor proporción. De 203.512 millones, 174.546 corresponden a los municipios. Y, lógicamente, cuando llegaba un alcalde o un gobernador, lo que decían muchos era que si llegaban a un acuerdo con la empresa, era para responder por el consumo en su cuatrienio, pero no respondían por las administraciones anteriores, como si el problema no fuera institucional.
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¿Es verdad que grandes consumidores, como algunos industriales, generaron a través de negocios bilaterales compras de energía por fuera de Electricaribe, y a esta le quedó el hueso del mercado?
Efectivamente, en la medida en que los empresarios no veían que se prestaba un buen servicio y no se les garantizaba la continuidad y la calidad, optaron por comprarle a comercializadores. Más del 52 % de los no regulados –que son los no domiciliarios– se le fueron, y así se descremó el mercado.
A través del Plan de Desarrollo 2018-2022 se diseñó un plan de salvamento en el que todo el país iba a colaborar en los pasivos de Electricaribe. El Estado asumió el pasivo pensional por más de 1,5 billones. Entonces, los nuevos operadores arrancan en autopista… ¿Imposible que no puedan?
Bueno, lo que pasa es que el Plan de Desarrollo abrió una especie de salvavidas para Electricaribe ya intervenida, y ya se había tomado la decisión de no solamente intervenirla, sino liquidarla y buscar un nuevo operador, y para que eso fuera factible, el Estado se dio la pela. ¿En qué sentido? Asumió el pasivo pensional y, adicionalmente, quedó establecido, textualmente, que “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas por Electricaribe”.
¿A Gas Natural Fenosa no le queda ninguna responsabilidad pecuniaria?
Hay de por medio una querella. Gas Natural Fenosa planteó una controversia a raíz de la intervención, alegando que a ellos se les había expropiado, y, basándose en el acuerdo entre Colombia y España de protección a la inversión, acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por un monto 1.400 millones de dólares. Eso está ahí, como una especie de espada de Damocles, porque no se sabe en qué momento se puede fallar.
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Pero a su vez la Agencia de Defensa Jurídica del Estado presentó una contrademanda contra Gas Natural Fenosa…
Eso está allí, latente, a la espera de una decisión, de un laudo por parte de este Centro de Arreglo de Diferencias. Pero además de asumir el pasivo pensional y cualquier otro pasivo, por parte del Gobierno se le inyectaron aproximadamente unos 5,4 billones de pesos, a través del fondo empresarial que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos, porque una de las cosas que precipitaron la intervención es que llegó un momento en que Electricaribe no tenía con qué pagar la energía que les compraba a los generadores…
Y, por eso, racionaba y cortaba la energía…
Claro. A los usuarios los sometían a una limitación de suministro que no es otra cosa que un racionamiento programado. Si sumamos los racionamientos programados a los no programados, pues eso era una cosa calamitosa. Entonces, buena parte de estos recursos se utilizaron para que Electricaribe tuviera con qué pagar la energía. Y de esos 5,4 billones, se invirtieron 860.000 millones básicamente en intervenir circuitos, transformadores. Por eso digo que lo que se hizo con la intervención fue sacar a Electricaribe de la unidad de cuidados intensivos para que entrara a la unidad de cuidados intermedios.
(Vea: Así son los últimos días de Electricaribe: el fin de una pesadilla).
Se calcula que las dos empresas nuevas, Caribe Mar con EPM y Caribe Sol con el Consorcio de Energía de la Costa, tendrán que invertir alrededor de 10 billones de pesos en los próximos 10 años. ¿Cree que lo pueden hacer?
No solamente creo que lo van a hacer, sino que están comprometidos a realizarlo, para que no se repita la historia de los españoles. Si hacen las inversiones, el Estado puede hacerles efectivas las garantías.
Y, finalmente, ¿qué sentido tenía dividir el mercado en dos? Caribe Mar, que manejará Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, y Caribe Sol, que manejará Atlántico, Magdalena y La Guajira?
La Financiera de Desarrollo Nacional, que fue a la que la Superintendencia contrató para establecer la hoja de ruta para las subastas en la búsqueda de nuevos operadores, fue la que recomendó segmentar el mercado. Nunca dieron una explicación técnica, financiera u operativa. Estamos ante un hecho cumplido.
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¿Está optimista o pesimista con esta despedida a Electricaribe?
Muy optimista, en la medida en que son dos operadores con una amplia experiencia, con músculo financiero que garantiza inversiones. Y, además, porque después de salir de Electricaribe nadie puede hacerlo peor.
MARÍA ISABEL RUEDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO